Los riesgos del proyecto de ley para regular escuchas telefónicas que avanza en el Senado
“Convalida un sistema que permite abusos”
En diálogo con PáginaI12, la vicepresidenta del Ilsed, Sidonie Porterie, consideró “preocupante que en un tema que salpicó al Presidente, quien fue investigado por escuchas ilegales, se plantee una reforma que no mejora estándares”.
“Hay una aceptación tácita de la clase política de que quien gobierna tiene derecho a espiar”, dijo Porterie.“Hay una aceptación tácita de la clase política de que quien gobierna tiene derecho a espiar”, dijo Porterie.“Hay una aceptación tácita de la clase política de que quien gobierna tiene derecho a espiar”, dijo Porterie.“Hay una aceptación tácita de la clase política de que quien gobierna tiene derecho a espiar”, dijo Porterie.“Hay una aceptación tácita de la clase política de que quien gobierna tiene derecho a espiar”, dijo Porterie.
“Hay una aceptación tácita de la clase política de que quien gobierna tiene derecho a espiar”, dijo Porterie. 
Imagen: Gentileza La política online

Las organizaciones que integran la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (Iccsi) advirtieron que el proyecto de ley impulsado por Cambiemos y presentado por el senador peronista Rodolfo Urtubey, que la Cámara alta pretende aprobar este miércoles, “consolidará el descontrol” sobre las escuchas que reina desde que un decreto de Mauricio Macri transfirió esa herramienta desde el Ministerio Público Fiscal a la Corte Suprema de Justicia. “Es preocupante que en un tema que salpicó al Presidente, quien fue investigado por escuchas ilegales, se plantee ahora una reforma con acuerdo de su partido que no mejora estándares sino que convalida un sistema que permite abusos y arbitrariedades”, reflexiona Sidonie Porterie, vicepresidenta del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), que integra el Iccsi junto con el CELS, la Fundación Vía Libre y el Núcleo de Estudios de Gobierno y Seguridad de la UMET.

–Desde Iniciativa Ciudadana advierten que el proyecto “convalida el estado de situación actual de las escuchas y genera mayores problemas de los que ya existen”. ¿Cómo describiría la situación actual?

–De total descontrol, básicamente porque no hay un marco legal de regulación integral de estos procedimientos, no existe un sistema de control eficaz y hay un uso indiscriminado del recurso para fines de investigación y un uso extendido, bajo paraguas legales, para fines de espionaje político. Es una situación de alegalidad total porque la transferencia de la Procuración a la Corte se hizo por un decreto que no pasa ningún control de constitucionalidad y, más allá de eso, el Congreso no concluyó el proceso para refrendarlo. Tuvo dictamen favorable de la bicameral pero no se trató en el pleno de las cámaras. El segundo, sobre el mecanismo de designación de autoridades, fue rechazado por la bicameral y tampoco se trató. A eso se suman las sospechas sobre la designación de autoridades, por un sorteo que dio como resultado nombres que los medios habían anticipado, tema por el cual hay una investigación judicial en curso.

“Lo que sucedió desde que Macri transfirió y (el presidente de la Corte, Ricardo) Lorenzetti lo aceptó es que la Corte se arrogó facultades adicionales a las que implica la mera administración del aparato de intermediación para la ejecución de escuchas”, advierte Porterie, licenciada en Ciencia Política de la UBA, que también integra la junta directiva del Inecip. “Esas facultades tienen que ver con la producción de información con base en las escuchas, y con el análisis de información complementaria, básicamente de inteligencia. Esto es incompatible con la misión institucional de la Corte, que avanza sobre funciones propias del Ministerio Público Fiscal, y no tiene anclaje en ninguna ley. Por eso decimos que este proyecto, con la excusa de fortalecer controles (cosa que tampoco hace), lo que hace es legitimar y ampliar las facultades de un aparato de inteligencia en el marco de la Corte”, señala.

–¿Qué nuevos problemas generaría?

–Deroga todas las disposiciones de otras normativas en relación a interceptaciones, en particular de la ley de inteligencia, que por ejemplo establece un límite legal de 60 días para las escuchas de inteligencia (léase, las que puede requerir la AFI, no las que pide un juez en el marco de una investigación). Con el nuevo proyecto, la AFI puede hacer escuchas sin límite de tiempo, es un cheque en blanco, baja los estándares vigentes. Otro problema es que le da a la Comisión Bicameral de Inteligencia facultades de control sobre todas las escuchas cuando no debería tener ninguna competencia para fiscalizar las netamente judiciales. La bicameral –que en los hechos nunca cumplió funciones de control– tenía esa facultad cuando las escuchas dependían de la ex SIDE, motivo que ya no existe. Por eso decimos que el proyecto agrava el descontrol actual, es un retroceso enorme.

–Desde Iccsi recuerdan que en la mayoría de los países las escuchas no son intermediadas por ningún organismo, por la concentración de poder que implica, en el caso argentino en la Corte. ¿A cargo de qué tipo de institución deberían estar las escuchas?

–En la mayoría de los países hay organismos que pueden requerirlas, siempre con autorización judicial de por medio, y la ejecución la hace una prestataria, una empresa de telecomunicaciones. Lo importante es que haya un organismo centralizado y con amplias facultades de control de la legalidad de ese procedimiento, tarea que por lo general está a cargo de estructuras dependientes de los congresos. Pero no hay intermediación en la ejecución, la interceptación la opera la prestataria. A esta altura de la organización de las telecomunicaciones no hay motivo para la intermediación: si el proceso sólo involucra a solicitante y ejecutor bajan los riesgos de filtraciones o usos indebidos.

–¿Tampoco sería recomendable que esa estructura dependiera del Ministerio Público Fiscal?

–La intermediación como existe hoy es innecesaria, no importa quién la haga. Sí, en un país federal lo recomendable es que las escuchas, que son herramientas de investigación, dependan de cada ministerio público o fiscalía provincial. Quienes deberían estar discutiendo este proyecto son los fiscales generales de las provincias, y los gobernadores deberían estar preocupados porque la centralización afecta los sistemas de investigación de las provincias. El traspaso a la Procuración (durante el gobierno de CFK) fue un avance en el sentido de que se sacaron las escuchas de la órbita del Poder Ejecutivo y su aparato de inteligencia. El paso siguiente, deseable pero difícil de ejecutar en ese contexto, tenía que ver con la descentralización, para que cada provincia tuviera su sistema de interceptación. Pero no se llegó a discutir. El sistema centralizado suele privilegiar los pedidos de Comodoro Py en detrimento de las necesidades provinciales. Quienes sufren demoras de meses para que les tramiten una escucha son en general los fiscales de provincia, por eso los fiscales provinciales deberían intervenir en este debate.

–Un mes atrás, cuando el Senado se aprestaba a tratar el proyecto, los organismos que integran el Iccsi le pidieron que abriera un debate público. ¿Hubo algún tipo de apertura al diálogo?

–No, en absoluto. El proyecto tuvo un trámite exprés: ingresó a la Cámara el 10 de abril y tuvo dictamen de comisión al día siguiente, tras una discusión de 52 minutos. Peor aún, hubo dos temas sensibles con dictamen ese día. En el caso de la reforma del Código Procesal Penal se retiraron los aspectos más cuestionados (sobre técnicas de videovigilancia e invasión de la privacidad en el marco de investigaciones penales), que no se trataron en el recinto, y se aprobó el resto de los puntos. En el caso de las escuchas, se suspendió por un cuarto intermedio pero no hubo vuelta a comisión ni declaración en ese sentido. Todo indica que se tratará esta semana porque tienen el número y el acuerdo básico entre el PJ y Cambiemos.

–¿La Corte tampoco acusó recibo de las denuncias por su incapacidad para prevenir todo tipo de irregularidades?

–Para nada. El comportamiento de la Corte es extraño porque claramente ha acumulado poder con la interceptación de comunicaciones, pero al mismo tiempo ha canjeado legitimidad en ese proceso. Lo cual puede ser entendible en la ecuación particular de alguno de sus miembros y de ciertos sectores de Comodoro Py, pero no de la Corte como institución. No se entiende por qué está dispuesta a seguir perdiendo legitimidad. El nuevo avance de los servicios de inteligencia sobre el sistema de escuchas no puede ocurrir sin un alto costo institucional para la Corte.

–Ustedes advierten sobre “los enormes riesgos del uso político” de las escuchas y al mismo tiempo destacan que es un “proyecto de ley del peronismo que tiene el apoyo del PRO”. ¿Hay un acuerdo que atraviesa a los partidos en consentir ese uso político?

–Sí, hay una aceptación tácita de la clase política de que quien gobierna tiene derecho a espiar. Es un pacto que se mantiene a pesar de que a veces los usos políticos se vuelven verdaderamente amenazantes para los dirigentes, que se convierten en rehenes. Sin embargo se vuelven a reproducir los consensos para mantener el statu quo. Una ex presidenta ha sufrido escuchas indirectas, en una causa en la que no era el sujeto investigado (léase, la causa contra Oscar Parrilli) y ni siquiera eso movilizó a la dirigencia política para investigar e identificar a los responsables. Este proyecto no saca a la clase política del lugar de rehén del uso político de las escuchas, que es extremadamente grave.

–En el caso de Macri, no fue víctima de escuchas sino que fue investigado por promoverlas.

–Sí, es preocupante que en un tema que salpicó al Presidente, que fue investigado por escuchas ilegales, se plantee ahora una reforma con acuerdo de su partido que no mejora estándares sino que convalida un sistema que permite abusos y arbitrariedades. Por los antecedentes del caso, sería una buena señal para la ciudadanía que el Gobierno impulse una verdadera reforma integral que revierta el enchastre. 

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