Organizaciones de DD.HH. pidieron que se oriente el debate
El aborto llegó a la CIDH
La abogada Edurne Cárdenas, del CELS, y la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay.La abogada Edurne Cárdenas, del CELS, y la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay.La abogada Edurne Cárdenas, del CELS, y la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay.La abogada Edurne Cárdenas, del CELS, y la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay.La abogada Edurne Cárdenas, del CELS, y la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay.
La abogada Edurne Cárdenas, del CELS, y la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay. 

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la jurista jamaiquina Margarette May Macaulay, católica practicante, de misa diaria, fue imperativa: le dijo ayer al Gobierno argentino que tiene que “deletrearles” a los legisladores que están debatiendo sobre la despenalización y legalización del aborto que “deben votar de acuerdo con los instrumentos internacionales” ratificados por el país porque “están obligados a seguirlos”, y en ese sentido, recordó que “los estándares son claros: las mujeres tienen el derecho a la autonomía para decidir sobre sus cuerpos”. Fue durante la audiencia pública que realizó ayer la CIDH, en República Dominicana, sobre el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina, donde estuvieron presentes representantes de organizaciones de derechos humanos y del Gobierno. May Macaulay envió a diputadas y diputados no solo su mensaje verbal. También con una imagen, al sacarse una fotografía con el pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.   

La audiencia de la CIDH se celebró a pedido de Amnistía Internacional Argentina (AIAR), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la asociación Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). La delegación oficial estuvo encabezada por el secretario de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural, Claudio Avruj, secundado por la coordinadora técnica de la dirección de Salud Sexual y Reproductiva, del Ministerio de Salud, Gabriela Perrotta.

   Referentes de las ONG denunciaron las consecuencias de la penalización de la interrupción de embarazo en los derechos de las mujeres, la falta de políticas en salud sexual y reproductiva, los obstáculos en el acceso a los abortos legales, el debilitamiento de la educación sexual integral y la magnitud del embarazo forzado en niñas y adolescentes, entre otros ejes. La abogada Edurne Cárdenas, del Cels, destacó además el “uso espurio del derecho internacional de los derechos humanos” que han hecho varios expositores en las plenarias que se están llevando adelante en la Cámara de Diputados, “argumentando que la despenalización del aborto contravendría la protección del derecho a la vida en una interpretación restrictiva del artículo 4 de la Convención Americana”. Además de Cárdenas, expusieron Noelia Garone de AI, Julia Roitman del grupo de jóvenes de AI y Zoe Verón de ELA. La sesión se extendió poco más de una hora y tuvo lugar en Santo Domingo, capital dominicana.

    A su turno, Avruj hizo hincapié en la decisión presidencial de impulsar el debate por el aborto en el Congreso y Perrotta, entre otros temas, se explayó sobre el Plan Nacional para la Disminución del Embarazo No Intencional en la Adolescencia y aseguró que se está “fortaleciendo” el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, al cual la gestión macrista le redujo significativamente su presupuesto en los dos primeros años.

   De la CIDH, se escucharon varias voces. Entre ellas, la de Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), quien expresó tener “mucha esperanza” de que el debate por la legalización del aborto en Argentina “prospere” y “ponga en el centro, como ya se viene haciendo en ese país, los derechos humanos de las mujeres”. García Muñoz adhirió además, al lema de la Campaña: “educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” y destacó que “resume muy bien las inquietudes que están sobre la mesa”.  También consideró como “importante” la “labor pedagógica” que tiene el debate legislativo sobre el aborto “una práctica a la que estoy segura ninguna mujer desearía llegar”, dijo.

  El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, subrayó el liderazgo del país en materia de derechos humanos y en este caso, marcando una agenda en la región en términos de derechos sexuales y reproductivos, con el debate del aborto. Y recordó que el año pasado el organismo “fijó un estándar muy claro” dirigido a “todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial” por el cual “todos los Estados tienen la obligación de emprender una revisión detallada de sus normas, prácticas y políticas públicas para que se puedan eliminar todos los obstáculos en el acceso de las mujeres a los servicios de salud reproductiva. Y también fue muy enfático en relación a la objeción de conciencia, al señalar que no puede ser “institucional” ni “oponerse” a otros derechos. “La conveniencia o el juicio personal de un funcionario público no puede desatender el ejercicio de un derecho”, afirmó Abrao.

   El mensaje de la CIDH fue claro. La presidenta Macaulay lo resumió al final, al exhortar al gobierno argentino a recordarles a los legisladores su obligación de respetar los estándares del sistema interamericano de derechos humanos porque es parte del compromiso que asumen los Estados al integrarlo.