La crónica del sufrimiento de Ana María Acevedo empezó a ser registrada en mayo de 2006, cuando fue al hospital de su localidad, Vera, en la provincia de Santa Fe, porque tenía un fuerte malestar de muelas. Tras cinco meses de atención odontológica, el 23 de octubre de ese mismo año, fue derivada al Hospital Cullen, de la ciudad de Santa Fe. Allí le detectaron un cáncer en el maxilar y le extrajeron una parte del tumor de las partes blandas de su cuello. La familia siempre sostuvo que no le explicaron la gravedad del cuadro ni que debía tomar precauciones para no quedar embarazada.

El 23 de noviembre de 2006 fue derivada al Servicio de Oncología del Hospital Iturraspe, dependiente de la provincia de Santa Fe, pero ante la sospecha de que podía estar embarazada no le iniciaron el tratamiento por el cáncer porque la quimioterapia está contraindicada para la salud del feto. El embarazo se confirmó el 7 de diciembre. El 22 de febrero de 2007 el Comité de Bioética del Iturraspe se enteró del caso y lo analizó. La reunión quedó registrada en un documento escrito. Muestra claramente lo poco que valía la vida de Ana María para los médicos. “¿En algún momento se pensó en un aborto terapéutico? Por convicciones, cuestiones religiosas, culturales, en este hospital (y en Santa Fe) no”, dice el acta de la discusión. También precisa: “En este estadio de la enfermedad aún se puede hacer quimioterapia y radioterapia como chance para mejor calidad de vida”, pero “con el embarazo en curso ambas posibilidades terapéuticas se descartan”. Y más adelante sigue: “La familia, los padres expresan que no se le está haciendo nada. Y en realidad es así, pues se le está tratando el dolor pero no se combate la enfermedad”. Con esa negativa, Norma deambuló por los tribunales para reclamar el aborto terapéutico. La autorización nunca llegó.

El caso salió a la luz después de que Ana María fuera sometida a una cesárea, el 26 de abril de 2007. Ya estaba en la Unidad de Terapia Intensiva “en estado premorten, es decir, con una marcada insuficiencia respiratoria y falla de órganos”, según explicó el médico Emilio Schinner, en el expediente clínico. La criatura que dio a luz, de 22 o 23 semanas de gestación, sobrevivió 24 horas. Ana María murió el 17 de mayo.

En un primer momento, el entonces director del Iturraspe, Andrés Ellena, negó que la madre y el padre de Ana María hubieran pedido un aborto terapéutico. La mentira quedó en evidencia cuando se conoció la historia clínica de la joven. Le costó el cargo. Allí dice textualmente: “Se habla con la familia, padre y madre refieren querer realizar aborto, se habla con el director en presencia de los mismos y se les explica que no se puede realizar de ninguna manera. Familia muy agresiva, amenazando que va a recurrir a la Justicia”, dice el parte, fechado el 22 de marzo de 2007.

En 2008 la justicia dictó el procesamiento de los médicos que intervinieron en su caso, por los delitos de lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero la causa avanza muy lentamente. “Tendrían que estar presos los médicos por lo que pasó”, dice Norma Cuevas, madre de Ana María. 

La adolescente apenas había podido ir a la escuela primaria y trabajaba como empleada doméstica. A los 16 años había parido al primero de sus tres hijos. Antes de recibir el diagnóstico de cáncer, su madre –como ella era menor– había iniciado los trámites para que le hicieran una ligadura tubaria. “Tenía todos los papeles firmados, pero en el hospital de Vera no se la quisieron hacer”, recordó la mamá de Ana María. A la muchacha le negaron el derecho a acceder al método anticonceptivo elegido y también un aborto terapéutico, no punible de acuerdo con el Código Penal. Su historia y su nombre fueron recordados durante las distintas jornadas de la plenaria de comisiones en la Cámara de Diputados, donde se está debatiendo sobre la despenalización y legalización del aborto.