En un seminario realizado en Buenos Aires, con participación de expertos internacionales, el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF) recomendó que “en toda investigación criminal relacionada con la muerte violenta de una mujer”, más allá de analizar la escena del crimen, el cuerpo de la víctima o el arma homicida “lo primero es tener una perspectiva de género”. En diálogo con PáginaI12, Sofía Egaña, integrante de ese cuerpo especializado, señaló que además de su trabajo en la identificación de las víctimas del Terrorismo de Estado, en los años noventa el equipo participó en la investigación de los femicidios ocurridos en Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua. Sobre la base de esa experiencia, Egaña sostuvo que es preciso realizar un trabajo científico para reconstruir “los elementos que no aparezcan expresamente en la escena, pero que están en la historia clínica de la víctima, en la historia de abusos anteriores, en los signos de otras violencias implícitas”. El EAAF participa hoy “en varios casos de femicidios ocurridos en Argentina y en México” y en algunos casos “se ha logrado la exhumación del cuerpo de la víctima” para modificar el rumbo de la investigación. 

En el seminario “La investigación forense en casos de femicidios”, el primero en su tipo, lo primero fue resaltar que en la escena del crimen es necesario buscar datos sobre “otros tipos de violencia, la simbólica, la económica, la social, dado que la violencia de género implica una visión del proceso en el que es necesario precisar como se llegó a cometer el crimen” porque un femicidio “no es un evento que se produce porque el agresor se levantó y asesinó a la esposa, a la hija o a otra mujer de la familia” sino que hay “un proceso previo, una violencia que fue creciendo y que termina en el femicidio”.

Sofía Egaña es docente del EAAF y coordinadora del seminario. En el comienzo de la charla con este diario recordó los comienzos de la EAAF, en 1984, y la influencia que tuvo en su formación el antropólogo forense estadounidense Clyde Snow, quien en 1985 fue testigo para aportar datos de su especialidad en la identificación de los cuerpos de personas desaparecidas en la Argentina y en esclarecer las causas de la muerte. El EAAF viene desde entonces aplicando y mejorando día a día las enseñanzas de Snow, no sólo en Argentina sino también en otros países de Centroamérica y Africa y en la República de Georgia.

A comienzos de los noventa, el equipo participó en la investigación de los crímenes cometidos contra la población civil en la llamada Masacre de El Mozote, ocurrida entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981, con intervención del Batallón Atlacatl, un grupo de contrainsurgencia de las Fuerzas Armadas de El Salvador que había sido adiestrado por la CIA en la Escuela de las Américas, donde también se formaron represores argentinos que participaron del Terrorismo de Estado entre 1976 y 1983.

Los femicidios comenzaron a ser investigados por el equipo en 2004, cuando sus integrantes fueron convocados para intervenir en Ciudad Juárez, en México, donde entre 1993 y 2012 fueron asesinadas no menos de 700 mujeres. El pedido fue formulado, como es lo usual, por organizaciones de familiares de las víctimas y organismos no gubernamentales. El trabajo se hizo sobre un total de 25 expedientes, previa recepción de testimonios de familiares, organismos, representantes legales de las víctimas y fuentes de la sociedad civil. Se hizo una evaluación sobre la estimación del número de jóvenes desaparecidas, de la cantidad de cuerpos hallados. 

El equipo de antropólogos argentinos logró identificar a 33 de las víctimas, sobre un total de 80 cuerpos encontrados cuyos datos genéticos fueron comparados con los de unas 74 familias que habían denunciado la desaparición de sus hijas. Al mismo tiempo, por pedido de otros familiares,  se hizo de nuevo el proceso de identificación de tres mujeres, en cuyos casos había intervenido un organismo estatal. “Las familias tenían dudas y en tres casos se pudo comprobar que la identificación era errónea”. 

Cuando se le preguntó si se pudo determinar un patrón de la conducta criminal en los hechos investigados en Ciudad Juárez, explicó que “eso se ve mediante el análisis integral de la investigación, pero uno de los problemas que tuvimos y que fue denunciado por los familiares fue la falta de una investigación profunda y consecuente”. En algunos casos, el expediente sólo tenía dos o tres carillas, en las que figuraba sobre todo la denuncia presentada por los familiares. 

“De todas maneras, en el análisis de los cuerpos esqueletizados, se pudieron sacar algunas conclusiones en casos en que se encontraban ocho cuerpos en un predio, juntos, con signos que podemos denominar con motivación de género, como ligaduras, abuso de la identidad sexual y otros datos que aparecían en los cuerpos, a pesar estar esqueletizados”. En el arroyo El Navajo, por ejemplo, se encontraron 28 cuerpos de jóvenes en los que era evidente la existencia de signos claros de la presencia de violencia de género y femicidio. Las cadáveres habían sido arrojados en la zona desértica de la ciudad, no muy lejos del casco urbano, totalmente expuestos, sin ser ocultados, en una especie de desafío producto de la impunidad. “Incluso se hallaron víctimas expuestas en la vía pública”, en lugares transitados a diario por los habitantes de Ciudad Juárez. 

Egaña recordó que, como consecuencia de las investigaciones, se produjo la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la causa conocida como Los femicidios del Campo Algodonero, donde fueron denunciados Edgar Ernesto Álvarez Cruz y José Francisco Granados de la Paz, quienes entre 1993 y 2003 fueron acusados de secuestrar, torturar, violar y asesinar a un número de entre ocho y 14 mujeres mujeres jóvenes. La CIDH condenó al Estado mexicano por las falencias en la provisión de Justicia y el equipo de antropólos forenses fue llamado a participar por el organismo internacional, junto con Clyde Snow. 

“Con la experiencia de Ciudad Juárez y la sentencia de Campo Algodonero, empezó una convocatoria de la que participaron los juristas, activistas y especialistas forenses, para la elaboración de protocolos, de guías de actuación que fueron analizadas durante muchos años en mesas de discusión”. Egaña señaló que “si bien estaban desde 1979 las recomendaciones de Naciones Unidas en contra de cualquier tipo de discriminación contra la mujer, medida que luego fue abonada por convenios internacionales más actuales, se entendió que era importante elaborar protocolos de actuación para la elaboración de la prueba, para lo que es la actuación médico-legista y la criminalista, junto a las formas jurídicas que cada país fue adoptando, porque ya existe en varios países la figura de femicidio como agravante y por esta convocatoria a especialistas de la región”. 

Egaña sostuvo que “ahora queda todo el trabajo de capacitación, sobre todo en dos aspectos: en instalar lo que es una perspectiva de género en toda investigación criminal de una muerte violenta de mujer y en una correcta recolección de la prueba, sin perder de vista que el crimen puede haber tenido una motivación de género”. Una de las recomendaciones principales es que todos los que intervienen en la investigación “deben tener en cuenta que no hay que descuidar la historia previa, porque en muchos casos el que comete el crimen es alguien que tenía una medida de restricción para no acercarse a la víctima, a la que se debe analizar desde el contexto familiar, cultural y social en el que ocurrió el hecho”. 

–Cuáles serían los puntos principales a tener en cuenta cuando se inicia una investigación por la muerte violenta de una mujer?

–En primer lugar, no invisibilizarla, trabajar siempre considerando que ante la muerte violenta de una mujer, desde el inicio, hay que trabajar con una perspectiva de género, incluso si se trata de un hecho que se presume a priori como accidente o suicidio.

–Bien puede ser un suicidio inducido.

–Por supuesto, y por eso hay que tener especial cuidado con las pruebas que se obtienen en el lugar del hecho, en la autopsia y otros estudios que se realicen, en la investigación de los antecedentes de la víctima, historias clínicas, historias de abusos previos. Hacer una ponderación de los elementos que se van reuniendo para saber si hubo o no conducta femicida. No es un dato menor, supone una mayor penalidad para el imputado. 

–¿Hay casos en la Argentina, en los que ustedes estén interviniendo? 

–En muchos casos, porque después de nuestra experiencia en Ciudad Juárez, hemos empezada a trabajar en casos particulares, en otros estados de México y también en Argentina. Siempre a pedido del familiar o de agencias especiales como la UFEM, Unidad Fiscal del Ministerio Público de asistencia a las mujeres o del Consejo de la Mujer. Nosotros hacemos una primera evaluación del caso para hacer nuestro diagnóstico y actuar en consecuencia. Eso puede determinar distintas acciones, desde exhumar un cuerpo o emitir opinión sobre periciales ya obrantes en el expediente. Eso depende de caso. 

–¿Se puede tener información, con la reserva del caso, de alguna causa en la que se haya logrado cambiar el rumbo de una investigación judicial?

–Es delicado hablar sobre hechos concretos, sobre algún caso testigo, pero lo que puedo decir es que hemos llegado en algunos casos a reconsiderar el expediente. En un caso reciente, en Argentina, hemos logrado la exhumación de un cuerpo. Se han dado casos en los que hemos tenido en cuenta las dudas de los familiares, sobre el rumbo de la investigación e incluso sobre la identificación del cuerpo de una mujer desaparecida por parte de organismos oficiales de la Justicia. Eso se produce en relación con lo que es nuestra experiencia de trabajo, con muestras muy degradadas, con cuerpos carbonizados en los cuales no es tan fácil la obtención del perfil genético. En todas nuestras intervenciones tiene que ver el bagaje que hemos obtenido analizando los casos de lesa humanidad”.