Cambiemos se disponía anoche a darle media sanción a los tres proyectos de ley en los que dividió el mega DNU firmado por Mauricio Macri. Sin embargo, hasta última hora continuaban las negociaciones para evitar que sea derogado al menos una parte de la iniciativa presidencial. El oficialismo primero logró evitar que la derogación sea tratada al inicio de la sesión. En segundo lugar, para avanzar en lo que el Presidente denominó “desburocratización del Estado” –con el respaldo del peronismo “dialoguista”– tuvo que quitar de los proyectos los puntos más cuestionados, como los que permitían el embargo sobre la cuenta sueldo de los trabajadores y habilitaban al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses a operar como actor financiero (por fuera de proyectos productivos que generen empleo) y crear fideicomisos con el dinero que sustenta el sistema previsional argentino. La discusión se dio en medio de fuertes críticas opositoras y el oficialismo dejó sin quórum el recinto una vez aprobados los proyectos de ley.

“Hoy nosotros estamos tratando los decretos de necesidad y urgencia de mala manera”, objetó Agustín Rossi. El jefe de la bancada del FpV-PJ sostuvo que “teniendo la posibilidad de ordenarnos parcialmente, derogando ese DNU, para después plantear el tratamiento de las leyes, no lo hacemos: nos proponen un tratamiento de atrás para adelante” y lo calificó como “un mamarracho parlamentario”. 

El Frente Renovador se sumó al reclamo. “Mientras el DNU duerme el sueño de nuestra ignominia, tiene validez jurídica”, objetó su jefa de la bancada, Graciela Camaño. “Deberíamos tratar el decreto como corresponde y dar el tratamiento después de los proyectos que van a modificar las leyes que están en el decreto”, insistió la diputada massista y propuso al oficialismo que al menos lo hiciera “mínimamente por vergüenza ajena”.

Dispuestos a sostener el DNU presidencial mientras los proyectos que los reemplazan no se conviertan en ley, Cambiemos rechazó la propuesta con la certeza de contar con el respaldo del peronismo “dialoguista” y partidos provinciales, propuso que lo votaran. El tratamiento de los proyectos que reemplazan el megadecreto consiguió los dos tercios: 167 votos afirmativos, con el aporte de aliados y opositores y solo 70 negativos del FpV-PJ y el Movimiento Evita y el FIT. En cambio, la moción de Rossi para cambiar el orden del temario logró 88 votos a favor (a los que se sumó el massismo) y 150 en contra encabezados por Cambiemos.

Aunque luego, en el transcurso de la primera sesión ordinaria del año (la última fue en 2016) el oficialismo comenzó a preocuparse porque no podía controlar ni acotar los debates, reclamos y cuestiones de privilegios que desataron los diputados opositores. Incluso algunos proyectos empujados por Cambiemos, que figuraban primero en el orden del día, complicaron el objetivo oficialista de avanzar rápidamente con las tres leyes que reemplazarán al mega DNU de Macri.

La discusión sobre las tres iniciativas oficialistas en un mismo paquete arrancó pasadas las 20 horas. La sesión había comenzado cerca de las tres de la tarde. El diputado macrista Daniel Lipovetzky, que preside la comisión de Legislación General, fue el encargado de defender las iniciativas del Gobierno. Para garantizarse el respaldo del interbloque Argentina Federal –que responde a un grupo de gobernadores peronistas–Cambiemos tuvo que sacrificar dos de los puntos más cuestionados después del fracaso intento salvarlos con distintos acuerdos: retirar la posibilidad que los acreedores puedan embargar las cuentas sueldos de los trabajadores que tiraba por tierra su intangibilidad y el capítulo que habilitaba al FGS de la Anses de poder participar en “la timba financiera” (como lo definió la oposición) con el dinero del sistema previsional. 

Desentendiéndose del DNU, Lipovetzky atribuyó a los proyectos el mismo objetivo que le había dado Macri a su DNU: “la desburocratización del Estado”.   

El primero en responderle fue el diputado Axel Kicillof (FpV-PJ). “El DNU es perjudicial, es para gobernar sin el congreso. Más que de modernización, es un engendro. Cada uno de estos puntos viene del sector privado que se lo impone al Gobierno. No son de necesidad ni urgencia”, dijo el ex ministro de economía. Rossi volvió a reclamar que los proyectos esquivaron el giro a ciertas comisiones para facilitar las iniciativas del oficialismo y evitar mostrar que el DNU presidencial pasaba por arriba de las atribuciones del Parlamento.

El massista Marcos Lavagna fue más conciliador. Afirmó que varios de los puntos de la iniciativa son temas atendibles pero cuestionó el “abuso” de los DNU. También sostuvo que las modificaciones a la Unidad de Información Financiera (UIF) –que la habilita a saltearse a los fiscales (como establece el código penal) y llegar a los jueces en las causas que promueve– son “pequeñas” y se necesita un abordaje para dotarla de mayor autonomía. “Hubo una extorsión al parlamento. No es la primera vez que el PEN actua de esta manera: nombró a miembros de la corte por decreto, vetó en 2016 la ley antidespidos, robo a los jubilados con la reforma previsional, cuando después del fracaso de la primera sesión amenazó con hacerlo por decreto”, soltó Nicolás del Caño (FIT-PTS).

La discusión de las 3 leyes que reemplazó al DNU vigente acabó más allá de la medianoche.