Cuatro años atrás, especialistas de la Fundación Sadosky –presidida por el propio Lino Barañao, titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva– comenzaron a pensar en la creación de un software para almacenar y comparar perfiles genéticos hallados en distintas escenas de crimen. El objetivo era contribuir desde la ciencia y la tecnología en la individualización de aquellas personas que cometieran delitos como lesiones graves, homicidios y violaciones, y así lograr un mejor funcionamiento de la justicia.
“En el sistema judicial argentino persiste una tasa de impunidad muy alta. Solo el 4 por ciento de las investigaciones penales deriva en condenas. Esta situación coloca en jaque al propio concepto de justicia y, en efecto, es comprensible que la confianza de los ciudadanos se vea resentida”, argumenta Gustavo Sibilla, coordinador general del proyecto. Como solución ante el vacío, en 2017 emergió GENis, un software desarrollado íntegramente en Argentina a partir del esfuerzo conjunto de la Fundación Sadosky, la Sociedad Argentina de Genética Forense, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal. Desde hace cuatro años, investigadores del Conicet, del Instituto Leloir y la UBA se dedicaron en exclusiva a la puesta a punto de un producto pionero en toda Latinoamérica. Un proyecto que lleva invertidos 10 millones de pesos; articula los esfuerzos del sistema científico-tecnológico, el aparato productivo (a través de la empresa Baufest) y el Estado (MinCyT); y surge como resultado de la amplia trayectoria que tiene el país en materia de ciencia y justicia, con el Equipo Argentino de Antropología Forense a la vanguardia.
Sin embargo, la negligencia y las contradicciones en las entrañas del Gobierno de Mauricio Macri obstaculizaron la aplicación de GENis a partir de la incorporación de CoDIS (Combined DNA IndexSystem), un software creado por el FBI que cumpliría con las mismas funciones que la versión local. No obstante, “a diferencia de GENis, este es un programa cerrado cuyo código fuente es propiedad del FBI. De modo que, potencialmente, el Gobierno de EEUU tendría acceso a los datos genéticos forenses que Argentina registre. Además, adoptar una herramienta cerrada implica renunciar a que los investigadores del país tengan margen para continuar con sus desarrollos”, apunta Sibilla. El argumento de peso que justificaba la contratación de la opción yanqui era su gratuidad. No obstante, como aclara Sibilla, si bien no cobran licencia, el estado argentino debe pagar por el hardware (kits para secuenciar el ADN) fabricado exclusivamente por dos empresas norteamericanas y costear a los capacitadores y las actualizaciones constantes que CoDIS requerirá en el futuro.
En este marco, cabe la pregunta: ¿el Gobierno argentino desconocía que ya se encontraba en proceso la implementación del software autóctono por el que ya se había invertido mucho dinero y años de esfuerzo de científicos locales? La génesis de la controversia debe ubicarse en marzo de 2016, en las vísperas de la visita del Barack Obama al país. En aquel momento, Patricia Bullrich y Noah Mamet –embajador de EEUU en Argentina– firmaron el “Acuerdo para incrementar la cooperación en la lucha contra el crimen grave”. El convenio preveía “el intercambio automatizado de los perfiles genéticos” pero como Argentina todavía no había puesto a punto GENis, y CODis ya contaba con 20 años de trayectoria, el mandato indicaba que –una vez más– el más débil debía sumirse a las reglas del imperio para cumplir con el espíritu del pacto.
“Se trata de un gran disparate lo que algunas áreas del Ministerio de Seguridad y el de Justicia impulsaron. Cayeron seducidos por el esnobismo que implica trabajar con el FBI, a pesar de sus evidentes desventajas. Aunque digan que CoDIS se emplea en 150 países, la realidad es que solo es aplicado en 44. Y si se analiza caso por caso, se advierte que de esa cifra, la gran mayoría de las naciones lo utilizan de modo experimental”, aduce Sibilla. El conflicto de intereses se vuelve más opaco –y se tiñe de bizarro– cuando en septiembre de 2016, Macri, acompañado de María Eugenia Vidal y Lino Barañao, desde la estación espacial Punta Indio –con el cohete Tronador II de fondo– lanzaba el Plan Nacional de Innovación Colectiva. El único programa formal creado durante la gestión macrista para el área de CyT, que supone la inversión de mil millones de pesos e incluyó a GENis como uno de los doce puntos estratégicos a cumplirse de manera privilegiada. Como frutilla del postre, la falta de planificación también recayó en el desinterés por revisar el pasado reciente. Aunque CoDIS llegará en los próximos meses para ponerse en funcionamiento, el Gobierno cordobés ya había solicitado por cuenta propia el empleo de la herramienta extranjera en 2007. La Legislatura había aprobado una ley para reglamentar su utilización, aunque, sin embargo, su aplicación continúa siendo una incógnita.
En mayo de 2017, por intermedio de la resolución 439-E, el Ministerio de Seguridad adoptó CODis. Advertidos de que el software del FBI llegaría en cualquier momento y que GENis, por su parte, conquistaba nuevos acuerdos con las autoridades provinciales, en enero de 2018, un equipo de especialistas del Ministerio de Justicia inspeccionó las oficinas donde se desarrollaba el producto local y quedaron impresionados por su calidad. No obstante, el equipo científico de Sibilla nunca recibió apoyo: “Nos hemos acercado en una innumerable cantidad de veces a los funcionarios de Justicia para ofrecerles nuestro software y nos hemos desvivido para que le den una oportunidad a una tecnología de nivel y hecha en casa”, asegura.
El interés de EEUU en conocer los perfiles genéticos de los argentinos es parte del programa imperialista que la potencia mundial utiliza como excusa desde los tiempos de la Guerra Fría para monitorear a sus vecinos del sur. Como el acuerdo firmado por Bullrich también habilita a las autoridades norteamericanas a quitar CoDIS en cualquier instante, Donald Trump y compañía buscan asegurarse el monopolio de la vigilancia internacional. Ello encaja perfecto en el rompecabezas de intenciones del Gobierno argentino que rechaza los esfuerzos –y los resultados– de la ciencia y la tecnología de bandera.
Potencialidades
En una escena del crimen, la policía científica releva indicios de todo tipo (como pueden ser huellas dactilares e imágenes de cámara de seguridad), mientras que son requisados elementos de valor para la investigación (teléfonos celulares y computadoras, entre otros). Sin embargo, como las personas dejan rastros de ADN a cada paso, los expertos también colectan evidencias biológicas: uñas, gotas de sangre, restos óseos y pelos. Una vez clasificadas, las pruebas se trasladan al laboratorio –según un protocolo de custodia para evitar “contaminaciones”– y a través de un secuenciador se procesa el material para extraer “marcadores”: segmentos de ADN empleados para constituir los perfiles genéticos de los individuos implicados en la causa. Por último, esta información puede registrarse en GENis, el software libre que opera como una sofisticada base de datos genéticos, lo que habilita el análisis cruzado y promueve una actuación más eficaz del aparato de justicia.
“Es un instrumento que contribuye a resolver los crímenes sin sospechosos. Hoy en día, al no contar con una base de datos de perfiles genéticos forenses, la evidencia biológica queda archivada. Nadie coteja un nuevo ADN con ejemplares extraídos de episodios precedentes. GENis, entonces,toma las evidencias disponibles y las comparara de modo automático; utiliza tasas de probabilidad y permite resolver si estamos en presencia de la misma persona que cometió un nuevo delito o bien si es otro sujeto implicado”, explica Sibilla. De este modo, significa un aporte en la sistematización de causas que en apariencia no estarían conectadas y promueve la celeridad en el sistema de justicia; ya que –como es bien conocido– la desorganización administrativa conduce a una pesada burocracia que atasca hasta las mejores intenciones.
Desde 2004, diecinueve jurisdicciones han promovido la creación de registros de datos genéticos forenses. Sin embargo, como no existía el software para gestionar la información, recién a partir de 2017 –con la puesta a punto de GENis– las provincias licenciaron el producto a la Fundación Sadosky. “Cuanto más grande sea la base de datos, mayor será la probabilidad de localizar al reincidente buscado. Una vez que los registros de las provincias estén constituidos, el objetivo es interconectarlos para armar un sistema nacional”, plantea. En esta línea, vale aclarar que si bien es cierto que ya existía un registro nacional genético (impulsado luego del caso de Ángeles Rawson, creado a partir de la Ley 26.879), solo tiene competencia en delitos contra la integridad sexual y no con todo el abanico de casos que contempla la nueva herramienta informática.
Las ventajas del software también pueden aprovecharse en la identificación de personas desaparecidas. De hecho, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) comenzará a emplearlo en el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad. En Argentina, mientras cientos de familias buscan a sus seres queridos, se producen cantidades considerables de inhumaciones de “NN”. GENis, también, podría colaborar en este sentido: “A partir de los datos biométricos y de una muestra de su ADN –registrada en el software– se abre la posibilidad de identificar parentescos. El objetivo es que nunca más se entierre a alguien que está siendo buscado, como sucedió con Luciano Arruga”, concluye.
