Después de que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara en general y en particular el proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, las expresiones de preocupación de distintos sectores no tardaron en llegar. Sobre todo, en cuanto a la delegación de facultades, la "moderna" reforma laboral y la eliminación de la moratoria. 

En diálogo con Salta/12, el abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta sostuvo que hay que tener presente el contexto donde se dio la media sanción. Destacó que sigue vigente el decreto 70/23 y que no ha sido tratado en el Congreso; asimismo, cuestionó que el Poder Judicial se niega a "controlar la constitucionalidad" de este decreto. 

Aguirre Astigueta aseguró que ese decreto de necesidad y urgencia "genera un problema de un fenómeno excesivo y dañino de concentración de facultades" en el presidente Javier Milei, que "claramente está buscando cambiar de raíz el sistema económico social de la Argentina". Por lo que sumar una nueva herramienta, a través de la Ley de Bases, que incrementa esas facultades, sólo "va a generar mucha tensión con el Estado argentino en sede internacional", específicamente en cuanto a derechos laborales, previsionales y culturales, que están sostenidos y garantizados también por pactos internacionales. 

En el proyecto de Ley de Bases está estipulado que el Ejecutivo nacional tendrá la delegación de facultades en 4 de 11 materias que tenía el proyecto original de diciembre, la administrativa, económica, financiera y energética, por el plazo de un año.

Para Aguirre Astigueta, el DNU 70/23 y la Ley de Bases implican una "regresión jurídica clara en muchos de los derechos que están consagrados para todos los argentinos". A esa regresión sumó su preocupación particular por el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI), que propone beneficios impositivos exorbitantes para quienes inviertan más de 200 millones de dólares, algo que fue apoyado por los gobernadores del NOA (entre ellos el de Salta, Gustavo Sáenz) para atraer las inversiones mineras. 

El abogado constitucionalista cuestionó cómo está establecido este régimen ya que percibe una despreocupación sobre el orígen lícito de esozs fondos, "a los cuales además se los premian porque no se cobran multas". El proyecto dice que se los puede declarar y que no es necesario invertirlos en el país. "Creo que esto va a generar conflictos también con todo el sistema de lucha contra los activos ilícitos o de origen financiero espúreo, así que me parece que ese es un panorama de mucha tensión con los controles internacionales que Argentina como Estado tiene", manifestó. 

Los trabajadores en soledad

Para la abogada y reconocida militante Susana Aramayo, también es preciso retomar el DNU 70/23, pues recordó que el capítulo que afecta a los derechos laborales está suspendido en cuanto a su vigencia y efectos por las Cámaras Laborales Nacionales. Por lo que manifestó que con la Ley de Bases nuevamente se vuelve a retrotraer los derechos de las y los trabajadores al Siglo XIX. 

Aramayo afirmó que el sector trabajador se quedaría sin convenios colectivos, sin indemnizaciones, con período de prueba de casi un año, sin obras sociales sindicales y sin multas por la no registración. "Negociando en soledad y total asimetría salarios y condiciones", expresó. 

Además recordó que en cuanto al paquete fiscal, que también se aprobó en Diputados, se dio luz verde a la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. El nuevo mínimo no imponible -los ingresos a partir de los cuales se cobra el impuesto- será de $ 1,8 millones brutos (el sueldo antes de los descuentos) para solteros y $ 2.340.000 para casados con 2 hijos.

"Se restaura una total indefensión, precarización y flexibilización en peores condiciones que las que vivimos en los años 90", expresó la abogada. 

Acelarar el modelo de achicamiento

Por su parte, el licenciado en Ciencia Política y defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta, Federico Núñez Burgos, llamó la atención sobre el debilitamiento del control legislativo que implica la Ley de Bases. 

Hizo mención específica a la delegación de facultades y recordó que el mecanismo es excepcional, "aunque los argentinos estamos acostumbrados a que la excepcionalidad sea la regla",. En ese sentido, dijo que la Ley de Bases habilita al Presidente a iniciar un "enorme plan de reformas estatales con escaso y seguramente tardío control legislativo". 

Asimismo, sostuvo que la delegación de facultades permitirá que la "nueva fase neoliberal en la Argentina despliegue su modelo de achicamiento (reordenamiento) del Estado, detrás de la hipótesis de que un Estado pequeño resuelve los problemas del equilibro macroeconómico". En el mismo sueño neoliberal se enmarcan otra de las cuestiones a tener en cuenta: la reforma laboral, "que desbarata el llamado empleo de calidad y la seguridad social". 

El defensor del Pueblo recordó que en el siglo XXI el “empleo de calidad” era "un baluarte del modelo de empleabilidad en la Argentina, siendo de las últimas economías en la región que lo sostienen, por su extensión y universalidad". Pero la nueva fase neoliberal "responsabiliza claramente a este modelo de empleo por los malos resultados en el mercado de trabajo". 

Retomando la experiencia de los años 90, rememoró que por medio de la quita de cargas patronales y flexibilidades de empleo se dio "un crecimiento nunca antes visto" en la historia argentina del siglo XX en los altos índices de desempleo registrados, ya que tampoco estuvo "acompañado por un proceso de inversiones de capital que en el mediano o largo plazo permitieran la reincorporación de los trabajadores al sistema". 

Afirmó que el capítulo laboral de la Ley de Bases se "tiende a disociar aquello que llama corresponsabilidad y claramente se responsabiliza al empleado -que es es el actor mas débil en la relación- del sostenimiento de la calidad de su empleo". Aseguró que se trata de un cambio de paradigma que, en las experiencias anteriores, "dio como resultado un fuerte aumento del desempleo de largo plazo y la precarización -entendida como oposición a empleo de calidad- de las condiciones de trabajo de los sectores populares". 

En ese sentido, dijo que resulta "altamente preocupante el efecto de un nuevo marco de relaciones laborales cuya experiencia inmediata ha sido el empobrecimiento general y la marginalidad de amplios sectores de la población al empleo y la seguridad social". 

Respecto de la modificación de la edad jubilatoria de las trabajadoras argentinas (que pasó de 60 a 65 años), la calificó de "reprochable, pero poco sorprendente", ya que lo más sorprendente sería que "no se haya elevado la edad mínima jubilatoria a los 70 años", dijo en torno irónico. 

Sostuvo que en un país que no ha resuelto las diferencias regionales, el federalismo distributivo, la equidad en el desarrollo económico, la integración de los mercados y demás, "es verdaderamente peligroso la eliminación de las llamadas moratorias previsionales porque directamente excluye de la seguridad social a millones de personas", puesto que se le cercenan las posibilidades de acceso a jubilaciones y pensiones como "mecanismo de integración social", lo que profundizará la fragmentación, "prolongando la edad para el retiro, precarizando las condiciones laborales de esos colectivos etarios y sobrecargando las necesidades de respuestas de un sector público donde “no hay plata” para responder a las demandas sociales". 

Seis de los siete diputados y diputadas por Salta acompañaron la iniciativa del Ejecutivo. Votaron a favor el proyecto en general: Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega, por el bloque Innovación Federal (IF), y María Emilia Orozco, Julio Moreno y Carlos Zapata, por la La Libertad Avanza (LLA). En contra, solo votó Emiliano Estrada, de Unión por la Patria (UxP).