El desempleo vuelve a ser una amenaza para los trabajadores. La tasa de desempleo urbano del segundo trimestre de este año lo evidencia: 9,3 por ciento para el total del país y 11,2 por ciento en el Gran Buenos Aires. Cualquiera sea la fuente de información o el período de referencia que se tome para validar la tendencia de este indicador, la conclusión es que ha crecido. El presente económico del país despierta en la memoria de la población las alertas sobre la evolución del mercado de trabajo. Y aunque los indicadores laborales aún no alcancen los críticos niveles de los años posteriores a las reformas flexibilizadoras de la década del noventa, el desempleo ya comienza a registrarse como uno de los principales motivos de preocupación según diversos sondeos de opinión. No es extraño que el desempleo preocupe a la gente: la sola percepción de amenaza o posibilidad de pérdida del trabajo, genera problemas de salud.
Estudios sobre los efectos del desempleo entre la población trabajadora dejan algunas lecciones. Un gran número de investigaciones científicas han mostrado que la salud de los desempleados es peor que la de quienes trabajan: enferman más, tiene más problemas psiquiátricos y desa- rrollan más hábitos y conductas perjudiciales para su salud. Las causas de este impacto son diversas según los contextos políticos, culturales y personales. Sin embargo, se destacan algunas explicaciones recurrentes: la falta de ingresos económicos; el aislamiento social y la pérdida de la autoestima; y los comportamientos de riesgo para la salud (consumo de alcohol, tabaco, otras adicciones).
Una segunda lección de la evidencia acumulada es que en aquellos países que poseen amplia cobertura de seguro de desempleo, éste mitiga los efectos perjudiciales a la salud entre desempleados, mientras que no percibirlo aumenta el daño a la salud. Es decir, cuando se cobra el seguro de desempleo, la salud, aunque empeore, no empeora tanto.
Estos aprendizajes deberían iniciar una discusión sobre las políticas de empleo y de protección social. Sin embargo, lejos de ello, el gobierno ya insinuó reiteradamente su intención de recurrir al recetario liberal típico para resolver la desocupación: reformar la legislación del trabajo para introducir la flexibilidad laboral. Eso sí, siempre acompañada con pirotécnicas políticas activas de empleabilidad, como por ejemplo, cursos de coaching laboral; o incluso, una vez más, con resonantes propuestas transformadoras del sistema educativo sostenidas en hipócritas críticas de obsolescencia y anacronismos.
Miedos
Ante estas propuestas vale señalar algunas alertas a partir de la evidencia y conocimiento científico acumulado sobre las consecuencias que tienen la flexibilidad laboral y los procesos de precarización del empleo para la salud de los trabajadores. La precariedad laboral es una manera de regular y gestionar la fuerza de trabajo, propia de la relación salarial bajo condiciones de flexibilidad laboral en economías mundializadas. Las reformas laborales introducen formas de contratación cuya principal característica es su inestabilidad pero no es ésta la única de interés para la salud.
La precariedad laboral es un tema relativamente nuevo en la epidemiología social, no obstante, se sabe que muchas de las causas y mecanismos que inciden sobre la salud en personas precarizadas son similares a los que afectan a quienes están desempleadas.
Una primera alerta refiere a que la flexibilidad no sólo afecta la salud de los precarizados: quienes poseen empleos estables en aquellas empresas donde se introducen reformas o cambios no deseados por los trabajadores (alteraciones en su horario, lugar, puesto, funciones, jubilaciones anticipadas) empeoran sus indicadores de salud durante dichos procesos. En las reestructuraciones empresariales, aunque no se pierdan empleos, los trabajadores “sobrevivientes” atraviesan, al menos, algunas de las etapas iniciales de procesos destructivos para la salud.
Otra alerta que se puede destacar es que la sola percepción de inestabilidad en el empleo, es decir, el temor a perder el puesto de trabajo, es un riesgo para la salud. Por ejemplo, según algunos estudios anglosajones, entre los trabajadores que tienen temor al despido, la posibilidad de sufrir trastornos psíquicos es tres veces más alta y el riesgo de sufrir un infarto de miocardio aumenta un 35 por ciento respecto a quienes no se sienten amenazados.
Tercera alerta: los contratos temporales exponen a los trabajadores a riesgos laborales que aumentan la posibilidad de sufrir lesiones por accidentes de trabajo. Así, los empleados temporales, poseen tres veces más riesgo de padecer accidentes laborales y dos veces más de morir en esos accidentes,que aquellos con un contrato estable.
Vulnerables
Se han podido identificar algunas dimensiones sociales de la precariedad laboral que se encuentran condicionadas por las relaciones laborales mismas: la estigmatización o discriminación de los trabajadores a partir de la contratación laboral y la forma como ésta sirve para intensificar el trabajo de los precarizados y, de manera indirecta, de los empleados estables. Por lo tanto, la indefensión y vulnerabilidad de los trabajadores precarios hace que el sentimiento de temor sea el elemento decisivo en la relación laboral. Un estudio realizado en España demostró que la posibilidad de padecer peor salud mental era dos veces superior entre los trabajadores más precarizados respecto a quienes no lo eran.
La cantidad y la calidad del trabajo reflejan, entre otros, los logros sociales de un país. Y, muy en especial, si se considera el tipo de derechos laborales de quienes están en peor situación: las clases sociales más desfavorecidas, quienes tienen un menor nivel de estudios, las ocupaciones menos cualificadas, las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes. La ausencia de políticas económicas y de empleo que protejan el trabajo y sustenten relaciones laborales justas y dignas, es un gesto de complicidad con el deterioro de la salud colectiva y el aumento de las desigualdades en salud. La situación de desempleo, desprotección y precariedad laboral no es producto de las oportunidades perdidas por quienes no pueden trabajar, sino, sobre todo, de la orientación política de un gobierno. Ni la elección de esas políticas es inocente ni sus consecuencias sobre la salud son inocuas. Cuando eso ocurre, cuando las políticas de algunos dañan la salud de la mayoría, la participación social para cambiarlas se convierte en una necesidad urgente.
* Profesor del Grupo de Estudios en Salud Ambiental y Laboral (GESAL), Departamento de Ambiente y Turismo, Universidad Nacional de Avellaneda.
