Documento de cientos de dirigentes políticos, sociales y de derechos humanos
Proclama urgente contra la violencia institucional
Garré, Donda, Grosso, Stolbizer, Gargarella, Arduino y Font, entre otros referentes que firmaron el reclamo, alertaron ante PáginaI12 sobre la actitud del gobierno nacional y las fuerzas de seguridad.

Más de 300 dirigentes políticos, intelectuales, académicos, referentes sociales y sindicales, miembros de organizaciones de derechos humanos y de organismos de control se pronunciaron esta semana contra la violencia institucional y “los mensajes y acciones que profundizan las políticas punitivistas”. “En los últimos meses, desde instancias diferentes, se desplegaron mensajes punitivos y políticas públicas que ponen en duda y debilitan acuerdos básicos que hacen posible la construcción de la vida democrática, y por los que hemos luchado desde 1983”, advirtieron. El documento alerta sobre “los intentos de involucrar a los militares en seguridad interior”, destaca que “la protección del derecho a la vida deber ser la prioridad del Estado” y por ende pide “limitar el uso de la fuerza policial”, exige “la protección del derecho a la protesta” en lugar de su represión, judicialización y deslegitimación, y reclama “el compromiso del sistema político con la prohibición del uso de las agencias de inteligencia para el espionaje político y contra organizaciones y referentes sociales” (ver en www.contralaviolenciainstitucional.org). Varios de los firmantes aportan aquí sus reflexiones ante la consulta de Página/12.

 

 

  • Nilda Garré, diputada Frente para la Victoria-PJ: “Es importante reflexionar porque se quiere diluir la frontera entre seguridad y defensa y es peligroso, ya vimos en Colombia o México los descalabros que genera la intervención de fuerzas armadas en seguridad. Las declaraciones de ‘guerra contra el delito’ fomentan una espiral de violencias, de violaciones de derechos humanos, y corrompen a los militares, sobre todo cuando se los involucra en la lucha contra el narcotráfico. Así se corrompen fuerzas que el país necesita ante cualquier hipótesis que implique tener que defender el territorio ante un ataque externo. Por otro lado es fundamental que las fuerzas de seguridad actúen en el marco de la democracia, del respeto a los derechos humanos, garantizando el valor supremo de la vida antes que el orden público. Hay una especie de autorización para actuar sin regulación del uso de la fuerza, con víctimas que siempre provienen de sectores vulnerables. Hay un aumento de víctimas de gatillo fácil, las fuerzas parecen tener permiso para matar y esto se traduce también en la represión de la protesta social, en un intento por limitarla. Las agencias de inteligencia están siendo usadas como en viejas épocas para hacer espionaje contra adversarios políticos, grabando conversaciones inclusive de víctimas de violencia policial y hasta de familiares del submarino ARA San Juan, usos ilegales y de los más perversos.”
     

 

  • Victoria Donda, diputada Libres del Sur: “Atravesamos un momento crítico a nivel país. Esta semana la ministra Bullrich le dijo a sus fuerzas de seguridad: ‘No hay más sometimiento ni a la Justicia ni a la política’. Son definiciones que deben llamarnos a la reflexión y no relativizarse, no sólo porque rozan la ilegalidad y la apología del delito sino porque son un claro mensaje sobre cómo piensa el gobierno la relación entre democracia y distribución del ingreso. Estamos frente a un escenario de fuerte puja distributiva y recalentamiento del conflicto social, y en materia de seguridad ciudadana no queremos ser Brasil, México ni Colombia. Este pronunciamiento frente a los mensajes y acciones punitivas, con adhesiones de casi todo el arco político nacional, es una señal contundente de qué estamos dispuestos a defender para garantizar la seguridad en democracia en nuestro país. El autogobierno de las policías está llevándose cientos de vidas en todo el continente y no queremos ser parte de esas estadísticas de terror. Hay que orientar las políticas hacia la limitación de la violencia estatal urgentemente”.

Leonardo Grosso, diputado Movimiento Evita: “La violencia institucional recrudeció en todas sus formas. Pibes y pibas en los barrios son blancos de una política represiva que atrás de cada balazo por la espalda esconde el objetivo de la exclusión y la marginalidad, provocada por dirigentes que responden a sistemas financieros y grupos económicos que desechan a la persona en pos del rey dinero. Hoy la violencia institucional es el arma que usan los regímenes neoliberales para llevar a cabo su política de descarte. Ya no les alcanza el disciplinamiento social, el silencio y las cabezas agachadas. Para los procesos de descarte hay miles de personas que sobran, que ya no son necesarias como ejército de reserva para bajar salarios. Como canta la murga Agarrate Catalina: ‘vengo del basurero que este sistema dejó al costado, las leyes del mercado me convirtieron en funcional’. Nos preocupa la exacerbación del sentido común punitivista que propone el gobierno. Macri y Vidal, con el brazo de hierro de Patricia Bullrich, decidieron encarar a palos y balazos una política represiva acompañada de una profunda estigmatización social. Tenemos claro que la solución es multidisciplinaria pero empieza desde la unidad en la acción. Sólo el pueblo salvará al pueblo”.


 

  • Enrique Font, miembro del Comité para la Prevención de la Tortura, profesor de Criminología en la Universidad Nacional de Rosario: “Cuando las políticas de seguridad no se planifican y ejecutan de manera direccionadamente democrática generan una sobrecriminalización de sectores populares, sobre todo de varones, y su desprotección al ser víctimas de distintas formas de violencia institucional: desde hostigamiento, causas fraguadas, torturas o malos tratos hasta ejecuciones sumarias, muertes en custodia y desapariciones forzadas. En la impunidad de estos delitos tienen un rol clave jueces, fiscales y defensores. En primer lugar, por falta de voluntad para detectarlos. Si fiscal o defensor no le preguntan a un pibe cómo fue su detención o ingreso a la comisaría, toda la violencia institucional de “menor intensidad” directamente es desconocida por el sistema. Cuando los hechos son detectados, la actitud habitual es ignorarlos, negarlos o negarlos interpretativamente. Inclusive cuando víctimas o familiares logran que se investigue, lo que predomina es la impunidad, que está absolutamente generalizada en el país. En los pocos casos de fiscales o defensores que impulsan investigaciones o cuando hay organismos acompañando, el trabajo es muy cuesta arriba por lo que prevalece en los momentos iniciales (falta de pruebas derivada de exámenes médicos hechos por la policía, falta de exámenes forenses, escenarios fraguados). Por ende las condenas son ínfimas en relación a la cantidad de hechos. Esta resistencia del poder judicial a sancionar la violencia institucional promueve su repetición. Y todo este círculo es posible porque no hay políticas democráticas de seguridad”.

 

  • Tomás Eliaschev, secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires: “En 2017 aprendimos que trabajadores y trabajadoras de prensa no sólo somos víctimas de precarización, despidos y cierres de medios: también de la represión estatal. Al menos 45 reporteros gráficos, camarógrafos y periodistas fueron heridos con balas de goma disparadas por policías y otros 13 fueron detenidos mientras trabajaban. Por eso seguimos pidiendo la renuncia de la ministra Bullrich, responsable de los disparos a nuestros compañeros. Denunciamos esta situación en la última audiencia de la CIDH y no hubo ninguna respuesta satisfactoria desde el Estado. Es muy preocupante el nivel de violencia policial y de impunidad. Atacan a la prensa para evitar quedar en evidencia cuando reprimen brutalmente, por fuera de toda ley. No es casualidad. Si disparan contra la prensa es porque están disparando contra el pueblo. Tenemos la responsabilidad de dar pelea para seguir trabajando libremente en las calles y para que los medios no legitimen aberraciones como la ‘Doctrina Chocobar’, que no es otra cosa que la pena de muerte sumaria”.

 

  • Daniel Arroyo, diputado Frente Renovador: “El gobierno planteó una lógica muy complicada de avance de las fuerzas de seguridad. Lo expresó la ministra Bullrich cuando mataron por la espalda a Rafael Nahuel, al fijar la palabra de las fuerzas de seguridad como criterio de verdad. Ese problema es central, no sólo porque la historia marca que es incorrecto sino porque la baja formación de los miembros de las fuerzas vuelve temeraria la idea. Hay que poner límites a ese avance y establecer criterios de respeto de derechos humanos, en particular de los más débiles, porque el gobierno tiene mucha facilidad para avanzar contra los más vulnerables. Tengo mucho miedo al modelo que encara el gobierno, que en términos generales es el chileno: una tecnocracia muy competitiva en condiciones de integrarse al mundo, un nivel de desigualdad importante y sostenido, y, cuando las cosas no funcionan, los carabineros. El gobierno va hacia ese esquema. Es necesario establecer límites y un marco institucional que lo impida”.

 

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  • Roberto Gargarella, doctor en derecho, investigador del Conicet: “Siempre, pero muy en particular en contextos de desigualdad económica y política, es importante asegurar una especial protección a la crítica política, que se puede expresar en formas institucionales (partidos políticos), formales (a través de la prensa por ejemplo) o informales (la protesta en las calles). Eso no significa que, en nombre de la crítica política, se puedan agraviar ligeramente los derechos del otro, pero sí que el poder público (gobierno y jueces en particular) debe hacer el máximo esfuerzo por cuidar y atender, antes que impedir o reprimir, las voces de queja y descontento. Ello no sólo por razones de tolerancia y respeto al otro sino también por razones democráticas, vinculadas con el valor de determinar colectivamente los rumbos a seguir, y la necesidad de no equivocarse o poder corregir el rumbo frente a decisiones equivocadas o perjudiciales en materia de derechos individuales y colectivos”
     

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  • ​​​​​​​Margarita Stolbizer, ex diputada: “El compromiso por una seguridad democrática debería ser política de Estado, consensuada entre quienes expresan una diversidad política, con referentes sociales e intelectuales y, lo principal, sostenida a través del tiempo. Es preocupante el recrudecimiento de una política de mano dura que ha entrado en una espiral irracional e ilegal por pensarse incluso por fuera de los márgenes de la ley. La intervención del presidente Macri en el caso Chocobar ha sido una demostración de la falta de límite incluso cuando se trata de confrontar con la propia justicia, afectando su independencia, convalidando la acción del policía que mata por la espalda y pretendiendo poner en crisis la investigación. Es un mensaje que deja el accionar policial por fuera de los límites que impone la Constitución. También se vuelve a plantear la posibilidad de que las fuerzas armadas intervengan en conflictos internos y que el problema de las drogas se plantee como una “guerra”, con una política represiva que es cuestionada por su fracaso en todo el mundo, sin reconocer la necesidad de abordarlo como un problema de salud pública. No hay una correcta política sobre armas ni se ha dado continuidad a los controles y reducción para disminuir los niveles de violencia. En lo personal vengo sosteniendo que no se justifica en Argentina una agencia de inteligencia como la que existe, con una asignación de gastos enorme, sin control, sobre la que ni siquiera se ha discutido cómo sacarla del ocultismo y ponerla al servicio del desbaratamiento de organizaciones criminales. No se ha discutido cuál es la información que obtiene y usa, quiénes y para qué lo hacen. Nos debemos un debate con esta amplitud.”

  • Ileana Arduino, abogada Inecip: “Más allá de la correlación entre la retórica demagógica del gobierno cuando la policía ejecuta jóvenes y el aval que ello implique, hay algo peor: la emergencia de esos discursos en contextos de absoluto desgobierno en términos de control del uso de la fuerza. Las áreas específicas fueron borradas o reemplazadas por nublosas áreas como las de “integridad”, el programa de control de uso de la fuerza se eliminó y la política de ascensos avala personas cuestionadas en términos de derechos humanos. Por otro lado, la represión de manifestaciones y las acciones para deslegitimar la protesta han sido una constante del gobierno. El Ministerio de Seguridad estrenó su gestión con el decreto de ‘emergencia’ que habilita discrecionalidad en el manejo de fondos, diluye fronteras entre seguridad y defensa e incluye entre sus razones un amplio abanico de conductas que permitirán construir como enemigo a quien sea y cuando sea. Al calor de la diversificación de la conflictividad social la respuesta monocorde ha sido la demonización /represión de las protestas. El escenario de ajuste por venir no puede leerse con prescindencia de estas concepciones criminalizantes del conflicto y la disidencia.”
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