Hace unas semanas se inició un nuevo capítulo en la historia de la Ley del Actor, que equipara al actor con cualquier trabajador en relación de dependencia: la Asociación Argentina de Actores (AAA), el sindicato que peleó setenta años por la sanción de una norma que protegiera los derechos de los actores, judicializó la reglamentación de la ley sancionada en 2015 por considerar que “va en contra de su espíritu original” y que “roza lo inconstitucional”. Según el gremio, la reglamentación del Estado Nacional “representa un problema” y es necesario que se vuelva a fojas cero para que la ley vuelva a ser “un marco para dar derechos y no para quitarlos”.
La judicialización despertó gran sorpresa en la comunidad teatral. Habían sido los empresarios teatrales, luego de la sanción de la ley, los que habían pedido con insistencia que se introdujeran cambios por considerar que la ley era perjudicial para la actividad. Frente a esos pedidos, Actores acusaba al sector de querer ir contra la ley y advertía a sus socios que “no se dejen engañar” y que “los empresarios defienden su bolsillo, no a los actores”. Cuando se conoció la reglamentación de los primeros artículos, a fines de abril, los productores en cambio se mostraron satisfechos, mientras que el sindicato prefirió no dar declaraciones a la prensa hasta estudiar bien el tema.
Para Alejandra Rincón, secretaria gremial de la AAA, la medida que tomó el sindicato sin embargo es “consecuente” con toda su lucha, y además algo que el gremio “no podía no hacer”. “Entendemos que la reglamentación modifica o directamente va en contra del espíritu de la ley y no ibamos a ser cómplices de la destrucción de algo por lo que peleamos hace años”, contó en diálogo con PáginaI12.
Uno de los mayores problemas de la reglamentación es, según el gremio, que se modifican los históricos convenios laborales en los que supuestamente iba a basarse la ley, al redefinirse qué conceptos son remunerativos y cuáles no, algo que no está especificado en esos convenios. En televisión, por ejemplo, un “bolo” se divide entre la jornada de grabación y el derecho de emisión, pero según la reglamentación este último concepto no es remunerativo, por lo que ni el productor ni el propio actor debe hacer aportes ni contribuciones sobre él. Lo mismo sucede en el ámbito de la publicidad, que se divide entre jornada y derecho de imagen, otro concepto que la reglamentación considera como no remunerativo. Por otro lado, la reglamentación establece que los aportes deben hacerse sobre los salarios mínimos, sin contemplar que los actores en general cobran siempre por encima de esas escalas mínimas, que se toman como base.
“El problema es que al tomarse como base los mínimos, la obra social queda absolutamente desfinanciada y las vacaciones y el aguinaldo también se reducen, porque eran calculados como proporcional a algo que ahora es no remunerativo”, explica Rincón, que define al decreto del Ejecutivo como “grosero”. “En vez de dar derechos a los trabajadores, lo que hace esta ley así como está es retroceder”, sentencia la dirigente del gremio que conduce Alejandra Darín.
Si bien la ley incluye a las cuatro ramas de la actividad –cine, TV, publicidad y teatro–, fue la cámara empresaria de este último sector la que se expresó siempre al respecto, por lo cual PáginaI12 también consultó a sus representantes. “Nos sorprendió mucho que no nos avisaran de la judicialización, porque en reuniones previas acordamos con Actores que nosotros ibamos a aportar un poco más del mínimo para que no se perjudique la obra social, y que ellos no iban a tomar esta decisión que ahora tomaron”, dice Sebastián Blutrach, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet). “Nosotros estamos a favor de la reglamentación porque creemos que lleva a la ley a un lugar más viable, a un punto en el que nosotros entendimos que era un costo asumible a largo plazo. Estamos totalmente en contra de la judicialización porque volver para atrás sería muy peligroso para la actividad”, sentencia, dando cuenta de cómo se revirtió la situación en torno a quiénes están de acuerdo y quiénes no.
Desde Actores, sin embargo, aseguran que la medida “no es contra los productores sino contra el Estado, que es quien hizo la reglamentación”. De hecho, Rincón sostiene que el sindicato entiende la necesidad del cuidar al sector y que apoyaría beneficios para los empresarios, “siempre y cuando eso no implique renunciar a derechos de los actores”.
La judicialización se rechazó en primera instancia, porque la jueza a cargo del tema consideró que el perjuicio del que habla la AAA no es urgente, porque tiene que ver con aspectos de la jubilación. El sindicato apeló, y ahora sus dirigentes esperan que luego de la feria judicial el Ejecutivo recapacite y haga una reglamentación más acorde a los trabajadores. “Porque además esta va en contra de todo el sistema previsional. Ningún patrón tiene tantos beneficios tributarios y eso puede sentar un precedente para que otras cámaras pidan lo mismo, y así se desfinancia todo el sistema nacional”, sentencia Rincón.
