En la provincia de Entre Ríos, una niña de 11 años, que fue abusada sexualmente y quedó embarazada, pide interrumpir la gestación producto de una relación forzada. “Quiero volver a ser como antes”, les habría dicho a sus familiares, según trascendió. El pedido del aborto no punible fue presentado ayer ante el juzgado de Familia de Concordia, en esa provincia, a cargo durante la feria del magistrado Raúl Tomaselli, quien todavía no tomó ninguna decisión, confirmaron fuentes judiciales a Página/12. El juez relativizó la importancia del pedido: “Habrá que ver si me dan los plazos para resolverlo”, le respondió a un periodista del portal de noticias local Diario Junio Digital. La gestación rondaría casi las 12 semanas. “Este caso no debió judicializarse. Es lamentable la falta de conocimiento de abogados y médicos. Se tiene que resolver en el consultorio de un hospital público. Si la familia de la niña tuviera recursos, sin dudas se hubiera hecho el aborto en la clandestinidad”, advirtió a este diario Carolina Comaleras, integrante del Consorcio Nacional por los Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders), de la provincia de Entre Ríos. Y exhortó a las autoridades provinciales al cumplimiento de los derechos de la niña. “Al igual que su cuerpo, sus derechos han sido violados. La sociedad es testigo de ello. No podemos ni debemos mirar para otro lado”, pidió Comaleras.

El pedido de aborto no punible fue presentado ayer por la abogada María Susana Benítez, en representación de la madre de la niña. La familia de la nena es muy humilde y vive en el municipio de General Campos, en el departamento San Salvador, a 45 kilómetros de Concordia y 220 kilómetros de Paraná. Benítez fundamentó el pedido en que el embarazo pone “en riesgo la salud” de la niña. Por su corta edad y su cuerpo menudo no está en condiciones de llevarlo adelante. Ayer a la nena se le hicieron exhaustivos exámenes médicos en el Hospital Delicia Concepción Masvernat, de Concordia, cuyos resultados estarían hoy.

El embarazo salió a la luz cuando la nena fue revisada en el Hospital Regional San Miguel, de San Salvador, porque tenía dolores abdominales. General Campos y San Salvador son localidades vecinas. El director del hospital, Juan Augusto Arletaz, radicó la denuncia por abuso sexual. La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Malvasio, del departamento judicial de Colón –al que pertenece San Salvador–. Pero el pedido del aborto no punible se tramita en los Tribunales de Concordia.

La niña habría sido abusada sexualmente por un joven de 17 años, cuando fue a visitar a su abuelo, que vive en el municipio de San Salvador, a 16 kilómetros de General Campos. La niña declaró en Concordia mediante la técnica de Cámara Gesell unos días atrás, y habría señalado al presunto agresor, un amigo de un vecino de su abuelo. El testimonio fue girado a la Justicia de Colón. El acusado ya habría sido identificado por la policía local.

El caso podría encuadrarse también como aborto no punible por ser el embarazo producto de un abuso sexual, además de un caso de aborto terapéutico. Dado que la niña tiene 11 años, no está en condiciones de consentir una relación sexual. El Código Penal establece ese límite a los 13 años. El flamante Protocolo de Atención Integral de Personas Víctimas de Violación Sexual, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, y que fue presentado en diciembre, establece puntualmente que los servicios hospitalarios deben ofrecer la alternativa de un aborto no punible en casos de embarazo causado por una violación o abuso sexual. Al mismo tiempo, la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos No Punibles elaborada por la misma cartera establece que no se debe exigir autorización judicial para llevar adelante la práctica. Así también falló el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en 2007, en el caso de M.F.C., una adolescente con discapacidad mental que había sido embarazada en una violación. En aquel momento, a pesar de aquella venia judicial del máximo tribunal provincial, ningún hospital entrerriano se hizo cargo de la intervención, y la joven debió ser trasladada a otra provincia por las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación para acceder a un aborto.