Con el 24 de marzo soplándoles en la nuca, los jueces de la Corte Suprema firmaron un fallo de tres renglones en el que por primera vez dan marcha atrás con la aplicación del beneficio del cómputo del 2x1 para los represores que el propio tribunal concedió el 3 de mayo del año pasado. Aquella sentencia había desatado un reclamo social inmenso que se volcó en una movilización masiva ante la posibilidad de que decenas de genocidas recuperaran la libertad y luego el Congreso aprobó una ley que establecía que la reducción del tiempo en prisión con aquel cálculo no se podía aplicar a delitos de lesa humanidad, delitos de genocidio o crímenes de guerra. A partir de ese escenario la Corte informó en un comunicado que resolvería otros reclamos sobre el mismo tema a la luz de la norma modificada. La nueva decisión fue firmada anteayer, un rato antes del despliegue del presidente supremo, Ricardo Lorenzetti, con anuncios de reformas y autocrítica en el Palacio de Justicia. Sin embargo, no fue publicada en el Centro de Información Judicial ni difundida por los cortesanos. Es el rechazo por “inadmisible” de un recurso que había presentado Jorge Humberto Appiani, un ex militar y abogado condenado a 18 años de prisión en la megacausa Area Paraná por secuestros y torturas de 27 víctimas. Desde diciembre los jueces tenían escritos los votos para revertir el 2x1 a los genocidas con una fundamentación desarrollada, pero optaron por un atajo menos comprometido, que no requiere explicaciones. Aquel caso que dejaron en el freezer, casualmente, era el pedido para conseguir la libertad que había hecho el último dictador, Reynaldo Benito Bignone, fallecido ayer.  

El fallo supremo del año pasado que desató el rechazo popular y de un amplio arco político, había sido firmado por Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda habían votado en disidencia. El nuevo fallo de esta semana no exhibe fundamentos porque se basa en una fórmula llamada “280”, un artículo del Código Procesal Civil que permite rechazar un planteo sin dar argumentos. El tribunal suele echar mano de él cuando quiere lograr un efecto sin comprometer un desarrollo argumental. En esta ocasión firmaron Lorenzetti, Maqueda y Rosatti. Este último, como es evidente, admitió un cambio de posición  que guarda coherencia con su postura del año pasado: su voto de entonces decía que con la ley que estaba vigente un acusado de crímenes de lesa humanidad, podía pedir el 2x1. Pero la ley cambió, fue reinterpretada por los legisladores, apenas unos días después aquel fallo supremo, por ende hoy la situación es otra.   

Appiani recurrió a la Corte para pedirle el mismo beneficio que recibió el represor Luis Muiña al aplicarle la vieja ley del 2x1 que contaba dobles los días de prisión sin sentencia firme desde el segundo año de detención. El caso de Muiña había sido elegido entre más de una decena de expedientes que se había dedicado a rastrear especialmente el juez Rosenkrantz, el más afín al presidente Mauricio Macri –que lo designó– y también la Grupo Clarín, con el que tuvo cierta vinculación como abogado. Como era cantado, sería invocado por otros acusados en casos de lesa humanidad. Lo que quizá en el tribunal no imaginaban era el impacto en la opinión pública que tendría el fallo. Creyeron que pesaba más la campaña de Macri contra lo que llamó “el curro de los derechos humanos”. Tampoco esperaban que los  tribunales inferiores se rebelaran como lo hicieron, sin acatar la línea de esa sentencia. Enseguida después de la reforma de la ley en el Congreso, que dejó a los represores afuera del cómputo del 2x1, los supremos anunciaron que iban a recalcular. En el ínterin notificaron a las partes de más de una decena de casos para que se expidieran. Luego fueron llegando más casos. Pero pasaron diez meses y no resolvieron nada. Hasta ayer.

En rigor, tenían todo dado para dar el debate final y fallar en un recurso que había presentado Bignone. Los votos estaban redactados y fundados, con la novedad de que dos de los supremos admitían un cambio de posición: Rosatti y Highton de Nolasco. Pero la jueza faltó al plenario alegando enfermedad. El expediente tampoco fue tratado en el siguiente acuerdo de los jueces y la jueza. Era una decisión política evitar despedir el año con un anuncio favorable a la política de Memoria, Verdad y Justicia, que la Corte ya no menciona entre sus principales políticas de Estado actuales, como se pudo advertir en el discurso de Lorenzetti d esta semana. Los votos para el caso Bignone estaban en un sector del máximo tribunal conocido como “Copias”, donde un grupo de expertos los corrige y coteja que las citas y la jurisprudencia referidas sean correctas. Desde esa dependencia el expediente pasa al acuerdo. Pero cualquier juez o jueza del tribunal puede llamar y frenar ese pase. Ahora, el pedido del último presidente de facto que arrastraba diez condenas –tres a prisión perpetua– será abstracto.

Ya entrado marzo esa causa estaba varada en “Copias”. Pero Lorenzetti, Maqueda y Rosatti buscaron otro caso, y sobrevolaron el tema en un acuerdo donde coincidieron en la interpretación de que si regía una nueva ley (27.362) no necesitaban explicar demasiado sobre la decisión.  El fallo dice simplemente: “Considerando, que el recurso extraordinario es inadmisible (artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se lo desestima”. El acuerdo del martes se hizo antes del acto de apertura del año judicial encabezado por Lorenzetti con gran despliegue mediático y la convocatoria a un debate sobre reformas judiciales. En el discurso, todas las referencias al desarrollo de los juicios de lesa humanidad fueron señaladas en tiempo pasado, entre logros de la Corte, pero no hubo mención de lo que sucede en el presente. Estaban los cinco supremos ese día, pero Highton y Rosenkrantz no pusieron su firma ni votaron en disidencia. Bignone aún estaba con vida, y su fallo escrito, guardado en un estante. La decisión finalmente adoptada, aun en su brevedad, tiene consecuencias: la Corte no va a desautorizar a los tribunales inferiores que rechacen el 2x1 y ella inclusive debería aplicar el mismo criterio, o más desarrollado, a los reclamos pendientes.

La Corte había hecho una tibia aproximación silenciosa al fallo de esta semana en febrero, cuando rechazó un recurso de Raimundo Oscar Izzi, que pedía que le revocaran la prisión preventiva por crímenes cometidos en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo, que le fue prorrogada por un año más tras cumplir dos. El tribunal también utilizó el artículo 280, pero en esa oportunidad sumó su firma Highton de Nolasco.

Appiani, que será el nuevo caso testigo de la Corte sobre el 2x1, fue militar y socio como abogado de Jorge Olivera, con quien defendió a Guillermo Suarez Mason, Emilio Massera entre otros jerarcas a la última dictadura y también al criminal de guerra nazi Erik Priebke. Olivera estuvo prófugo cuatro años, hasta que fue recapturado en enero de 2017 en el baúl de un auto en San Isidro. Appiani fue condenado en una megacausa llamada Area Paraná por su papel entre 1976 y 1977 como auditor del Ejército y auxiliar del consejo de guerra estable que juzgó y condenó a presos políticos sin las garantías que, en cambio, tuvieron siempre al ser juzgados los acusados de crímenes del terrorismo de Estado.