En las multitudinarias movilizaciones del 8M en España se marchó contra las violencias machistas, la brecha salarial y la precarización del empleo. Pero el aborto no fue un reclamo. Es que desde 2010, cuando eliminó del Código Penal, la interrupción voluntaria de embarazo se convirtió en un derecho, como ya lo era en la amplia mayoría de los países en Europa. Las mujeres españolas y las extranjeras residentes pueden abortar, de forma gratuita, dentro de las primeras 14 semanas de gestación con solo pedirlo y firmar un consentimiento informado. Para conocer más sobre cómo se aplica la ley, PáginaI12 entrevistó a Bernardo Acuña, ginecólogo argentino graduado en la Universidad Nacional de Córdoba y radicado desde fines de la década del 70 en España, donde abrió dos clínicas de salud sexual y reproductiva en las que se practican abortos. “Entre 1990 y 2015 habré practicado alrededor de 25.000 abortos”, estimó. Y agregó, de visita por Buenos Aires: “Es un derecho que tienen las mujeres: si quieren, lo ejercen”.

–¿Qué dicen las mujeres que piden un aborto?

–En general, llegan con su decisión clara y pocas dudas al respecto, incluso siendo la mayoría cristianas –dice Acuña, quien ahora está retirado de la atención médica directa, pero continúa asesorando en los dos centros médicos de su propiedad, que dirigió durante muchos años, uno en la ciudad de Granada y otra en Almerías. Vive en España desde fines de la década del 70. Fue vicepresidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para hacer Abortos (ACAI), de ese país.

–¿Le planteó contradicciones con su formación como médico el hecho de realizar IVE?

–Ninguna, en absoluto. Considero que si un profesional está capacitado y preparado debe hacer lo que una mujer solicita y necesita, ya sea estudios y tratamiento ginecológicos, controlar un embarazo, llevar adelante un parto, dar planificación familiar o interrumpir su embarazo.

En España, las mujeres pueden elegir tener la IVE en un hospital público o una clínica privada. “Es una práctica gratuita dentro del sistema de salud y en las clínicas acreditadas que tienen acuerdo con la seguridad social, para toda mujer española o extranjera residente”, explicó Acuña. La mayoría, 9 de cada 10, prefiere el sector privado –según el último informe oficial que cada año publica el Ministerio de Salud español–, tal vez para resguardar su intimidad o porque en el sector público pueden encontrarse con objetores de conciencia.

La ley española mantiene –como ya regía desde 1985– la interrupción por patología fetal y por salud materna (física y psíquica) hasta la semana 22. Y contempla la posibilidad de interrumpir el embarazo más allá de ese plazo, sin límites, cuando exista una patología fetal incompatible con la vida, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico. Y las adolescentes de 16 y 17 años pueden recurrir a una IVE sin necesidad de la autorización de sus padres.

En 2016, en ese país de fuerte tradición católica, 93.131 mujeres abortaron, de acuerdo con las últimas estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad Pública, difundidas en diciembre. Las cifras de interrupciones voluntarias de embarazo vienen descendiendo año a año –en 2010 se registraron 113.031– y son considerablemente menores a las estimadas oficialmente en la Argentina, donde los abortos inducidos se calculan entre 370 mil y 520 mil al año, de acuerdo con un estudio solicitado por el Ministerio de Salud de la Nación a las demógrafas Alejandra Pantelides y Silvia Mario y elaborado en base a datos del año 2000. Es decir, en España se realizan 10,36 IVE cada 1000 mujeres de 15 a 44 años, cuando en Argentina, de acuerdo con el mismo estudio de Pantelides y Mario, sería hasta 6 veces más alta: oscilaría entre 40 y 65 IVE cada 1000 mujeres de esas edades.

–¿Cuál es la tasa de mortalidad por aborto en España? –le preguntó Página/12 al médico argentino.

–La tasa de mortalidad en España es de 0,6 mujeres por cada 100.000 abortos, incluso sin causa directa por la técnica utilizada. Las complicaciones leves y sin trascendencia son alrededor del 1 al 3 por 100 casos: hemorragias que ceden con espera, tratamiento médico o excepcionalmente una segunda aspiración.

En España a las mujeres se les ofrecen para abortar una técnica instrumental (aspiración eléctrica continua) y otra farmacológica (con medicamentos, mifepristona y misoprostol combinados). La mifepristona no está autorizada en Argentina.

–Aun así, la mayoría decide por la primera, que demanda unos minutos y es más sencilla y rápida, con menos consultas y controles posteriores. Existe una corriente a nivel estatal, de intentar que la mujer utilice el aborto farmacológico, como en Francia, debido a que es más económico –señaló Acuña.