A un año de la muerte de la bibliotecaria María de los Angeles Paris, dentro de la comisaría 10ª, las querellas y la familia exigen que haya imputaciones a cinco policías involucrados. Así lo reclamarán mañana, en una marcha de antorchas que irá de Tribunales provinciales a Gobernación, a partir de las 18. "No será una marcha de silencio, sino un grito por justicia para esta mujer que tenía un compromiso con la educación", destacó Daniela Vergara, de Amsafé Rosario. El gremio, junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Cátedra de Criminología de la UNR, pidieron una audiencia con el gobernador Miguel Lifschitz para que "se muestre una diferencia con la política nacional" en materia de violencia institucional. Si bien durante doce meses las organizaciones reclamaron avances en la investigación e insistieron con que la mujer fue violentada dentro de la seccional de zona norte, desde hace más de dos semanas tienen una autopsia que avala sus dichos: "No fue muerte natural", aseguran para recordar lo que dijo la primera versión de la pericia que siempre descartaron.
La muerte, aseguran, "fue resultado de haber sido ilegal y violentamente privada de la libertad, golpeada, esposada y sostenida boca abajo por la fuerza en el piso de un cuarto de la comisaría, hasta su muerte". Eso expresaron los querellantes en un comunicado -hace hace diez días atrás-, para dar a conocer el resultado que arrojó la segunda autopsia, realizada por forenses de Buenos Aires. Ese resultado le dio fuerza el reclamo de que se tomen medidas contra los agentes implicados y contra quienes "alteraron el escenario del hecho, fraguaron y omitieron producir pruebas" por lo sucedido el 3 de mayo de 2017.
Luego de la lucha que emprendió la familia para llegar a ese resultado -ya que debieron reclamar una reautopsia y otras medidas-, ahora piden que la fiscal Karina Bartocci tome cartas en el asunto. "Les exigimos también al gobernador Miguel Lifschitz, al ministro (de Seguridad, Maximiliano) Pullaro y a la Corte provincial para que resuelvan esta falta de justicia en el caso", dijo Vergara a este diario.
La sindicalista asegura que la nueva autopsia "pone en evidencia el sufrimiento padecido por María de los Angeles en la comisaría. Si bien quedaba clara la situación de que estaba privada de la libertad y esposada, cuando no cometió ningún delito, se desdibujaba la cuestión de que hubieran ejercido violencia física. La nueva autopsia plantea que sí hubo elementos de tortura y claramente fue violentada en la zona de los tobillos, la muñecas y otras marcas en su cuerpo que nos demuestran que no fue una muerte natural. Que la fiscal tenga hoy ese elemento en sus manos implica que ya tiene que estar imputando a los cinco policías para que vayan a juicio por homicidio. Basta de encubrir, basta de fiscales que generan mayor impunidad", reclamó.
En la misma sintonía, Julia Giordano, abogada de la APDH señaló que los agentes sindicados deben estar "sentados en el banquillo", aunque la fiscal deberá analizar qué figura penal les achacará. "Lo que nosotros decimos es que está claro que la muerte de María de los Angeles tiene relación directa con el accionar del personal policial", aseguró la letrada. Además, indicó que todavía están en análisis los informes telefónicos de los agentes y el de la víctima. Sobre el pedido de audiencia al gobernador, la abogada recordó que "hizo públicas manifestaciones afirmando que no había habido violencia y queremos dialogar sobre ello ahora que llegó el resultado de la reautopsia".
Enrique Font, de la Cátedra de Criminología fue más allá y aseguró que la Fiscalía de Violencia Institucional -encargada de la investigación- "viene funcionando más bien como un obstáculo" para la causa. "La causa se demoró por el mal desempeño del MPA, porque incumplió los protocolos para una investigación pronta y ajustada a las normas", dijo a este diario. "El no avance aparece como una decisión, porque lo vemos en otras causas. En el expediente fue denunciado el fiscal Luis Schiappa Pietra (primero en tomar la causa) y el médico forense Lucas Kuveling, porque no cumplieron con lo que debían". Y agregó: "Lo que vemos es que existe una desidia en estas investigaciones. Por eso esperamos también que la Corte avance en una investigación administrativa concreta".
Font también respondió a los dichos de la fiscal Bartocci en una entrevista publicada la semana pasada en este diario. "Ella habla de que no hay grandes diferencias entre la primera y la segunda autopsia, salvo que la segunda es más detallada y eso nos parece gravísimo, porque la diferencia principal es que hay una autopsia mal hecha frente a otra bien hecha. La segunda habla de que la causa de la muerte tuvo que ver con la violencia física ejercida", dijo Font.
Al mismo tiempo, habló de las responsabilidades del Estado sobre los casos de violencia institucional: "Está obligado a garantizar una investigación". Y le apuntó al Legislativo: "Ahora que han tomado responsabilidad sobre el accionar de los fiscales, que organicen el área" encargada de este tipo de sucesos.
Sobre las medidas en trámite, el profesional dijo que podría haber "más responsabilidades" una vez que avance la pericia telefónica sobre los agentes.
