La "ley ómnibus" que contempla actualización de jubilaciones, blanqueo de capitales, moratoria tributaria, previsional y aduanera, eliminación del impuesto a los Bienes Personales y ratificación de la devolución del 15 por ciento de coparticipación a las provincias, entre otras cosas, recibió apoyos y críticas en la reunión conjunta de comisiones de la Cámara de Diputados, que el jueves sacarán el dictamen que la semana que viene se discutirá en el recinto.

Al inicio de la reunión el diputado Fernando Sánchez (CC-Cambiemos) confirmó que el texto original sufrirá modificaciones que no especificó, en tanto que el diputado de izquierda Néstor Pitrola (FI) se pronunció taxativamente contra el artículo 85 del proyecto, que castiga penalmente a todo aquel que difunda los nombres de quienes se acojan al blanqueo.

En la continuación de la ronda de consultas, el exdiputado alfonsinista, Eduardo Santín, especialista en asuntos previsionales, y Jorge García Rapp, profesor de la Universidad de Buenos Aires, desestimaron que la ley de "reparación" para los jubilados vaya a alcanzar a 2,5 millones de pasivos como afirma el oficialismo y calcularon que a lo sumo beneficiará a un millón.

"Estamos hablando del 15 por ciento de los jubilados. Entonces (la denominación de) reparación histórica es un título un poco ampuloso", sostuvo Santín, quien lamentó que "a miles de jubilados" se les haya generado "una expectativa fenomenal" que no sería satisfecha.

Con relación a la emergencia que plantea el texto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, Santín dijo que ve que a "aquellos que no acepten el trato le van a clausurar la posibilidad de seguir el juicios. Van a extorsionar a los jubilados para que acepte la transacción".

También el exdiputado discrepó con que se extienda a 65 años la edad de la mujer para recibir la pensión universal porque recordó que la jubilación a los 60 años "parte de la base de que (la mujer) tiene una doble condición, trabaja dentro y fuera de su casa".

En cuanto al fondo de garantía, que también es tocado por el "megaproyecto", Santín en sintonía con la política que siguió el gobierno kirchnerista destacó que "es un instrumento para darle previsibilidad al sistema y de apalancamiento de la economía". "El Fondo dio el año pasado remanentes de cerca de 80 mil millones. Esto garantiza que hay un sistema fuerte en la Argentina", apuntó.

Santín y García Rapp también criticaron que el proyecto establezca para el ajuste de las jubilaciones el índice RIPTE en vez del Indice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC), que está homologado por la justicia.

Para Santín, cambiar el índice de ajuste "en la práctica es intentar pagarle la tercera parte de lo que le corresponde" al jubilado, en tanto que García Rapp estimó que "en este punto no da certeza sobre cómo podría reaccionar la industria del juicio".

Por su parte, Hugo Yasky, titular de la CTA , aseguró que "este proyecto no resuelve el problema real y por el contrario genera condiciones para que aquello bueno que se hizo en los últimos años se ponga en riesgo".

Yasky destacó la recuperación del sistema público de reparto para el Estado que hizo el gobierno de Cristina Kirchner y coincidió con Santín en que "el fondo de sustentabilidad debe garantizar que el sistema público de reparto en la República Argentina siga siendo solvente, sustentable".

Al respecto, el sindicalista advirtió que "cualquier proyecto que en el mediano plazo invente fórmulas para saldar una deuda" legítima puede derivar a una situación "que tal vez en unos años nos lleve a decir que la solución es privatizar el sistema jubilatorio".

Del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, Humberto Bertazza, respecto del blanqueo dijo que es "positivo" que a partir de 2017, cuando entre a regir el sistema de intercambio de información mundial para terminar con los paraísos fiscales, que se facilite "que todos los contribuyentes puedan regularizar sus activos". De todas formas, ni Estados Unidos ni Suiza participarán de ese intercambio de información.

Del Centro Tributario, César Litvin se manifestó a favor de la extinción del impuesto a Bienes Personales en 2019 al considerar que "nació mal porque el verdadero indicio para contribuir con el Estado es el patrimonio y no solamente los bienes".

En tanto, Carlos Abeledo, de la UIA, resaltó que "recibimos con beneplácito la creación de la comisión bicameral de reforma tributaria" para estudiar cambios impositivos.