EL PAIS indice
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LA SITUACION EN LAS PROVINCIAS A SEIS MESES DEL FALLO DE LA CORTE

Avances y retrocesos para el acceso al aborto no punible

› Por Mariana Carbajal

Diez distritos reglamentaron la atención de esos casos en sus hospitales. Otros cinco anunciaron que lo harán. Pero varias jurisdicciones incorporaron condiciones mayores a lo dispuesto por la Corte Suprema. El ministro porteño firmó un decreto el jueves pasado.

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BALANCE DE LAS CRITICAS Y LAS PROPUESTAS REALIZADAS AL TERMINO DE LAS AUDIENCIAS EN BUENOS AIRES

Claves del debate por el nuevo código

› Por Sebastian Abrevaya

Las exposiciones de más de 160 personas en las primeras audiencias marcaron los planteos provenientes de sectores religiosos y pueblos originarios, entre otros, así como los temas relacionados con vivienda, salud, derecho al agua y responsabilidad civil del Estado.

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OPINION

Rápidos y furiosos

› Por Eduardo Aliverti

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DEBATE POR EL PROYECTO PARA AMPLIAR LA PARTICIPACION ELECTORAL DESDE LOS 16 AñOS

Los votos de la juventud

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DESPUES DEL ASESINATO DE LUIS CONDORI EN LA PROVINCIA DE JUJUY

Tres detenidos y 58 liberados

La Justicia liberó a las personas que participaron del intento de toma de tierras y mantuvo en prisión a los tres sospechosos del crimen. Pese a que la relación ya fue desmentida, el intendente de Humahuaca vinculó a la Túpac Amaru con la agrupación Titi Guerra.

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RECONOCIMIENTO DE LOS CALABOZOS DE LA BASE ZAR

En el lugar de los fusilamientos

› Por Ailín Bullentini

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NO HUBO SORPRESAS EN LOS PRIMEROS RESULTADOS DE LOS COMICIOS ESTUDIANTILES

Un estreno con reelecciones en la UBA

Mientras Macri interviene en la campaña del PRO entre los alumnos de Derecho, las agrupaciones de izquierda ratificaron su conducción en las facultades de Medicina y Veterinarias. En Económicas se impuso Nuevo Espacio, la lista de los ex Franja.

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OPINION

La delación

› Por Javier Araujo

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HOY SE CONOCERA LA SENTENCIA EN EL JUICIO AL EX AGENTE DEL EJERCITO JUAN JOSE LUIS GIL

El represor que amenazaba por e-mail

› Por Alejandra Dandan

En 2009, Gil amenazó a testigos de causas por delitos de lesa humanidad, también a un juez y a un fiscal. Enfrenta pedidos de prisión de entre ocho y trece años. Los querellantes también piden que se investigue su posible participación en crímenes durante la dictadura.

 

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