El magistrado, quien ayer declaró como de "lesa humanidad" los crímenes de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), también aclaró que uno de los jefes de esa organización, Rodolfo Almirón, "todavía está gozando de su libertad, pero Interpol ya está tras sus pasos", en España.

Después de ello, solicitará su extradición, ya que "lo que corresponde primero es pedir la detención", afirmó."No se descarta la convocatoria de Isabel Martínez de Perón", quien reside en Madrid, enfatizó Oyarbide.

En cuanto al fallo conocido ayer, indicó que la Triple A, creada por el ex ministro de Bienestar Social y secretario privado de "Isabelita", José López Rega, funcionaba a través de hechos "que obedecían a circunstancias políticas, con un marco también ideológico y todo montado del aparato propio del Estado".

"Bajo ese aparato, bajo el amparo del aparato estatal, obtenían la garantía de impunidad y allí (se producía) una auténtica asociación ilícita, realizando una práctica generalizada de delitos", señaló.

Explicó que "tal situación constituyó una gravísima violación a los derechos humanos, justamente porque fueron implementados desde el Estado mismo y por sujetos que respondían al propio poder".

Añadió que "en ese orden de ideas, tal como lo tiene expresado el derecho público internacional, ello debe ser considerado como delito de lesa humanidad, porque a la luz de las normas legales vigentes también todos los casos son imprescriptibles".

El magistrado aseguró que "yo tengo que sujetarme a los hechos que constituyen mi investigación, y lo cierto es que esos hechos son constitutivos del delito de asociación ilícita, que están en concurso real con el de homicidio calificado doblemente por el número de personas que intervenían en esos casos y por el nivel de alevosía con el que se llevaban a cabo las muertes".

En la denuncia, presentada el 11 de julio de 1975 por el abogado Miguel Radrizzani Goñi, están involucrados López Rega (fallecido en 1989) y los comisarios Almirón y Juan Ramón Morales, que eran a su vez jefes de las custodias de la presidenta de la Nación y del ministro de Bienestar Social, respectivamente, ratificó Oyarbide.

"Esa denuncia se nutre en una publicación ocurrida en el diario La Opinión, y la pone en conocimiento del ministro de Defensa y de la entonces titular del Poder Ejecutivo Nacional, la esposa de Perón, a través del general Jorge Rafael Videla, y también se le hace saber el caso al doctor Ricardo Balbín", dijo.

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