La exposición del CELS se realizó hoy en Washington como consecuencia de la posición de la CIDH, de octubre del '92, cuando recomendó hacer un seguimiento para combatir la impunidad en la Argentina.

Para el organismo de DDHH argentino, la recomendación de la CIDH "constituyó un paso clave" para terminar con las leyes de Punto final y Obediencia debida, dos pilares jurídicos esenciales que impedían la verdad y la justicia sobre los hechos de la última dictadura militar.

La sesión de la CIDH fue encabezada por el presidente del organismo, Florentín Meléndez, quien dijo que "hay avances importantes en la Argentina en materia de DDHH", en diálogo.

El informe del CELS destacó que "los tres poderes del Estado han dado muestras de voluntad política" en la materia, luego de asegurar que el fallo del 14 de junio de 2005 de la Corte Suprema "reabrió el camino de la justicia creando un nuevo escenario para que los responsables sean sancionados".

El fallo al que alude el CELS es de cuando la Corte declaró la invalidez e inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, dado que "eran contrarias a las obligaciones impuetas por normas internacionales de DDHH que hoy tienen vigencia constitucional".

La presentación del CELS, como el de la AMIA, otro sobre los niños privados de libertad, forman parte del seguimiento que lleva adelante la CIDH por el caso argentino.

"Los casos Jorge Julio López y Luis Gerez evidencian la falta de previsión de las autoridades estatales acerca de las posibles consecuencias de la apertura de los juicios", sostuvo el CELS.

Por ello, recomendó "diseñar una política de protección de víctimas, testigos, defensores de derechos humanos y funcionarios" y le asignó carácter de "imperioso" el procedimiento protectivo que debería crear el Estado argentino.

El informe del CELS brinda un ejemplo sobre la flagrante contradicción de justicia que crearon las leyes de Punto Final y Obediencia debida.

Hace mención a la familia Poblete, secuestrada en 1978. Los miembros secuestrados fueron José y Gertrudis, los padres, y Claudia, de ocho meses y tres días.

"La causa por la apropiación de de la niña contenía una contradicción fundamental: la justicia podía investigar el delito del que fue víctima Claudia pero nada podía hacer por la desaparición de sus padres", subrayó el CELS.

Luego de la aprobación del Congreso y de la promulgación por el Gobierno, la Corte produjo el fallo de inconstituionalidad de las leyes de impunidad.

Esta es la razón por la que el CELS considera que "a 23 años del retorno de la democracia y tras un camino que alternó justicia y derecho a la verdad, se ha reabierto un proceso que promueve la superación de los efectos del terrorismo de Estado y el fortalecimiento democrático".

La presentación del organismo de DDHH ante la CIDH fue realizada por Carolina Varsky, Andrea Pochak y Gastón Chillier.