"Ante el posible riesgo de colocar al Estado en situación de responder a nivel internacional, corresponde habilitar la vía intentada”, sostuvieron los jueces Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, al aceptar un recurso extraordinario para que la Corte Suprema resuelva sobre una denuncia por privación ilegítima de la libertad contra la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala. El recurso fue presentado por la propia Sala con el patrocinio de su abogada Elizabeth Gómez Alcorta y el abogado y consejero del Pontificio Consejo de Justicia y Paz del Vaticano, Juan Grabois. 

Ledesma y Slokar subrayaron en su fallo la "Decisión 31/2016 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria perteneciente al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas", que a fines de octubre reclamó la "inmediata liberación" de Sala al considerar sufre una "detención arbitraria".  

La denuncia original fue realizada en febrero por un grupo de diputados del Parlasur, patrocinados por Pablo Llonto y Damián Loretti, contra tres jueces y una fiscal de la justicia jujeña por la detención ilegal de su colega, y en el que exigieron que se reconozcan los fueros correspondientes como parlamentaria del bloque regional.

La líder de la Tupac Amaru fue detenida el 16 de enero de este año, cuando llevaba adelante una protesta frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, acusada de instigar a “cometer delitos y tumultos”, una falta contravencional. A los pocos días fue excarcelada por esa causa, pero de todos modos fue mantenida cautiva por otras denuncias.

A la resolución del grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, se le sumaron las comunicaciones de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, antecedentes que sustentaron el recurso ante la Corte y que aumenta la presión sobre el tribunal presidido por Ricardo Lorenzetti.  

Con los mismos argumentos, Gómez Alcorta y el otro abogado de la defensa de Sala, Luis Paz, habían presentado ayer otro recurso extraordinario ante la Corte Suprema por la causa que se sigue en la Justicia jujeña respecto de la revisión de los fueros y la privación de libertad.  

A principios de noviembre, cuando se presentó el recurso habilitado esta tarde por Casación, Grabois exigió que el fuero federal “se digne a tratar un tema que viene pateando hace ocho meses con idas y vueltas del más farisaico ritualismo procesal”. 

El recurso extraordinario fue motivado por la demora en la resolución de la denuncia presentada originalmente en febrero. El expediente contra tres jueces y una fiscal estuvo 45 días parado en el juzgado federal de Jujuy, que debía evaluar la posibilidad de avanzar con la investigación. La denuncia había recibido además la intervención de la Procuvin (la Procuraduría de Violencia Institucional), que encuadró la detención como una privación ilegitima de la libertad.

El juzgado, sin embargo, se declaró incompetente y dijo que el caso debía ser tratado por la justicia provincial. Esa decisión fue ratificada más tarde por la Cámara de Apelaciones de Salta. Entonces, Milagro Sala, como querellante, apeló a la Cámara de Casación, que denegó el recurso al entender que estaba mal planteado por una cuestión formal. Ahora, la Sala II puso fin a las demoras, aceptó el recurso y la Corte se deberá pronunciar.