Se trata de la primera reacción de Bruselas a la tragedia de Ceuta, el último capítulo negro en la historia de los inmigrantes "sin papeles", expulsados de sus hogares por la guerra y la miseria y que arriesgan su vida por un futuro mejor en Europa. El diciembre del año pasado, Malmoström había advertido que España debía explicar el uso de cuchillas en la valla instalada en la frontera de Melilla, el otro enclave español en África, ante la sospecha de que el mecanismo no "disuade" a los inmigrantes sino que sólo les provocaba "más heridas".

El último episodio dramático ocurrió el 6 de febrero, cuando centenares de inmigrantes bajaron desde los montes de Marruecos hacia la zona fronteriza próxima a un paso aduanero y, ante la intervención de la gendarmería marroquí, algunos se lanzaron al mar de forma desesperada e intentaron llegar nadando a España. Al menos catorce personas murieron ahogadas en el intento, de acuerdo con el número de cadáveres devueltos por el mar, según confirmó la Guardia Civil española.

De acuerdo con el testimonio de los supervivientes, las fuerzas de seguridad españoles dispararon balas de goma y gases lacrimógenos, lo que provocó pánico entre quienes intentaban alcanzar la costa a nado. Imágenes difundidas por medio de las redes sociales muestran a los agentes españoles lanzando los proyectiles al agua en dirección a los inmigrantes.

Tras la polémica y la indignación generada por el hecho, el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y el delegado del gobierno español en Ceuta, Francisco Antonio González Pérez, negaron lo que se vió en las imágenes, pero, posteriormente, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no solo reconoció el uso de balas de goma, sino que lo justificó como forma de "disuadir" la "violencia" de los inmigrantes.

Imágenes difundidas muestran a los agentes españoles lanzando los proyectiles en dirección a los inmigrantes "Nunca se usaron esos medios antidisturbios legalmente establecidos directamente contra los inmigrantes. No causaron ninguna muerte", remarcó el ministro al comparecer ayer en el Congreso de los Diputados, forzado por la gravedad de los hechos.

Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en la zona denunciaron la violencia empleada por las fuerzas de seguridad y difundieron una imagen de un inmigrante subsahariano que sobrevivió y que muestra un importante hematoma en la cara.

Frente a estas contradicciones, la vicepresidenta el gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, se negó a asumir responsabilidades y, por el contrario, defendió la Guardia Civil y cargó contra la ley de Extranjería del exgobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. "Hay deficiencias" en la aplicación de la Ley de Extranjería en el caso de Ceuta, pero se están siguiendo los mismos criterios desde 2005", dijo Sáenz de Santamaría, en referencia a la última gran crisis desatada por los intentos de entradas masivas de inmigrantes.

El trato inhumano que sufren los inmigrantes que tratan de ingresar a España por las fronteras de los enclaves africanos de Ceuta y Melilla fue denunciado en reiteradas ocasiones. Las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes han sido blanco de las críticas tanto por la violencia empleada contra los inmigrantes como por no prestarles asistencia en situaciones críticas.

Si los muertos fuesen "blancos, españoles y con DNI", el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa "hoy no habría ido a su trabajo" y el delegado de la ciudad autónoma de Ceuta "estaría cesado", denunció el dirigente socialista Antonio Hernando. "Si no fuesen negros, pobres e indocumentados, alguien ya habría dimitido", insistió Hernando, quien pidió "justicia" y que paguen quienes "dieron la orden de disparar y quienes la ampararon".

Después de lo ocurrido en Ceuta, ayer se cerró la frontera de Melilla en la zona de Beni-Enzar ante el temor de que los 300 refugiados sirios que huyen de la guerra repitieran el intento de ingresar a territorio español sin el visado necesario.