SOCIEDAD

Media sanción para el fin del sistema de Patronato

El Senado aprobó el proyecto que le pone límites a la judicialización de la pobreza de los chicos y su internación por problemas familiares. Se descuenta que Diputados lo ratificará.

 Por Carlos Rodríguez

En una decisión considerada histórica, el Senado aprobó anoche, con el voto unánime de los 54 legisladores presentes, un proyecto de ley que deroga el sistema de Patronato de la Infancia vigente desde 1898. La norma, que obtuvo la media sanción de la Cámara alta y, según todo indica, será refrendada por Diputados, le pone límites a la intervención del Estado al prohibir tanto “las injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada” de los menores como la separación de los mismos “de su medio familiar o comunitario por carencia de recursos materiales”. El proyecto reafirma “el principio de desjudicialización de los conflictos sociales”, lo que determina que ningún niño podrá ser derivado a un instituto de menores por falta de contención familiar. El proyecto sobre Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes aprobado anoche modifica en forma sustancial la iniciativa de la diputada Hilda “Chiche” Duhalde, sancionada por la Cámara baja, que mantenía en vigencia el sistema de Patronato, que desde lo ideológico desconoce la Convención Internacional de los Derechos del Niño suscripta por la Argentina en 1990.
La iniciativa regresará ahora a Diputados para su tratamiento y se estima que “es imposible que pueda ser modificada nuevamente, porque el consenso obtenido en el Senado permite pensar que no contará con los dos tercios de los votos que necesita para volver al texto original”, explicó anoche una fuente legislativa consultada por Página/12. Uno de los datos clave que confirma la marcha atrás del duhaldismo fue el voto positivo de la senadora justicialista Mabel Müller al proyecto modificado por la Cámara alta. En la iniciativa aprobada se reconoce a los menores como “personas en desarrollo” y por lo tanto se resalta “el derecho de la niña o el niño a ser oído, a que sus opiniones sean tenidas en cuenta”.
El proyecto crea el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y la figura del defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. También deroga la Ley de Patronato de Menores, un modelo que ha sido largamente rechazado por expertos en minoridad, por entender que ha generado a lo largo de un siglo “una poderosa maquinaria de instituciones tutelares sustitutivas de lo familiar y lo comunitario”, recordaron ayer legisladores de diferentes bancadas que apoyaron las modificaciones.
El proyecto unificó distintas iniciativas presentadas por los senadores Gerardo Morales y Jorge Agundez (radicalismo), Marita Percebal y Liliana de Alonso (peronismo) y Vilma Ibarra (Frepaso), entre otros. El nuevo sistema de protección integral considera al menor como “un sujeto activo de derechos, en un sentido abarcativo de los mismos y a lo largo de su crecimiento”, a la vez que define “las responsabilidades de la familia, la sociedad y el Estado en relación con los derechos universales y especiales por su condición de personas en desarrollo”.
El Estado debe garantizar “el pleno acceso, la gratuidad y prioridad en la atención” de los menores. Si bien eso ha sido una garantía histórica en los enunciados, para posibilitar el acceso a escuelas y hospitales, “luego de una década de políticas económico-sociales neoliberales, donde el eje fue la focalización, esa red de servicios se encuentra empobrecida y desarticulada”, según señala el proyecto, que propicia “la necesidad de instrumentar un seguro de inclusión ciudadano en forma incondicional para cada chico y chica hasta los 18 años de edad”.
Las “medidas excepcionales” que podría adoptar el Estado cuando “las niñas, niños o adolescentes estuvieran temporal o permanentemente privados de su medio familiar” deberán ser “limitadas en el tiempo” y sólo se podrán mantener “mientras persistan las causas que le dieron origen”. El encargado de establecer las medidas de excepción será el organismo administrativo y la Justicia intervendrá sólo para garantizar el procedimiento.

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La norma prohíbe “las injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada” de los chicos.
 
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