Delgado solicitó enviar el expediente al Congreso y la Cancillería
Dictamen por Odebrecht
En su resolución, el fiscal consideró que la constructora brasileña montó “un sistema de corrupción de alcance global” para ocultar sobornos en distintos países de Latinoamérica y advirtió sobre las sociedades offshore y las personas que oficiaban de “puentes”.
A fin de 2016 Odebrecht reconoció el pago de sobornos ante el Departamento de Justicia norteamericano.A fin de 2016 Odebrecht reconoció el pago de sobornos ante el Departamento de Justicia norteamericano.A fin de 2016 Odebrecht reconoció el pago de sobornos ante el Departamento de Justicia norteamericano.A fin de 2016 Odebrecht reconoció el pago de sobornos ante el Departamento de Justicia norteamericano.A fin de 2016 Odebrecht reconoció el pago de sobornos ante el Departamento de Justicia norteamericano.
A fin de 2016 Odebrecht reconoció el pago de sobornos ante el Departamento de Justicia norteamericano. 
Imagen: EFE

Entre octubre de 2011 y septiembre de 2014 la constructora brasileña Odebrecht y sus socios locales pagaron al menos 10,4 millones de dólares y 684 mil euros de sobornos a funcionarios y mediadores por la adjudicación y ejecución de grandes obras públicas en la Argentina. Eso afirma el dictamen del fiscal federal Federico Delgado, centrado en el rol de la sociedad uruguaya Sabrimol Trading S.A. y su titular en las sombras, Jorge Ernesto “Corcho” Rodríguez, que a partir del cruce de datos sobre transferencias, actos administrativos, vuelos privados sobre el Río de la Plata, comunicaciones y visitas a empresarios y a ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal que encabezaba Julio De Vido aparece como el principal “puente” entre quienes pagaron y quienes cobraron coimas. Ante la necesidad de acceder formalmente a las “delaciones premiadas” de los empresarios brasileños, que aportó al expediente el periodista Hugo Alconada Mon, el fiscal le sugirió al juez federal Sebastián Casanello enviar parte del expediente al Congreso y a la Cancillería argentina para intentar desde esos ámbitos “destrabar esta tensión”.

A fines de 2016 Odebrecht reconoció ante el Departamento de Justicia norteamericano haber pagado sobornos en varios países de Latinoamérica para asegurarse contratos de obras públicas. La constructora montó “un sistema de corrupción de alcance global” para ocultar las transferencias de sobornos, que incluyó la creación de un “Departamento de Operaciones Estructuradas” y la participación de ejecutivos que representaron a la firma en cada país, explica Delgado, que diferencia cuatro momentos del proceso: primero, el departamento citado transfería dinero a cuentas en entidades financieras; desde allí fluía hacia sociedades offshore que actuaban de “fachada”, manejadas directa o indirectamente por Odebrecht; en la tercera etapa la plata era derivada a bancos en paraísos fiscales, que finalmente la transferían a cuentas de empresas “fantasma” de testaferros de los destinatarios finales.

“Lo que hizo Odebrecht fue utilizar figuras jurídicas para disfrazar delitos como simples actos de comercio”, explica Delgado, y agrega que “funcionarios y empresarios argentinos se adaptaron a ese esquema”, en el que ocuparon un rol clave los “conectores” que acercaban a las partes y negociaban en su nombre. “Figuras legales de alcance global” como las sociedades offshore, el secreto bancario o leyes administrativas creadas para garantizar la imparcialidad del Estado “fueron utilizadas con un fin inmoral e ilegal: delinquir”, resumió.

A partir de la relectura de archivos del caso del ex secretario de Obras Públicas, José López, y de múltiples fuentes de información electrónica, la fiscalía considera un “actor clave” a Sabrimol Trading, sociedad constituida en Uruguay en 2007 cuyas “caras visibles” eran miembros del estudio contable Bralex SA, reconocido como propio por Rodríguez. “Entre sus principales clientes se encuentra la empresa brasilera Odebrecht a la cual están asesorando en la obra relacionada al soterramiento del tren Sarmiento en Argentina, recibiendo fondos de subsidiarias de esta empresa en forma habitual”, apuntó el Banco Itaú de Montevideo, donde Sabrimol abrió dos cuentas en 2012. “También son clientes los argentinos Susana Giménez y Jorge Rodríguez”, agregó. El uso de una sociedad en Uruguay deriva de una “norma de seguridad” de Odebrecht: “nunca realizar pagos indebidos en los países de origen del beneficiario”, destacó Delgado.

En un primer momento –sostiene el fiscal– el “conector” era el empresario Carlos Wagner, que presidía la Cámara Argentina de la Construcción. Tras la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, quien “reactivó” la relación fue Rodríguez, con acceso directo a funcionarios y a los miembros de la UTE integrada por Odebrecht, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA. El fiscal recuerda en base a testimonios que Rodríguez entraba a Planificación como a su casa. “Un placer trabajar día a día con vos”, le escribió “Corcho” a López en 2013. El dictamen profundiza luego en momentos puntuales en los que se efectivizaban las millonarias transferencias y, en paralelo, se intensificaban las comunicaciones tanto con funcionarios como con empleados de Odebrecht en el país o con los empresarios que oficiaban de socios.

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