Rolando Monticelli ha sido víctima del Estado dos veces. Primero perdió a su hijo Juan Matías por falta de controles en la tragedia de Iron Mountain el 5 de febrero de 2014. Era bombero de la Policía Federal. Tenía 26 años cuando se le cayó encima una pared del depósito de Barracas que el gobierno porteño de Mauricio Macri permitió que funcionara cuando no estaba en condiciones. En la segunda ocasión, la desgracia llamó a la puerta de su casa el 23 de abril pasado, pero en forma de telegrama de despido. Después de 16 años como trabajador del Indec, el gobierno nacional –ahora con Macri como presidente– le notificó la pérdida de su empleo por un presunto abandono de servicio que él niega e incluso está dispuesto a resistir judicialmente. “Esto es el Macri nazismo”, dice desde su indignación y muestra una por una las cartas documento que intercambió con funcionarios del organismo donde se desempeñaba como encuestador del Índice de precios al consumidor.
“Estoy muy mal, golpeado, en mi casa mi señora y los hijos que me quedan están igual. Desde el 17 de mayo de 2017 no me daban trabajo. Era el único en esas condiciones en el Indec. Hablaron de una reestructuración. Pero me echaron por algo personal y arbitrario. Me llegó el telegrama anunciándome que daban por concluida la relación laboral por más de cinco inasistencias sin justificación”, cuenta Monticelli en su casa del barrio de San Cristóbal.
La carta documento la firmó Ariana Marina Hernández Varela, de la dirección de Recursos Humanos del Instituto que encabeza Jorge Todesca. De nada valió que el 23 de agosto pasado y ante el clima de hostilidad a que era sometido Monticelli, un grupo de legisladores porteños le mandara una carta al funcionario del Indec intercediendo por él. “Queremos expresar nuestra preocupación y requerir que se arbitren los medios a su alcance para revisar y rectificar la situación del señor Rolando Monticelli, quien se desempeña desde 2002 como encuestador en el área Índice de precios al consumidor”.
Además le recordaban a Todesca por quién pedían: “es el padre de uno de los héroes de Barracas caído en el cumplimiento del deber el 5 de febrero de 2014 en los depósitos de Iron Mountain por lo que creemos que el referido encuestador merece como mínimo una mirada más comprensiva de su caso a fin de no agravar el dolor que significa semejante pérdida”.
Firmaban el texto los diputados y diputadas Carlos Tomada, Gabriel Fucks, Paula Penacca, Lorena Pokoik, Laura Marrone, Adrián Camps, María Rosa Muiños, Andrea Conde, Marcelo Ramal, Gustavo Vera y José Cruz Campagnoli.
Antes de que el telegrama de despido llegara a su domicilio en abril, Monticelli había sido relevado de prestar tareas por la misma funcionaria Hernández Varela que acababa de notificarle su baja: “Hasta tanto se sustancie el sumario administrativo que –aclara él– nunca me hicieron o al menos nunca me mostraron”. El padre del bombero muerto recordó que “mientras tanto me hacían concurrir al servicio de psiquiatría del Ministerio de Economía, a donde me escoltaban policías, incluso cuando pedía ir al baño. Esas situaciones tuve que soportar”.
Mediante una nota que presentó por mesa de entradas del Indec pidió que le aclararan su situación laboral. La respuesta se demoró y cuando llegó le respondieron que “no existía sumario ni denuncia alguna” en su contra. Tres veces –cuenta– reiteró pedidos de explicaciones a Hernández Varela y al director nacional de Recursos Humanos Leandro Guillermo Gil. “Jamás me dieron una solución ni respuesta alguna”, dice Monticelli. El 23 de mayo del año pasado sí le notificaron que lo liberaban de presentarse en el Indec. Gil aludió en el telegrama a un episodio con un arma de fuego que el despedido por supuesto niega.
Monticelli contraatacó intimando al organismo donde cobraba 15 mil pesos mensuales a que le mantuvieran las tareas asignadas y rechazó cualquier modificación en ellas. La respuesta fue contundente: el despido con causa. Poco les importó que no existiera una sola mancha en su legajo 16.492.408.
