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En sus primeros doce meses de funcionamiento, la Asociación Miguel Bru (AMB) recibió 78 consultas que fueron incorporadas a la base de datos. Gatillo fácil, desapariciones, torturas y allanamientos ilegales son la regla. En los últimos dos meses recibieron la mayor parte de las denuncias, lo que indica que la Bonaerense todavía sigue con sus objetivos históricos. La Asociación, con su equipo de abogados, patrocina en este momento 14 casos ante la Justicia. Además, proporciona asesoramiento jurídico y acompañamiento en diferentes etapas del proceso judicial. Página/12 recibió la base de datos y ofrece una síntesis y las tendencias más habituales en el accionar policial.
Cinco de los 78 casos fueron denunciados a la Asociación con la idea de lograr el traslado de un detenido, luego de sufrir torturas y apremios ilegales en el lugar de detención.
Otras cinco fueron realizadas luego de allanamientos irregulares, con serios vicios en el procedimiento. Alguno de estos casos contaba con la orden judicial correspondiente pero no se adecuaba a las normas legales. Las recientes leyes propuestas por el gobernador Felipe Solá habilitan a los fiscales a realizar allanamientos sin orden del juez competente, aduciendo urgencia. Las críticas a esas leyes de parte de los organismos de Derechos Humanos señalaban que los fiscales descansan su labor en la Bonaerense, con lo que, las ilegalidades policiales quedarían blanqueadas por las leyes de necesidad y urgencia.
Tres denuncias representan casos de desapariciones en las que según los denunciantes hay personal policial involucrado. Otras siete mencionan casos de gatillo fácil; una, muerte por torturas, y otra, una supuesta muerte en riña en la que el personal policial se mantuvo inactivo. Tres casos señalan detenciones arbitrarias.
De las 78 presentaciones, en once la actuación policial continuó tras la denuncia bajo la forma de amenazas, aprietes y diferentes formas del hostigamiento policial, rutinas típicas para intentar mantener cerrada la boca de sus víctimas. En otras diez, las víctimas sufrieron lesiones y/o torturas en el lugar de detención por parte de personal policial o penitenciario. Seis manifestaron haber sufrido lesiones en la vía pública, siempre por parte de autoridades, dos denunciaron lesiones por riñas en el lugar de detención frente a la pasividad de sus guardias, y una denunció lesiones psíquicas.
Por último, una de las presentaciones mencionaba una extorsión en una comisaría y otras nueve manifestaron irregularidades en el procedimiento policial durante la instrucción penal.