Una mirada histórica sobre la criminalización del aborto
El caso Marie-Louise Giraud

El 8 de junio de 1943, un tribunal francés condenó a la pena capital a Marie-Louise Giraud, una lavandera de la ciudad de Cherburgo, por haber practicado una veintena de abortos. El 30 de julio fue ejecutada en la guillotina de la cárcel de La Petite Roquete (París). Giraud era lo que se conocía popularmente como faiseuse d’anges (creadora de ángeles), una abortista “profesional”. La dureza de la pena sorprendió a jueces y policías, ya que nadie recordaba que un castigo semejante hubiera sido aplicado por un acto ante el cual las autoridades habían mostrado cierta tolerancia. El Código Napoleónico había definido al aborto como un crimen pero en la legislación republicana posterior quedó tipificado como un delito. Las leyes de la década de 1920 exoneraban a la mujer que abortaba pero castigaban con penas de prisión y multas a los terceros involucrados-médicos y “creadoras de ángeles”. Pero en la década del 30, la obsesión con la caída de la natalidad y el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial volvieron a crear una atmósfera contraria a las prácticas reproductivas maltusianas. La criminalización del aborto fue su expresión más extrema.

En febrero de 1942, el gobierno reaccionario del mariscal Pétain promulgó la Ley 300, que volvía a definir al aborto como un crimen. La medida estaba dirigida contra “cualquier individuo sobre el cual exista la presunción precisa y consistente de que el o ella han realizado o intentado realizar, de forma reiterada y por razones económicas, un aborto, independientemente de que la mujer estuviese real o supuestamente embarazada, o que hayan facilitado los medios para llevar a cabo el aborto” (Art. 1). No había necesidad de probar la existencia del crimen, su presunción era suficiente para condenar. La ley calificaba a los condenados como “autores, coautores o cómplices cuyas actividades amenazan al pueblo francés” (Art. 2). Se proponían dos cursos de acción: la privación de la libertad (internamiento administrativo) o el procesamiento por el Tribunal de Estado. Este era una jurisdicción especial creada por el gobierno en 1941 –momento en que se producen las primeros actos contra la ocupación alemana– con el objetivo de imponer sanciones excepcionalmente duras por fuera de lo establecido en el Código Penal. La decisión de procesar a Marie-Louise Giraud en una jurisdicción creada ad hoc para tratar cuestiones de enorme gravedad para la seguridad del Estado –como la resistencia armada– demuestra un grado de politización del cuerpo con pocos precedentes en la historia. Como puede leerse en los fundamentos de la sentencia del Tribunal de Estado de París –y también en algunas tesis de medicina de esa época– al criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo, la Ley 300 transformó a los abortistas en “asesinos de la patria” y al aborto en un “crimen contra el embrión, la sociedad, el Estado y la raza”, todo ello en un contexto en el cual se glorificaba a la familia numerosa y la maternidad mientras se deportaba a judíos y revocaba la nacionalidad a extranjeros naturalizados.

El andamiaje represivo que condujo a la única ejecución por aborto de la que se tiene registro en la historia moderna no fue obra exclusiva de un régimen político empecinado en desandar el camino iniciado en 1789. Tenía sus orígenes en la campaña llevada a cabo por las organizaciones antimaltusianas en los últimos años de la Tercera República. La más importante fue la Alianza Nacional contra la Despoblación, creada en la década de 1890 y dirigida por Fernand Boverat. Este cruzado de la ideología natalista, admirado en Argentina por figuras de la talla de Gregorio Aráoz Alfaro y Alejandro Bunge, movió cielo y tierra para que el Estado francés reconociese la función patriótica de las familias numerosas a través de medidas similares a las adoptadas por las dictaduras nazi y fascista, desde las exenciones impositivas y la discriminación “positiva” en el empleo a la condena de las prácticas anticonceptivas. La acción propagandística de la Alianza Nacional tuvo un rol fundamental en la construcción de un amplio consenso antimaltusiano. Sus ideólogos desplegaron una gran imaginación, y pocos escrúpulos para llevar el mensaje más allá del círculo de iniciados. No vacilaron en usar imágenes fuertes para convencer a la opinión de que el aborto era el peor de los crímenes. Un folleto titulado “La masacre de los inocentes”, que fue distribuido en reparticiones públicas, comparaba los distintos métodos para inducir un aborto con las torturas a las que eran sometidos los criminales en la antigüedad, como el aplastamiento, la asfixia, el empalamiento y la hoguera. El mismo documento describía al aborto como un “crimen” más vil que el asesinato de un anciano –a quien “se le roban los años menos felices de su existencia”– y un enfermo incurable –a quien “se le roban algunos años de sufrimiento”–, ya que “asesinar a un niño prenatal es robarle 60 años de vida”. Tras décadas de ejercer presión sobre la clase política y saturar la opinión con una retórica catastrofista, en 1939 el gobierno republicano promulgó un Código de Familia que incorporaba varios de los reclamos del lobby natalista. Mientras se aprestaba para la guerra, el Estado francés se lanzó a la caza de “creadoras de ángeles” y médicos abortistas. Su víctima más notoria fue la militante feminista Madeleine Pelletier, primera mujer médica diplomada en psiquiatría, que fue arrestada y encerrada en un manicomio bajo la falsa acusación de haber realizado un aborto en una menor.

* Profesor investigador (Departamento de Estudios Históricos y Sociales Universidad Torcuato Di Tella).

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