“¿A que no saben quién firmó la Convención contra el Soborno Trasnacional?”, preguntó, socarrón, un juez a un grupo de colegas. “Fueron el ex senador José Genoud y el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto”, se sonrió, sin que hiciera falta aclarar que son dos personajes centrales de las coimas en el Senado. Y no era una broma ni un colmo de los colmos. Era totalmente cierto. Sus Señorías compartieron la anécdota ayer a la mañana, minutos antes de entrar –silbando bajito– a una sala de reuniones de la Cancillería donde los esperaba una misión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que vino a controlar por primera vez, precisamente, si la Argentina cumple con la aplicación de ese tratado contra el soborno internacional que se suscribió hace siete años.

Entre los funcionarios judiciales elegidos por la propia OCDE para enfrentar el espinoso ping pong de preguntas y respuestas estaban (no casualmente) el juez del caso Skanska, Javier López Biscayart, y el de la causa de los sobornos del Senado, Daniel Rafecas. También asistieron el juez federal Julián Ercolini, el titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, dos funcionarios de la Oficina Anticorrupción (OA) y dos fiscales.

La OCDE es un influyente organismo en asuntos de negocios internacionales. Tiene treinta países adherentes, interesados –se supone– en “maximizar su crecimiento económico y coadyuvar a su desarrollo”, dice la página web. Es, bajo ese concepto, el encargado de controlar el cumplimiento de la Convención contra el Soborno Trasnacional. Argentina tuvo que cumplir con dos pasos desde que firmó el tratado aquel año memorable de la Ley de Reforma Laboral. Primero, debió incorporarlo al Código Penal, algo que ya hizo al agregar el articulo 258 bis que castiga expresamente a los empresarios locales que sobornen a funcionarios extranjeros. Segundo, y es lo que está ocurriendo esta semana, dejarse evaluar en un “grupo de trabajo” por representantes de otros países miembros, en esta ocasión Brasil y España.

Los expertos internacionales se mostraron bien informados y llenos de datos sobre la Justicia argentina como, por ejemplo, que los juicios de corrupción llegan a durar 14 años. En base a eso, no se privaron de preguntar nada: si hay presiones políticas para investigar, por qué las causas duran tanto tiempo, cómo se eligen los jueces, si los recursos alcanzan, y mucho más. El objetivo no era hablar de casos concretos, pero fue inevitable. Uno de los delegados de OCDE preguntó por Skanska y se quejó porque Suecia no investiga a los empresarios de su país que pudieron intervenir en el pago de sobornos a funcionarios argentinos. Explicó que en este caso Suecia debería aplicar la Convención, no necesariamente Argentina, más aún teniendo en cuenta que la empresa sueca reconoció el pago de “comisiones indebidas” en la obra de dos gasoductos.

López Biscayart, cuentan testigos del evento, no quiso explayarse sobre una causa que todavía tiene en pleno trámite, pero avanzó en comentarios sobre otros asuntos. Criticó, por ejemplo, el sistema de jueces subrogantes (los suplentes que actúan en juzgados vacantes), que son cerca de 200, y a su entender carecen de garantías y ven condicionada su independencia. Detrás de él, los otros jueces y fiscales aprovecharon para hacer catarsis. Rafecas dijo que las demoras son producto de un sistema procesal que permite a las partes dilatar los expedientes y que prácticamente repite la investigación en la etapa de instrucción y el juicio oral. Ercolini cuestionó la reforma que redujo el Consejo de la Magistratura por haber eliminado a las segundas minorías. Sus colegas se sumaron. También se quejaron a coro de la falta de recursos para investigar delitos económicos. Garrido dijo que suele toparse con la reticencia de la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) cada vez que les pide información.

En Argentina no hay demasiada práctica en investigación de casos de soborno trasnacional propiamente dicho (empresarios locales que sobornen a funcionarios foráneos). Es más abundante la experiencia inversa (funcionarios argentinos sobornados) en la que los expertos de OCDE se mostraron igualmente interesados. Se habló, por ejemplo, de las dificultades de cooperación en casos históricos como el de las coimas de IBM-Banco Nación.