El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, recibió una buena noticia por parte del procurador interino, Eduardo Casal, nombrado por el presidente Mauricio Macri en reemplazo de Alejandra Gils Carbó. Casal hizo lugar al recurso extraordinario interpuesto por Farmacity —cadena controlada por el fondo Pegasus, que integra Quintana— ante la Corte Suprema para revisar el pedido de declarar inconstitucional dos artículos de una ley bonaerense que le impiden a la firma del funcionario hacer pie en territorio bonaerense. El procurador general se hizo eco de los argumentos de Farmacity y respaldó el reclamo, a pesar de que la Poder Judicial de Buenos Aires rechazó la presentación en todas las instancias. 

"Corresponde hacer lugar a la queja y declarar la procedencia del recurso extraordinario interpuesto, revocar la sentencia apelada", señaló Casal en su dictamen ante el máximo tribunal, paso previo para que la magistrados resuelvan. El recurso extraordinario llegó a la Corte en agosto pasado, luego de recibir rechazos en todas las instancias judiciales bonaerenses y deberá ser analizado por los supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, debido a los vínculos que mantienen con la empresa fundada por Quintana. 

El objetivo de la firma ligada al vicejefe de Gabinete es que el Poder Judicial invalide los artículos 3 y 14 de la ley 10.606, vigente desde 1987 en la provincia. Esos artículos impiden que la cadena de farmacias extiende su negocio a Buenos Aires debido a que la actividad está autorizada para empresas unipersonales, SRL, sin fines de lucro y mutuales; pero no a sociedades anónimas como Farmacity. Para la firma fundada por Quintana ese artículo "vulnera di versos preceptos federales", entre ellos, el decreto de Desregulación Económica del menemismo. 

Además, en la denuncia presentada contra la provincia de Buenos Aires, el fondo Pegasus reclamó otro punto que impide el crecimiento de su negocio: las "restricciones en cuanto a la localización de las farmacias" y argumentaron que "vulnera el régimen de la libre competencia garantizado". 

Esos argumentos fueron rechazados en todas las instancias del Poder Judicial bonaerense, que ratificaron la constitucionalidad de los artículos cuestionados. La Confederación Farmacéutica Argentina (CoFa) y el Colegio de Farmacéuticos bonaerenses se manifestaron en contra del avance de Farmacity y le exigieron a la Corte Suprema que "falle en forma justa y privilegiando los intereses de los bonaerenses". 

En el comunicado titulado "Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia", los farmacéuticos apuntaron contra las intenciones de la firma de Quintana. Respecto de la constitucionalidad de la ley, recordaron que fue "votada en democracia por los diputados y senadores que eligieron todos los bonaerenses".

En cuanto a la regulación que otorga una zona geográfica de acción a cada farmacia, el CoFa advirtió: "¿Las consecuencias a corto plazo? Por cada farmashopping que se instale en la Provincia de Buenos Aires cerrarán varias farmacias. Muchas personas quedarán sin trabajo y millones sin acceso a los medicamentos cerca de su casa". 

Además, el comunicado destaca el perfil de la ley 10.606, que "protege el sistema de salud y a la farmacia como servicio público", en contraposición con el modelo impuesto por Farmacity. "El objetivo de quienes están detrás de los farmashoppings es hacer negocios. Sin importar qué ley se interpone o las consecuencias que pueda acarrear". "Si da ganancia, da lo mismo que el negocio sea farmacia, heladería, cafetería o cancha de paddle", denunciaron.

A pesar de la oposición de los colegios de profesionales y las tres instancias del Poder Judicial bonaerense, el procurador interino nombrado por la Casa Rosada dictaminó en favor de la firma de Quintana y propuso a la Corte "hacer lugar a la queja y declarar la procedencia del recurso extraordinario interpuesto, revocar la sentencia apelada en cuanto declara la validez constitucional del artículo 14 de la ley 10.606, declarar la nulidad de los actos locales que se fundan en el impedimento que esa norma prevé y devolver los autos al tribunal de origen a fin de que se pronuncie acerca de la tacha de inconstitucionalidad que se endilga al arto 3° de la ley local 10.606".

A la espera del fallo de la Corte, que definirá la suerte de la jugada comercial del fondo Pegasus, el vicejefe de Gabinete anunció en una entrevista con el canal LaNación+ que espera vender "antes de fin de año" su participación en Farmacity para "evitar un eventual conflicto de interés".