Diversos problemas con el cobro del subsidio que otorga el Programa Ciudadanía Porteña (CP) del gobierno porteño –la principal herramienta de la Ciudad para atender a la población indigente– son una de las causas más frecuentes de consulta ante el Ministerio Público Tutelar, según informó su titular, Laura Mussa. Puntualmente, en las oficinas de Atención Descentralizadas de los barrios de La Boca-Barracas y de Villa Soldati-Nueva Pompeya, “la persistencia de situaciones de vulneración de derechos relacionadas con el irregular funcionamiento de ese Programa” fue la segunda causa de consulta, superada únicamente por problemáticas relacionadas con el derecho a la vivienda, indicó Mussa. Cada semana, entre diez y doce familias acercan su queja.

El dato fue revelado en el marco de la presentación de un estudio que realizó el Ministerio Público Tutelar junto con el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp) para analizar cómo funciona el Programa Ciudadanía Porteña. “Tanto en su diseño como en su implementación, el Programa presenta contradicciones, ambigüedades y limitaciones para activar efectivamente los derechos que busca teóricamente promover”, objetó Mussa. CP tiene la pretensión de garantizar el derecho a la alimentación y promover los derechos a la educación y la salud, particularmente de los niños, niñas y adolescentes que constituyen su prioritario foco de atención. Según las últimas cifras publicadas, los beneficiarios llegan a 258.874, de los cuales el 48 por ciento son menores de 18 años, indica el informe. En total, el subsidio alcanza a unas 70 mil familias.

Una de las principales críticas que señala el estudio es que el aporte está condicionado a cumplir con la escolaridad de los chicos y la atención de su salud. “Si en una familia un hijo adolescente deja la escuela por algún motivo, toda la familia deja de cobrar el subsidio. Tienen que presentar todos los meses los certificados de estudio. Si la familia no lo entrega, se baja el beneficio”, describió a este diario Ana Lanzziani, coordinadora de las Oficinas de Atención Descentralizada del Ministerio Público Tutelar.

–¿Ocurre igual con la Asignación Universal por Hijo?

–Sí, es igual. La diferencia es que en Ciudadanía Porteña la caída del beneficio no sólo afecta a quien dejó la escolaridad sino a todo el grupo familiar. Es una medida punitiva –señaló Lanzziani.

Según el informe, muchas veces la deserción de los niños o adolescentes obedece a la insuficiencia de vacantes en escuelas cercanas al lugar donde viven las familias.

Ciudadanía Porteña es una prestación mensual que debe ser utilizada para la compra de alimentos, productos de limpieza e higiene, útiles escolares y material de combustión para la cocción. Un matrimonio con dos hijos en situación de indigencia pueden recibir alrededor de 1600 pesos por mes, indicó Lanzziani.