Dos ex marinos con pedido de captura por su vinculación con la "Masacre de Trelew", ocurrida el 22 de agosto de 1972 en la base "Almirante Zar", fueron detenidos este mediodía en sus domicilios de Capital Federal.

Se trata de los oficiales retirados de apellido Del Real y Pacanini, quienes serán trasladados a Rawson para permanecer detenidos en la comisaría, según confirmó el Juez Federal subrogante Hugo Sastre, quien dictó las órdenes de captura por la muerte de 16 militantes políticos.

Anoche, la Policía de Chubut había iniciado el operativo en barrios de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, dispuso la detención del ex capitán Luis Emilio Sosa, señalado por sobrevivientes de la masacre como el principal responsable de los fusilamientos. Sosa vive en Capital y cobra una jubilación del Estado.

Además de Del Real y Pacanini, también se ordenó la captura del ex capitán Roberto Guillermo Bravo y del ex oficial Morandino. Este último está de viaje en Estados Unidos, por lo que se pidió la captura internacional a Interpol. Hubo orden de cerrar las fronteras del país para evitar fugas.

Los cinco “serán convocados a su primer acto de defensa que es la indagatoria a describir el hecho y ante este tipo penal decirles que han sido probables autores de este delito", según explicó el juez.

También estaba imputado en el hecho un suboficial de apellido Herrera, ya fallecido.

La captura de los marinos fue ordenada por el juez después de cambiar la carátula a la causa. Según el juez, ese fue "el golpe de timón que se le dio a la causa”.

En un principio, el expediente de la investigación que se reinició en 2006 decía: "NN/ sobre masacre de Trelew". Pero tras los testimonios recogidos (muchos de ellos de ex conscriptos que estaban en la base esa madrugada) el juez dispuso una nueva calificación: "Luis Emilio Sosa, Roberto Guillermo Bravo y otros sobre presuntos autores de privación ilegítima de la libertad, torturas en 19 hechos, homicidio doblemente agravado (16 hechos) y tres tentativas de homicidio". Según fuentes consultadas, cinco de los seis marinos habrían sido los que dispararon a quemarropa.

De este modo, el juez Sastre, habría encuadrado el caso en un delito de lesa humanidad. Si bien la Corte Suprema determinó jurisprudencia al respecto en los hechos ocurrido entre 1976 y 1983 para el juez existe gran similitud entre el terrorismo de Estado de esos años y lo que ocurrió en 1972: los militantes fueron detenidos ilegalmente, en un lugar que no era de detención, fueron torturados y después asesinados sin un juicio previo. De no considerarse así, la causa ya hubiera prescripto.

Sastre reconoció que "por información de inteligencia sabemos que los marinos Sosa y Bravo (los principales sospechosos de haber liderado la masacre) tendrían vinculaciones comerciales con empresarios de Estados Unidos, país al que viajaron con frecuencia en los últimos años. Incluso, el ex capitán Sosa habría pasado un período de vacaciones en las cataratas del Niágara. “Pero creemos que están acá, porque regresaron y están domiciliados en el país. Igual se los buscará por todo el mundo hasta encontrarlos", añadió el magistrado, para quien el proceso que se inició es muy largo pues viene "la indagatoria, si quedan detenidos, 10 días para resolver la situación procesal, e hipotéticamente está el camino de apelación a la Cámara" de Comodoro Rivadavia.

En la "Masacre de Trelew" murieron 16 miembros de organizaciones armadas. Una semana antes, habían intentado fugarse de la Unidad 6 de Rawson y fueron capturados en el viejo aeropuerto de Trelew. Otro grupo, entre los que se encontraban Roberto Quieto, Mario Santucho y Enrique Gorriarán Merlo, logró secuestrar un avión y huir a Chile. Los apresados fueron trasladados a la Base Aeronaval Almirante Zar, donde fueron fusilados.

Solo sobrevivieron Alberto Miguel Camps (FAR) y los militantes montoneros María Antonia Berger y Ricardo René Haidar, quienes relataron con posterioridad que en el interior de la zona de calabozos se produjo una cacería humana y ellos fueron baleados cuando intentaban protegerse debajo de los camastros. Los tres luego fueron víctimas de la última dictadura.

Para el secretario penal Gustavo Lleral, si se determina técnicamente que las balas impactaron en la parte inferior del rincón de la celda, quedará acreditado que se los buscó con la intención de ultimarlos y no que fueron heridos producto de un enfrentamiento armado en un intento de fuga como dijo la versión castrense de la época.

Ese había sido el último trámite en torno de la causa, lo que incluyó el peritaje de expertos físicos del Instituto Balseiro a las instalaciones de la base de la armada.

De las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), murieron los militantes Carlos Alberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon y María Angélica Sabelli.

También murieron los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Capello, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Clarisa Rosa Lea Place, José Ricardo Mena, Miguel Angel Polti, Ana María Villarreal de Santucho, Humberto Segundo Suarez, Humberto Adrián Toschi y Jorge Alejandro Ulla.

La lista de las víctimas fatales se completa con los militantes de la organización Montoneros Susana Graciela Lesgart de Yofre y Mario Pujadas.