Ayer comenzó el juicio a seis hombres acusados de incendiar la comisaría de la ciudad bonaerense de Monte Hermoso durante los incidentes que se desarrollaron en esa localidad tras el hallazgo del cadáver de la joven de 18 años Katherine Moscoso, el 23 de mayo de 2015. Ese día, una vez conocido el femicidio, un grupo de personas quemó la dependencia policial y vehículos que estaban secuestrados en el playón, entre ellos una camioneta señalada como sospechosa, mientras otro grupo de enardecidos molió a golpes hasta matarlo a Juan Carlos “Canini” González (70) porque lo creían sospechoso del asesinato. Por este crimen, ocho hombres fueron condenados el año pasado a cinco años de prisión. En tanto, el abogado de la familia Moscoso, Leandro Aparicio, denunció que la investigación por el femicidio está parada y que no tiene acceso a la causa porque la mantienen “en un legajo reservado”.

El fiscal Sebastián Foglia, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 9, de Bahía Blanca, es quien lleva la acusación contra Luis María Elissalde, Alejandro Marcelo Sánchez, Raúl Ernesto Francia, Martiniano Ustares, Juan Martín Garbiero y Walter Cristian Gómez, por los incidentes ocurridos la noche del 23 de mayo de 2015, entre las 22 y las 23 horas en la comisaría ubicada en San Martín y Pedro de Mendoza. Solo una hora después de que se encontrara el cuerpo de la joven, que había desaparecido el domingo 17 luego de salir de un local bailable y que, según determinaron los peritos forenses, fue enterrada viva en un médano de la ciudad balnearia y murió por sofocamiento.

El juicio, en el quinto piso del Edificio de Tribunales, está a cargo de la jueza María Elena Baquedano, titular del Tribunal en lo Criminal (TOC) Nº 2 de Bahía Blanca.

Entre los acusados, Gómez, fue uno de los condenados el año pasado por el TOC 1 de Bahía Blanca a cinco años de prisión por el “homicidio en agresión” de González, y aunque la sentencia aún no está firme, llegó al juicio detenido. Los otros imputados, salvo Elissalde que llegó con arresto domiciliario, lo hicieron en libertad.

De acuerdo con el fiscal Foglia, Elissalde, Francia, Sánchez, Ustares y Garbiero, junto a otros dos coimputados y un grupo de otras personas no individualizadas, rompieron las ventanas de la seccional, arrojaron ladrillos, piedras de gran tamaño y palos de madera, que provocaron daños en el mobiliario, computadoras y fotocopiadora de la dependencia policial.

Además, según el fiscal, los acusados arrancaron un portón del acceso al patio de la dependencia, dañaron vidrios y ópticas de una camioneta policial, y con líquidos inflamables generaron fuego en la puerta principal y en tres vehículos que estaban secuestrados en el patio.

El fiscal sostuvo además que Elissalde, Francia, Caramelli, Gómez y Ustares, habrían rodeado y amenazado a los bomberos voluntarios de Monte Hermoso que llegaron en una autobomba para apagar el fuego consiguiendo que no avanzaran y se retiraran del lugar.

Finalmente, el fiscal acusa a Elissalde y Sánchez de haber instigado a las personas que estaban en el lugar con frases como “hay que prender fuego todo” y “hay que quemar la comisaría”, incitando a la violencia colectiva.

Por los hechos, también fueron imputadas otras seis personas, con diversos grados de participación, quienes firmaron acuerdos de juicio abreviado. 

De acuerdo con el abogado de la familia Moscoso, esa noche había entre 60 y 70 personas protestando por el crimen de la joven, entre ellos vecinos indignados y familiares. Pero también, según Aparicio, interesados en encubrir los hechos que apuntan a familiares de políticos de Monte Hermoso.

“Durante la investigación, los perros habían olfateado la camioneta de un tipo que le dicen el pelado. La policía la secuestró y la llevó a la comisaría. Había rastro de ADN de Katherine, y esa noche lo primero que se incendia es esa camioneta”, señaló el letrado a este diario. 

“Canini González no era sospechoso. Era el que entregaba chicas y lo mataron para que no hable. Los testigos dicen que la policía dejó que lo mataran. Esa noche las cosas se fueron de control, pero había personas que tenían claro que tenían que encubrir y desviar la investigación. Se quemó el centro de monitoreo. Y hubo amenazas de muerte al jefe de las cámaras de Seguridad, aunque después él no lo declaró”, remarcó Aparicio, dando cuenta   del clima que rodea el caso.

Si bien a comienzos de año el Ministerio de Seguridad bonaerense elevó a 500 mil pesos la recompensa para quienes brinden información que permita esclarecer el asesinato, Aparicio denunció que “no tengo acceso a la causa”.

“Hubo allanamientos y secuestros de celulares, que habíamos pedido hace más de un año, a distintas dependencias, al cuartel de bomberos que tiene complicidad, a la comisaría, y a la fiscalía a la que denunciamos porque se adulteraron testimoniales. También a una morguera de otro pueblo, de Dorrego, a la que se vio en los días intermedios en la ciudad, entre la desaparición de Katherina y la aparición del cadáver. Pero no tenemos ninguna respuesta sobre los resultados y mantienen la causa en un legajo reservado al que no tengo acceso”, sostuvo el letrado, y comparó la situación con lo que sucedió en el caso de Paulina Lebbos, la joven asesinada en 2006, en la provincia de Tucumán, “que pudieron ver la causa seis años después”.