Al abogado Rubén Carrazone, de 63 años, imputado por el femicidio de su mujer, le dictaron la prisión preventiva bajo la carátula de “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber mediado violencia de género” en perjuicio de Stella Maris Sequeira, de 58. El juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santa Marina, lo acusó también por “falsa denuncia” porque cuando se presume que ocurrió el femicidio, en diciembre de 2016, en Ezeiza, el autor se presentó ante las autoridades denunciando el presunto secuestro de la víctima. El juez dispuso un embargo de un millón de pesos y señaló que Carrazone demoró dos días la denuncia del falso secuestro para hacer desaparecer el cuerpo de la víctima.

La denuncia del supuesto secuestro extorsivo de Sequeira se hizo el 31 de diciembre de 2016 y el imputado dijo que el hecho ocurrió en el barrio El Ombú, partido de Ezeiza, donde vivían. La denuncia fue presentada dos días después de ocurrido el supuesto secuestro de la mujer. El primer día del año 2017, Carrazone aseguró que había recibido un llamado extorsivo en el que le exigieron el pago de 80.000 dólares para liberar a la mujer.

A criterio de la fiscalía que investigó el secuestro, de la querella y ahora del juez, tal hecho nunca ocurrió y todo indica que fue una maniobra dilatoria para ocultar el femicidio. Por el supuesto secuestro estuvo detenido Miguel Angel Franco, de 62 años, quien fue sobreseído.

Carrazzone siempre negó haber cometido actos de violencia contra su mujer, pero el juez dijo que existen elementos suficientes para acreditar que el penalista y Sequeira mantenían una relación conflictiva de pareja y que él la golpeaba. Los testimonios reunidos permiten sostener que “que existían en la fase íntima de la pareja conflictos que iban más allá de las simples discusiones, incluyendo episodios de violencia del primero hacia la víctima”. En el fallo se descartó que la víctima haya querido “abandonar todo su entorno sin dejar rastro”.

El juez agregó que “es irrazonable suponer (...)  que cualquier persona (y en especial de las características de la víctima) haya renunciado de manera abrupta por cualquier tipo de motivación a tomar contacto con sus afectos, bienes patrimoniales y demás derechos personalísimos desde hace más de un año, sin que se tenga ni un solo rastro de su paradero”. En base a las evidencias, Santa Marina cree que el móvil del crimen pudo ser tanto por esos conflictos como por una motivación económica, ya que faltó dinero de Sequeira (50.000 dólares) de la casa que ambos compartían, aunque era propiedad de la mujer.

Una testigo relató que el día previo a su desaparición, la víctima le contó que iba a separarse y que su pareja tendría que irse “con un bolsito” como había llegado. El juez concluyó que se puede suponer que la demora en denunciar el secuestro fue para efectuar los arreglos necesarios para una coartada e incluso “para deshacerse del cuerpo”.