EL PAíS › UNA MEDIDA REABRE EL CONFLICTO ENTRE EL ESTADO Y LAS TRABAJADORAS SEXUALES

Con la oferta de sexo a otra parte

La medida del gobierno porteño que prohíbe la oferta y demanda de sexo en el Rosedal y “su entorno” reinstaló el debate sobre la existencia de zonas rojas y su autorización. El macrismo apoya la decisión y podría proponer su extensión a amplios sectores de la ciudad.

 Por Pedro Lipcovich

El conflicto relacionado con la presencia de trabajadores/as sexuales en la vía pública, que parecía apaciguado en la ciudad de Buenos Aires, se reinstaló súbitamente a partir de una resolución de Javier García Elorrio, subsecretario de Areas Protegidas porteño, que declaró “el Rosedal de Palermo y su entorno” –donde, en horas de la noche, se registra en especial la actividad de travestis– como “espacio no autorizado para la oferta o demanda de servicios sexuales”. En realidad, según García Elorrio, “el problema no son tanto las travestis como los miles de usuarios” del servicio brindado por ellas, “que devastan, rompen, hacen sus necesidades, tiran sus autos encima de ese pedacito... de Palermo”. Lo que no sabe decir el funcionario es adónde irían esos “usuarios” a expresar sus necesidades: “Tendríamos que sentarnos a ver”. La medida se basó en un reclamo formulado hace más de un año por Alicia Pierini, defensora del Pueblo de la ciudad, quien, a través de una argumentación principalmente histórica, observó que, ya en el Buenos Aires de antaño, ese paraje era “motivo de comentarios, tanto de nativos como de extranjeros”; hoy “es un área de protección histórica y estamos cerca del bicentenario” de la Patria. La defensora admitió que el tema no es, “para nada”, motivo habitual de denuncias de vecinos. Por su parte, el jefe de Gobierno, Jorge Telerman, dice que se enteró del tema “por la prensa” y convocó a su ministro de Medio Ambiente y a García Elorrio para que, el lunes, informen sobre la medida adoptada. La fiscal de la zona estudiará la norma para ver “si se ajusta o no a derecho”; mientras tanto, “la policía no tiene orden” de aplicar la resolución.

“Declárase al Rosedal de Palermo y su entorno, delimitado por avenidas Del Libertador, Dorrego, Figueroa Alcorta y Sarmiento, ámbito que forma parte del Area de Protección Histórica Parque Tres de Febrero, como espacio público no autorizado para la oferta o demanda ostensible de servicios sexuales”, dice la Resolución Nº 38 del subsecretario de Areas Protegidas de la ciudad de Buenos Aires, Javier García Elorrio. (En rigor, la denominada Rosaleda, en el centro de esa zona, está cercada desde 1995 y se cierra al anochecer.) La medida “no tuvo ninguna intencionalidad política –según García Elorrio– y se basó en un requerimiento de la ombudsman, Alicia Pierini”.

“Algo de eso hay –reconoció Pierini ante la consulta de este diario–: el año pasado enviamos una recomendación de protección del Rosedal y Palermo, en tanto áreas de protección histórica. Esa zona fue el lugar donde se hizo la Exposición del Centenario, y ahora estamos con la proximidad del Bicentenario –argumentó–. Mantenemos nuestra idea, también histórica, de que la prostitución no debe ser reprimida, pero esa zona no viene siendo cuidada.”

–¿En qué sentido la oferta de sexo afectaría la protección histórica de la zona? –preguntó Página/12.

–Hay que pensar en todo lo que quedaba después de cada noche: los residuos y desechos que hacían intransitable el parque por la mañana. Las chicas que trabajan en la prostitución deberían estar en lugares que no sean áreas de protección histórica.

–Pero, por tomar un ejemplo y ya que estamos en vacaciones de invierno, los chicos también ensucian, tiran chicles masticados, a veces vomitan... y eso se limpia.

–Son cosas respecto de las que no entro en polémica.

La presentación de la Defensoría toma fuentes como el libro El Buenos Aires de antaño, de Luis Cánepa, que se remonta a 1838, cuando, ahí donde hoy se alborotan los usuarios, la finca de Juan Manuel de Rosas era “motivo de admiración y de comentarios tanto de nativos como extranjeros”. Además, “hubo una denuncia de una vecina por exhibiciones molestas y objetos que se encuentran por la mañana”, destacó Pierini.

–¿Se trata de un reclamo vecinal permanente, reiterado?

–No, para nada –contestó la defensora del Pueblo porteña, y comentó: “Me ha sorprendido que, un año más tarde, hayan resucitado esa presentación mía, en la que nunca insistí”.

¿Por qué la presentación habrá sido resucitada? Según García Elorrio, “hemos cumplido, aunque tarde, con el pedido de la defensora: tardamos porque el año pasado, cuando se reformó la organización de la ciudad, nadie sabía a qué área correspondía cada cosa. Pero no hubo ninguna intencionalidad política, sólo fue un expediente como otros”.

García Elorrio destacó que “todas las mañanas hay que limpiar centenares de preservativos”, y aclaró que “el problema no son tanto las travestis, las trabajadoras sexuales, sino las 3000 personas que pasan todas las noches por ese pedacito de Palermo, devastan, rompen, hacen sus necesidades, tiran los autos encima, vandalizan; hay que reconstruir el parque todas las mañanas”.

–¿Y a dónde irían esos miles de usuarios?

–Habrá en la ciudad zonas que cumplan el marco legal dentro del que esta actividad se pueda realizar.

–¿Cuáles serían?

–Tendríamos que sentarnos a ver. No es fácil decir dónde ponemos 3000 personas todas las noches.

–¿Usted consultó a otras autoridades antes de dictar la resolución?

–No. El señor jefe de Gobierno confía en sus funcionarios, en eso se basa la acción de gobierno.

–Y, supongamos, en caso de que el próximo jefe de Gobierno le ofreciera continuar en el cargo, ¿usted aceptaría?

–No me he detenido a pensar en ese asunto. Sinceramente no sabría qué contestarle.

Según una fuente del gobierno porteño, Telerman “se enteró del tema por la prensa y citó para el lunes a Javier García Elorrio y a Juan Manuel Velasco (ministro de Medio Ambiente de la ciudad, de quien depende el subsecretario que adoptó la medida) para que informen sobre la medida adoptada”.

La resolución, para tener efectos prácticos, debería ser aplicada por la fiscalía correspondiente, que en su caso ordenaría la intervención de la policía. Según una fuente de la Fiscalía General de la Justicia porteña, “Daniela Silvia Dupuy, cotitular de la Fiscalía Nº 7, a la que corresponde esa zona, está estudiando el asunto”. La fiscal debe decidir “si la resolución se ajusta a derecho con una ley que tiene entidad, consenso y jerarquía jurídica mayor” y, “en caso de ser así, si corresponde que sea dictada por un subsecretario o bien por un funcionario de mayor nivel”.

Según la fuente de la fiscalía, “no es probable que la fiscal se expida durante el fin de semana”. Entretanto, “no hay ninguna indicación a la policía para que actúe en forma distinta que hasta ahora”.

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La resolución considera al Rosedal y su entorno como una zona no autorizada para la oferta de sexo.
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