El juez Claudio Bonadío procesó al fiscal federal Carlos Gonella por el presunto delito de violación de secretos luego de que difundiera información sobre una investigación penal que involucra a la jueza María Gabriela Lanz. La decisión “criminaliza la difusión de información sobre un funcionario del Estado relacionada con un asunto de interés público”, advirtió el CELS que asumió la defensa del ex titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). El procesamiento alcanzó también al fiscal en lo penal económico Emilio Guerberoff.

Gonella fue denunciado por Lanz luego de que publicara en su cuenta de Twitter un link de www.fiscales.org, el portal oficial de la Procuración General de la Nación, con información sobre una causa por lavado dinero que tenía a la jueza entre los imputados. El expediente estaba relacionado con uno de los casos de narcotráfico más importantes de la historia argentina (“Manzanas blancas”) por el que la pareja de la magistrada, Valentín Temes Coto, fue condenado a 20 años de prisión. El portal informó que Guerberoff hizo el requerimiento para que se investigue por lavado a treinta personas vinculadas con los condenados en Manzanas Blancas, incluida Lanz, quien fue dos veces garante de su pareja para pedir su liberación.

En marzo de 2014, Gonella difundió en Twitter la nota de fiscales.org con esa información y el link a una nota de Clarín que destacaba que “en una actitud de amor y transparencia, acompañó a su novio en todo el juicio en vez de ocultar esa relación”. “Monopolio mediático ahora defiende a la novia de narcotraficante condenado a 20 años”, apuntó el fiscal. Molesta por esa difusión, Lanz impulsó la denuncia de la que se hizo eco Bonadío, en plena tensión con la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó. Acusó a ambos fiscales de abuso de autoridad, de incumplir los deberes de funcionario público y de revelar secretos oficiales.

Ayer Bonadío los procesó argumentando que difundieron datos de una pesquisa incipiente en la que todavía no había llamados a indagatoria y que además afectaron la intimidad de Lanz que, a raíz de las publicaciones, fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura. “Queda claro que lo reprochado es la revelación de datos de un expediente penal que recientemente habría sido iniciado, al que tuvieron acceso única y exclusivamente por el propio ejercicio de sus cargos de fiscales”, sostuvo.

Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la decisión de Bonadío “criminaliza la difusión de información sobre un funcionario del Estado relacionada con un asunto de interés público” y señaló que “la restricción a las posibilidades de divulgar un contenido es un límite al derecho a expresarse. Además de la libertad de expresión, en este caso se pone en juego el acceso a la información en poder del Estado, un derecho fundamental de todos/as”, afirmó el organismo.