Carla Lacorte buscó justicia más de trece años. El 1º de junio de 2001, cuando regresaba a su barrio de Quilmes de la facultad donde estudiaba veterinaria, recibió un disparo por la espalda “a medio centímetro del corazón”, que la condenó a una silla de ruedas. Desde el principio se supo que fue un caso de gatillo fácil y que el disparo fue hecho por el policía Jorge Ignacio Salmo, que estaba franco de servicio, pero igual salió a correr, con otros agentes, a cuatro jóvenes que habían robado en un local de comidas rápidas. Los autores del robo iban por la vereda opuesta, pero Salmo le apuntó y le pegó a Carla. Ella cree que la quiso matar porque “después me querían acusar de participar en el robo como campana”. A Salmo lo absolvieron en 2004, lo condenaron en 2013 pero sólo estuvo preso diez días. Lo dejaron libre hasta agosto de 2014, cuando la Corte Suprema confirmó la condena a siete años de cárcel. Ahora, por pedido de su defensa, puede quedar libre antes de cumplir la mitad de la pena, mucho antes del tiempo que Carla necesitó para tener un poco de justicia. 

“Si Salmo está preso fue por los trece años de lucha contra la impunidad y la represión que llevamos adelante junto a familiares y organizaciones. No fue por la bondad de ningún juez, ni de ningún gobierno. Ahora quieren otorgarle un privilegio que no corresponde ni para los policías de gatillo fácil, ni para los genocidas de la dictadura. Salmo fue condenado a siete años de prisión.

 Si lo sueltan ahora no habrá llegado a cubrir tres años y medio de condena efectiva”, dijo Lacorte al hablar en un acto en el cual, personalidades y militantes de organizaciones políticas, sociales, gremiales y de derechos humanos se pronunciaron en contra de la libertad anticipada del oficial de la policía bonaerense que le disparó. 

Lacorte recordó que “el 60 por ciento de la población carcelaria va presa sin haber tenido condena firme y después cumplen la sentencia en su totalidad, mientras los asesinos de uniforme son premiados con este tipo de medidas”. 

Consideró que el hecho de que Salmo vuelva a estar en libertad “es un peligro porque jamás se arrepintió de su accionar, en gran medida, gracias a la impunidad con la que lo benefició la justicia quilmeña”, que lo absolvió en primera instancia y que luego tuvo que volver a juzgarlo, porque el fallo inicial fue modificado por la Cámara de Casación y ratificado por la Corte Suprema de Justicia. 

Carla Lacorte estimó que “sin duda hay que contextualizar este intento de dejar libre a Salmo con el aval que está dando el presidente Mauricio Macri a la práctica del gatillo fácil, que jamás se frenó en los gobiernos post dictadura, a través de la llamada doctrina Chocobar”. 

Lacorte, integrante del CeProDH y del PTS, agradeció el acompañamiento que tuvo cuando se presentó en el Juzgado de Ejecución Penal 2 de Quilmes. Entre otras personalidades, estuvieron presentes familiares de víctimas de la violencia institucional como Rosa Bru; Marta Ungaro; las Madres de la Masacre de la Comisaría Primera de Quilmes; Alejandrina Barry y Maine García del CeProDH; la diputada nacional del PTS en el FIT Nathalia González Seligra y dirigentes del Suteba; del MST; de ATE; del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, de Ciencias Sociales de la UNQ, y de otras agrupaciones.

En la audiencia para analizar el pedido de la defensa de Salmo, el juez de Ejecución Penal Federico Merlini informó que estaba estudiando el planteo solicitado por la defensa de Salmo y escuchó el testimonio y los argumentos de Carla Lacorte en contra de que se le otorgue ese beneficio “por tratarse de un policía de gatillo fácil, es decir, un peligro para la sociedad, que jamás se arrepintió por lo ocurrido”.