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Ayer por segunda vez el gobernador de Entre Ríos, Sergio Montiel, logró zafar del juicio político que se impulsa en su contra en la Cámara de Diputados provincial. A las siete de la tarde, alrededor de cien empleados estatales se concentraron frente al edificio legislativo para pedir “que se vaya Montiel”, pero la policía los desalojó con gases lacrimógenos que luego fueron arrojados dentro del edificio por los mismos manifestantes.
Mientras 19 legisladores se encontraban dentro del recinto, trabajadores estatales intentaron voltear una de las puertas de acceso a la Casa de Gobierno ubicada en el mismo edificio. Pero la policía evitó el ingreso y arrojó gases lacrimógenos, algunos de los cuales fueron tomados por los manifestantes que los tiraron dentro del recinto. La sesión en la que se debatía el pedido de juicio político del mandatario pasó a cuarto intermedio, mientras algunos diputados sufrieron el efecto de los gases lacrimógenos que ingresaron hasta el recinto por la puerta semiabierta.
Más de un centenar de manifestantes de la Multisectorial compuesta por empleados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se acercaron a la llamada Casa Gris para pedir “que se vaya Montiel”. Si bien no hubo heridos, ante los incidentes, los legisladores resolvieron suspender la sesión “por falta de garantías” y la Cámara de Diputados fue convocada para hoy a las 10, mientras se estudiaba realizar las próximas sesiones en otro lugar de Paraná, como el Concejo Deliberante de la capital entrerriana.
La Cámara, de 28 integrantes, debe tratar el juicio político a Montiel y para su suspensión se requiere de 19 votos, los que en principio sumarían peronistas, radicales díscolos y aliancistas disidentes, pero los restantes nueve diputados montielistas se niegan a dar quórum. Ayer a la noche, cuando se suspendió la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, el radical Julio Rodríguez Signes, pidió la suspensión de la diputada montielista Mónica Torres, quien lo acusó por un robo que sufrió la semana pasada en su domicilio. Rodríguez Signes dijo que seguirá convocando a sesión y en caso de que se repitan las ausencias de los legisladores oficialistas, aplicará sanciones que van desde la suspensión hasta la expulsión, tal como lo prevé el artículo 67 de la Constitución de Entre Ríos.