El futuro director gerente del Fondo Monetario, Dominique Strauss-Kahn, le manifestó ayer al ministro de Economía, Miguel Peirano, estar dispuesto a “colaborar” para que la Argentina pueda renegociar su deuda con el Club de París, “atendiendo la postura del Gobierno de no someterse a auditorías o condicionalidades del FMI para alcanzar un acuerdo”, según informaron fuentes de Economía que participan de la Asamblea Anual del organismo en Washington. De este modo queda abierta la posibilidad para buscar una solución alternativa que permita contar con la aprobación de la entidad sin tener que firmar uno de los tradicionales planes de “ajuste y estabilización”.

El acuerdo con el Fondo es puesto como condición indispensable por el Club de París antes de aceptar una refinanciación. Peirano también le reclamó al sucesor de Rodrigo Rato, quien asumirá el próximo 3 de noviembre, que el Fondo modifique su política hacia los países en desarrollo, en particular los criterios de evaluación para el acceso a los créditos que otorga el organismo.

La reunión se extendió durante casi una hora y también contó con la presencia del titular del Banco Central, Martín Redrado; el jefe de gabinete de Economía, Javier Alvaredo; y el director del Departamento Hemisferio Sur del FMI, Anoop Singh. El Gobierno centró sus mayores expectativas en este encuentro, pues la relación con las autoridades salientes está muy desgastada luego de los reiterados enfrentamientos con Rato. Además, tampoco es bueno el vínculo con la burocracia estable del organismo.

En la actualidad, el pedido más urgente que se le formula al Fondo es que habilite la negociación con el Club de París porque la reestructuración de esa deuda les permitiría a las empresas extranjeras incrementar sus inversiones en el país. Ahora pueden invertir, pero les resulta muy costoso conseguir financiamiento en sus países de origen para grandes proyectos, requisito indispensable en algunas obras de infraestructura que son claves para apuntalar el desarrollo, como las centrales eléctricas y los ferrocarriles. Una opción que tienen las compañías para abaratar el costo de los créditos es gestionar un seguro, pero las principales aseguradoras europeas no respaldan préstamos destinados a invertir en países que están en cesación de pagos con el Club de París. Incluso el Banco Mundial aseguró que podrá prestar más recursos cuando se resuelva esa negociación.

El Gobierno elevó una propuesta a comienzos de año donde ofreció pagar los 6300 millones de dólares adeudados en un plazo de 10 años y con una tasa de interés equivalente a Libo más un punto, pero luego la discusión se empantanó por no tener un acuerdo vigente con el Fondo. El Club de París está integrado por 19 países, entre los que se encuentran las principales potencias europeas. Los máximos acreedores son Alemania (2113 millones), Japón (1414 millones) y España (629 millones).

Si bien ayer no se esperaba ningún anuncio rutilante, las palabras de Strauss-Kahn fueron interpretadas por la delegación oficial como un “guiño” favorable que podría habilitar un entendimiento para destrabar la negociación con los europeos. Cuando estuvo en la Argentina, lo único que había manifestado públicamente sobre el tema el entonces candidato era que “las reglas no permiten evitar al FMI”.

Estados Unidos, principal accionista del Fondo, ya había manifestado su voluntad para encontrar una salida que conforme a ambas partes cuando la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, se reunió con el canciller Jorge Taiana, a fines de septiembre. La clave de esa flexibilización podría pasar por favorecer un “entendimiento” que tome la forma de un informe “ampliado” del artículo IV antes que el de un “programa formal”. El artículo IV del Estatuto del Fondo establece que todos los años se debe evaluar la marcha macroeconómica de los países miembro, aunque no tengan vigente un acuerdo con el organismo. Este es el caso de la Argentina desde que, en enero de 2006, el gobierno de Kirchner canceló la totalidad de su deuda.

Otra alternativa sería acordar un programa con metas a 4 o 5 años para acceder a una nueva línea de crédito llamada RAL (Reserve Augmentation Line), aunque sus características aún se encuentran en discusión en el Fondo y no parece que ese debate se vaya a saldar rápidamente. Su puesta en marcha, impulsada por Strauss-Kahn, ofrece resistencia en el staff del organismo, ya que podría permitirles a países emergentes acceder a recursos sin demasiadas condicionalidades previas.

Fuentes de Economía indicaron ayer que los funcionarios argentinos le manifestaron a Strauss-Kahn su deseo de que “la evaluación para el acceso a la nueva línea se fundamente en condiciones objetivas basadas en ratios específicos de desempeño de la economía que reflejen su sustentabilidad, antes que en precondiciones que supongan conceptos subjetivos de valoración”. Se planteó el rechazo a la aplicación de “recetas únicas que no contemplan las particularidades de las economías de los diferentes países”.

También Brasil se manifestó a favor de aprovechar la actual coyuntura económica favorable para crear una línea de crédito de prevención de crisis que le permita al Fondo redefinir “su identidad”. “Esta es la oportunidad para crear una línea de crédito de emergencia que no tenga los mismos condicionamientos que las líneas anteriores”, sostuvo el ministro brasileño de Hacienda, Guido Mantega.

“Llegó el momento de construir algo nuevo y diferente”, aseguró Strauss–Kahn ante los funcionarios argentinos en Washington, reafirmando el discurso que formuló en Buenos Aires cuando llegó para promocionarse en medio de su campaña proselitista global. El ex ministro de Economía francés planteó la necesidad de que el Fondo incorpore la consideración de temas sociales en su agenda y tome en cuenta las necesidades de los países emergentes. El Gobierno le volvió a transmitir la expectativa que genera su asunción, pero igual tomaron con cautela las promesas. “Hay conciencia de las limitaciones y rigideces que presenta este organismo bajo su diseño actual”, destacaron fuentes de Economía.

Las decisiones trascendentales que se toman en el FMI no suelen depender del director gerente sino de los principales accionistas: Estados Unidos, Europa y Japón. Además, Strauss-Kahn no fue elegido por un movimiento tercermundista sino por esos accionistas. El sábado ya se comenzaron a ver los límites que tendrá la reforma. Los países centrales aceptaron aumentar el poder de voto de las naciones en vías de desarrollo. El Comité Monetario y Financiero, controlado por Estados Unidos, propuso incrementar “en el orden del 10 por ciento” las cuotas que corresponden a los países periféricos. Es un avance significativo con relación a la suba de 2 por ciento de incremento que se proponía hasta ahora, pero no alcanza para condicionar las decisiones de quienes dominan el organismo.

La desigualdad entre los países centrales y los periféricos al interior del FMI es notable. El Directorio Ejecutivo que toma las decisiones tiene 24 plazas. Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Arabia Saudita tienen un representante cada uno, mientras que los otros 176 países que integran la organización se reparten las 16 plazas restantes. La desigualdad es mayor aún al momento de votar porque los votos de los directores son proporcionales a las cuotas de los países que representan. Apenas cinco países tienen el 39 por ciento de los votos: Estados Unidos concentra el 17,08 por ciento de los votos, Japón el 6,13 por ciento, Alemania el 5,99 por ciento, Francia el 4,95 y el Reino Unido el 4,95 por ciento.

La propuesta formulada el sábado por las potencias centrales no incluyó el sistema de doble mayoría que reclaman los países del G-24. Estas naciones sostienen que las decisiones importantes del Fondo se deben aprobar en una primera votación donde se tomen en cuenta las cuotas de cada país y luego en una segunda instancia donde cada país tenga sólo un voto, lo que en la práctica les permitiría a las naciones de ingresos medios y bajos ponerles condiciones a las potencias.