La presidente CFK y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Maurizio Macri, se instalaron sin dificultad como líderes de dos modelos de conducción política y económico-social mientras la jefa de la Coalición Cívica Libertadora, liberada como está del principio de no contradicción y de cualquier responsabilidad institucional, se acomodó al juego que mejor conoce: el de la frase alegre y el ingenio mordaz. Entre los tres conforman un elenco político resultado de un apreciable proceso de renovación. Baste recordar que el primer día de este siglo CFK y Elisa Carrió eran dos legisladoras que recién comenzaban a diferenciarse de la manada a fuerza de inteligencia e ímpetu y Macri un hombre de negocios con el Estado que aún no había resuelto probar suerte del otro lado del mostrador. Cristina y Lilita debieron enfrentar la desconfianza y el desdén de sus respectivos partidos y lo hicieron con llamativa capacidad y firmeza.

La CCL sólo ha ganado el Poder Ejecutivo en Tierra del Fuego. Su gobernadora Fabiana Ríos mantiene con el gobierno nacional una relación mucho más apacible de lo que desearía Carrió. En parte porque el déficit provincial requiere de transfusiones nacionales para llegar a fin de mes, pero también porque Ríos pertenece al ARI y no al conglomerado libertador de los Anchorena, Bullrich, Conte Grand, Del Sel, Prat Gay, Estenssoro y Olivera. Si bien Macri se limita por ahora a la Ciudad de Buenos Aires, el apoyo de Carrió a la confrontación con los empleados públicos y sus representantes sindicales le confiere una proyección nacional, como modelo alternativo al del kirchnerismo. El gobernador porteño reivindica las políticas desreguladoras y privatistas que apoyó desde la presidencia de Socma durante la década pasada. Mientras lo sigue a remolque Carrió vocea una alternativa ideológica, al estilo de la de Raúl Alfonsín hace veinte años, inspirado en los decretos de Pedro Eugenio Aramburu en 1956 y de Arturo Illia en 1966. Desde la participación en los preparativos de Ezeiza en junio de 1973, la conducción de Amadeo Genta y Patricio Datarmini es un paradigma de la burocracia sindical. Pero la suma de despidos de trabajadores a negociar con esa misma dirigencia, mezquinas discriminaciones en los hospitales porteños, la intervención a la obra social y el veto a la producción de medicamentos en laboratorios públicos de la Ciudad no deja dudas sobre las intenciones de Macri, quien recurrió para la faena al gerente de personal de varias de sus empresas. El proyecto es el de la segmentación social: bienes y servicios del primer mundo para una mínima capa jerárquica y abandono africano para el resto.

Los que se fueron

También ha sido pronunciada la rotación de dirigentes en los distintos segmentos de la Unión Cívica Radical. Cobos, Morales, Stolbizer son apellidos nuevos, que nadie registraba al cambiar el siglo. Todavía no han decidido si se fusionarán en identidades nuevas o si confrontarán por los despojos del más antiguo partido político argentino. En cualquier caso, es tan impensable allí el regreso a posiciones de liderazgo de Fernando de la Rúa, Federico Storani, Leopoldo Moreau o Raúl Alfonsín como el de Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Carlos Rückauf, Domingo Cavallo, Chacho Alvarez, José Octavio Bordón, Graciela Fernández Meijide, María Julia Alsogaray o Adelina Dalesio de Viola en las otras agrupaciones. Que la enumeración suene pintoresca es una muestra adicional de la profundidad del cambio ocurrido desde la gran crisis del fin de siglo. Al fin de cuentas ésos son los nombres que han dominado la vida política del país, que este año cumplirá su primer cuarto de siglo sin golpes militares ni dictadores. En una posición intermedia, pero más próxima a sus consultorías privadas que a cualquier rol institucional, quedaron los ex ministros Roberto Lavagna y Ricardo López Murphy, de desempeño electoral pobre y paupérrimo, elocuente de la inexperiencia política de ambos que los llevó a alinearse de la manera menos conveniente para sus chances.

Los fantasmas del deseo

El gobierno de Cristina Fernández nació sin el período de gracia que suele acompañar a una nueva administración, porque acumula el desgaste normal de los 55 meses en que gobernó su esposo. Pero también deben computársele los méritos de esa presidencia que en la evaluación general superan los de cualquier otra desde el derrocamiento de Juan D. Perón en 1955. El estado de ánimo colectivo es ahora más favorable a la gestión oficial que en la fecha de las elecciones y que al momento de la asunción de la presidente. En ese contexto a la prensa militante se le hace difícil instalar “la percepción de un vacío de poder” (“La nueva mano de obra desocupada y el poder bicéfalo”, editorial político de La Nación del domingo 6). Algunos fantasmas de ese deseo son de una irrelevancia excesiva, como el caso del piquetero que le pegaba a la mujer, disponía de un puñado de planes sociales y acopiaba armas en su casa. Tampoco resulta sencillo vincular con el gobierno nacional la telenovela caribeña coproducida entre Miami y Caracas sobre valijas simples y agentes dobles. Y la liberación de las personas secuestradas en Colombia convalida la decisión presidencial de enviar a su canciller y al ex mandatario Néstor Kirchner como parte de una misión conjunta con Brasil, Bolivia, Cuba, Francia, Suiza y Venezuela para destrabar un conflicto de más de medio siglo. Hay que precaverse contra los excesos de optimismo en una materia tan intrincada y con tantos intereses fuera de control. Pero después de muchos años de murmurar contra la intervención estadounidense en Colombia, la región ha asumido una responsabilidad propia, con relevantes socios europeos, y ésta es una novedad que muchos reclamaron durante mucho tiempo. Las frases del discurso inaugural sobre el multilateralismo tuvieron así principio de aplicación.

La parapolítica

Las históricas matanzas entre liberales y conservadores colombianos, la lucha de una guerrilla marxista contra un Estado oligárquico y la actuación de bandas paramilitares armadas por los ganaderos y controladas por los militares fueron contaminados por el negocio de la comercialización de psicotrópicos de uso prohibido y por la intervención estadounidense. Desde que en 1975 la comisión presidida por el senador Frank Church investigó las atrocidades cometidas por la inteligencia norteamericana en Asia, Africa y Latinoamérica, la guerrilla dejó de ser una justificación admisible para la intervención y el control. Se acudió entonces con tal propósito a la denominada guerra contra la droga y, desde hace algunos años, a la definición del narcoterrorismo. El presidente Alvaro Uribe fue un sorpresivo vencedor en las elecciones de 2002 porque prometió guerra sin cuartel contra las FARC, luego de las fallidas negociaciones de paz de sus predecesores. Tuvo suficiente éxito como para ser reelecto en 2006 y conservar índices de aprobación muy elevados, coincidentes con los de rechazo a las FARC. Pero al cabo de seis años se llegó a una situación de jaque perpetuo. Las guerrillas no pueden construir poder fuera de las zonas selváticas que controlan y en las ciudades suscitan fuerte rechazo, pero el gobierno no consigue controlar todo el territorio y desalojarlas de sus reductos remotos. Una contradicción semejante ocurre con el método brutal de la toma de rehenes: provoca repulsión dentro y fuera de Colombia pero sirve como escudo protector contra bombardeos indiscriminados por parte del gobierno. Uribe consiguió expulsar a las FARC de las ciudades y avanzó en la desmovilización de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, con un ofrecimiento de reducción de penas. Los paramilitares que confesaran cualquier tipo y cantidad de crímenes recibirían no más de ocho años de cárcel y una vez descontados los tiempos de la negociación tal vez apenas dos y medio. En función de esa denominada ley de justicia y paz, casi un millar de paramilitares dieron su versión libre de los hechos al Ministerio Público, a raíz de lo cual se los llama los versionados. Estuve en Bogotá en noviembre, invitado por la revista Semana, que dirige Alejando Santos, sobrino del vicepresidente de Uribe; la Fundación Ideas para la Paz, creada por grandes empresas con actividad en Colombia, el Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) y el gobierno de Canadá. Durante el seminario internacional sobre Verdad, Memoria y Medios de Comunicación se analizó la gran crisis conocida allí como la parapolítica, desatada cuando muchos de los relatos involucraron a legisladores y ministros del oficialismo y reavivaron las sospechas sobre el propio presidente Uribe.

El helicóptero de Uribe

En diciembre el diario estadounidense El Nuevo Herald retomó una investigación de 1984 sobre el asesinato del ex ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla. El periodista colombiano Gerardo Reyes citaba como fuente el expediente judicial y el testimonio de su hermana, Cecilia Lara Bonilla, ex gobernadora del estado de Huila. Su hermano le mencionó como prueba el descubrimiento de un helicóptero propiedad de una empresa del padre de Uribe, el ganadero y criador de caballos Alberto Uribe Sierra, durante el allanamiento a un laboratorio de cocaína en una propiedad del cartel de Medellín conocida como Tranquilandia. “La mafia ha entrado en todos los estamentos del país”, dijo Lara Bonilla a Cecilia. También le contó que Uribe Sierra había sido asesinado al bajar del aparato. Alvaro Uribe siempre sostuvo que a su padre lo mató la guerrilla al resistir un secuestro. El presidente y su familia dijeron que la máquina fue vendida antes del operativo policial del que participó la DEA, pero según el Herald nunca aportaron la documentación respectiva. El coronel de la policía Jaime Ramírez Gómez, que coordinó la operación en Tranquilandia, declaró que Lara Bonilla temía un atentado “de los dueños del helicóptero”. Ramírez fue asesinado poco después que Lara Bonilla y que Uribe Sierra. El hijo del ex ministro, Rodrigo Lara Restrepo, fue designado por Uribe al frente de la Oficina Anticorrupción. Renunció hace un par de semanas, luego de estudiar los documentos del expediente y las declaraciones de su tía Cecilia.

Varias decenas de legisladores y políticos fueron detenidos a raíz de las confesiones de los versionados. Pero además, la Corte Constitucional colombiana condicionó la aplicación de la ley al cumplimiento de normas internacionales sobre verdad, justicia y reparación y estableció que la reducción de penas se perdería de comprobarse omisiones o mentiras en el relato. También amplió el plazo disponible por los fiscales para la investigación, exigió la devolución de todos los bienes malhabidos y el pago de reparaciones y admitió la participación de las víctimas en el proceso. Ahora comenzarán los interrogatorios formales, en los que los paramilitares deberán responder preguntas de los fiscales y recibirán condenas de los jueces. No le falta razón al gobierno de Colombia cuando señala el desconocimiento generalizado en el exterior sobre la situación del país aunque no es seguro que la mayor información le convenga. El tembladeral político recién comienza.

La negociación humanitaria

Hace ya dos años el asesor alemán del presidente venezolano Hugo Chávez, Heinz Dieterich, escribió que el bloque de poder regional sudamericano consideraba que “el tiempo de la lucha armada revolucionaria y de los gobiernos de obreros-campesinos ha quedado en el pasado”. Chávez, el hombre de consulta cubano Fidel Castro y el presidente boliviano Evo Morales plantearon que las FARC debían abandonar la lucha armada. Según Dieterich, “Lula, Kirchner, Tabaré y Duarte, por supuesto, están completamente de acuerdo con esta posición de apoyo a la legalidad burguesa”. Para ser más preciso, agrega, “no apoyarían ninguna otra”.

Pero Uribe tiene tantas aspiraciones a la reelección indefinida como Chávez, lo cual requeriría también en Colombia una reforma constitucional, y su argumento proselitista más fuerte es la batalla sin cuartel contra las FARC, clave de su popularidad. Esto explica las idas y vueltas de las últimas semanas: Uribe no puede negarse en forma abierta a la negociación política y el acuerdo humanitario sin concitar la aversión internacional, pero teme que sean letales para su supervivencia política. Por eso acepta misiones como la de Villavicencio y en cuanto encuentra un motivo, como el que le dieron las FARC con la historia del niño, las frustra. Se ha dado apenas un paso, pero con él comienza un camino distinto al que proponen Uribe y el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses que conduce la política de su país para América latina, mal que les pese a los bienintencionados progresistas norteamericanos, con vista de águila para detectar la paja en el ojo de Chávez y no la viga en el propio.

Pasar de la simbólica liberación de tres prisioneros, entregados como deferencia a Chávez y para desgastar a Uribe, a un canje masivo de centenares de secuestrados y Farcistas presos primero y a un verdadero proceso de paz después no será fácil, pero el intento es estimable. La pretensión de que a Chávez sólo lo mueve la necesidad de minimizar su derrota en el plebiscito constitucional y que Kirchner y el discreto canciller Jorge Taiana sólo jugaron a Indiana Jones para distraer de las actuaciones del FBI en Miami sólo califica la frivolidad de quienes lo expresaron.