La familia del joven busca que el espionaje que sufrieron no quede impune
Otro pedido de justicia por Maldonado
El hermano de Santiago Maldonado apeló ante la Cámara Federal la decisión de pasarle al juez Guido Otranto la causa por el seguimiento realizado a la familia. En el expediente figura como imputado el funcionario del Ministerio de Justicia, Gonzalo Cané.
Sergio y otros familiares de Maldonado junto a Nora Cortiñas.Sergio y otros familiares de Maldonado junto a Nora Cortiñas.Sergio y otros familiares de Maldonado junto a Nora Cortiñas.Sergio y otros familiares de Maldonado junto a Nora Cortiñas.Sergio y otros familiares de Maldonado junto a Nora Cortiñas.
Sergio y otros familiares de Maldonado junto a Nora Cortiñas. 

El 11 de agosto estaban en un hotel de la avenida Corrientes, habían participado de un acto en Plaza de Mayo y ya de madrugada, en la habitación de al lado Sergio Maldonado escuchó que alguien leía partes exactas del discurso que había dado allí su compañera, Andrea Antico. Maldonado relató éste y otros episodios en los que fueron seguidos y espiados mientras buscaban a su hermano Santiago, desaparecido tras la represión a la protesta mapuche en territorio recuperado de Cushamen el 1º de agosto, cuando se cumplía un mes de la detención del lonko Facundo Jones Huala. Fue ayer en la Cámara Federal adonde apelaron la decisión de la justicia federal porteña de poner la causa nada menos que en manos del juez federal de Esquel, Guido Otranto. En ella el funcionario del ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané, ya figura como imputado.

Ante el camarista Martín Irurzún, Maldonado contó que en otro viaje estaban “en un lugar adonde ni habíamos hecho reserva con Norita (Cortiñas), nadie podía saberlo, y aparecieron los funcionarios del Ministerio de Seguridad Gerardo Milman y Daniel Barberis, otro de apellido Garrido y una mujer, con la excusa de que no podían encontrarme por teléfono”. En ese momento de la audiencia, Myriam Bregman, autora de la denuncia, intervino para enfatizar que “es personal de alto rango de Seguridad, corresponde que la investigación siga en esta ciudad”. Maldonado, hermano del joven tatuador que apareció muerto el 17 de octubre en el mismo lugar donde había sido visto por última vez mientras Gendarmería reprimía una protesta por el encarcelamiento de Jones Huala, viajó desde Bariloche para ser escuchado por la sala II del tribunal, que en algunos días tiene que decidir si la causa originada en octubre por la denuncia del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) pasa o no a la justicia federal de Chubut. “Ya hay hechos y pruebas pero vamos a pedir que incorporen estos episodios, fuimos víctimas también del espionaje cuando estábamos tomando un café con Sergio (Maldonado) un día a las 9 de la mañana en Esquel y se sentó pegado a nuestra mesa un individuo, pasamos al levantarnos y vimos que en su celular estaba leyendo notas sobre Hebe de Bonafini, fue como si quisieran que nos diéramos cuenta que nos escuchaban”, dijo Bregman a PáginaI12.

El juez Otranto fue apartado del caso Maldonado por su falta de imparcialidad, y es quien permitió durante la primera etapa la injerencia directa del Poder Ejecutivo para proteger a los gendarmes sospechados. El espionaje, realizado en el marco del ya denunciado Proyecto X, consistió en relevar los movimientos de Maldonado y su compañera Andrea Antico durante las actividades de búsqueda de Santiago, como así también monitorear a referentes como Julio Saquero y Mabel Sánchez, de la APDH, que son querellantes en la causa principal por la desaparición y muerte de Santiago. Luego de que el juez federal Daniel Rafecas se declarara incompetente, a instancias del dictamen del fiscal Guillermo Marijuán, los representates de Maldonado –Bregman, Matías Aufieri, Liliana Mazea y Carlos Platkowski, del Ceprodh– apelaron porque consideran que la competencia territorial es de CABA ya que las órdenes de los funcionarios fueron impartidas desde el ministerio que conduce Patricia Bullrich.

La actividad denunciada salió a la luz en la propia causa principal, donde quedaron en evidencia decenas de comunicaciones entre el Centro de Reunión de Información de Gendarmería en Neuquén y Fabián Méndez, jefe del Escuadrón de El Bolsón, en las cuales traficaban información de la actividad de los familiares, organismos, pobladores originarios y manifestantes que en todo el país reclamaban por la aparición de Santiago Maldonado, para lo cual usaron líneas de telefonía celular desde Buenos Aires. El colmo del asunto es que el encargado de investigar esa actividad sería el mismo juez que filtró la información desde su propio despacho.

Gonzalo Cané, secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas y emisario de Bullrich, pretendía que sólo se hicieran peritajes de los celulares del 1 de agosto, día de la represión de Gendarmería sin orden judicial en Cushamen, con el objetivo de encubrir el espionaje que ya venían desplegando sobre los sectores que denunciaban al gobierno nacional luego de la desaparición. Lo hacía bajo la sutileza de “preservar el secreto y la confidencialidad que requiere la información concerniente a la seguridad interior”. Entre las pruebas del espionaje consta que el 4 de agosto, a las 17.30 el CRI (Centro de Reunión de Información) de Neuquén informaba sobre una “concentración en Plaza Pagano” de El Bolsón. Y detallaba que los manifestantes “marcharían a la escuela 35” pero que “por orden de Maldonado (Sergio) se reorganizan y se dirigen a la casa del jefe de escuadrón 35”. Tres días después, el lunes 7, otro mensaje recibido en el celular de Méndez decía “Andrea Antico y Sergio Maldonado van al Centro Cívico. Son matrimonio” (sic).

Así como en su momento en la causa principal se presentó en forma espontánea el gendarme Emmanuel Echazú y quedó imputado, lo mismo sucedió en este expediente con Cané. Así, más allá de que terminen procesados o absueltos, obtienen acceso directo a las investigaciones.

En noviembre de 2011 Bregman denunció la existencia del Proyecto X, una enorme base de datos montada por Gendarmería, centralizada en Campo de Mayo. Este diario difundió en exclusiva el detalle de la presentación judicial, que poco avanzó en el juzgado de Sebastián Casanello. Ese espionaje surgió de las causas contra trabajadores de zona norte del Gran Buenos Aires, procesados por su activismo gremial.