El 7 de junio, día en el que se conmemora en la Argentina el “día del periodista” llega este año sin buenas noticias para los profesionales que se desempeñan en el país: cierre de fuentes de trabajo, precarización del empleo, bajos salarios y numerosas restricciones de todo tipo para el ejercicio profesional.
Al respecto debe decirse, en primer lugar, que la crisis que afecta a los hombres y las mujeres de la comunicación no es ajena a la que el mismo país atraviesa. Los problemas de despidos, precarización y bajos ingresos no son exclusivos de los periodistas sino, en general, de los trabajadores y las trabajadoras. Sin embargo esta realidad no hace sino agravar la preocupación de quienes laboran en el sector.
Si bien no es justo decir que lo que sucede a los trabajadores de prensa tiene una importancia diferente a lo que afecta a los asalariados en general, sí puede señalarse que desde el punto de vista del derecho a la comunicación y su vigencia el cierre de medios de comunicación o su achicamiento –como viene sucediendo desde la asunción del gobierno de Cambiemos– implica una restricción del derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. El acceso a la información y la libertad de expresión están hoy amenazados en la Argentina por la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y porque, poco a poco, con la anuencia o con la complicidad de quienes hoy ejercen el Gobierno, se van acallando voces con el inocultable propósito de acabar con la pluralidad. Los medios públicos están muy lejos de cumplir con su misión desde el punto de vista ciudadano.
Sin pluralidad de voces, sin diversidad informativa, se pone en riesgo la democracia. Porque los ciudadanos y las ciudadanas se ven privados del insumo básico para tomar decisiones libres: la información variada y sin limitaciones.
Y no alcanza con poner el foco de atención en el sistema de medios masivos o en la industria cultural. Es imprescindible reparar del mismo modo en la llamada comunicación popular, comunitaria y alternativa, en los medios de pueblos originarios, independientes y cooperativos. Se trata de un espacio desde el cual también se garantiza el derecho a la comunicación al que estamos aludiendo. También estos medios y estos ámbitos son fuentes de trabajo para trabajadores y trabajadoras de la comunicación.
En el primer caso, de los medios masivos de comunicación, y en este de los medios populares, comunitarios y alternativos, le cabe al Estado y de la misma manera la responsabilidad de implementar estrategias basadas en políticas públicas para asegurar la continuidad de los mismos. Por las fuentes de trabajo y por el derecho a la comunicación.
Hasta el momento la gestión de Cambiemos actuó en forma absolutamente contraria a lo antes señalado. Porque ha manejado la pauta oficial de forma absolutamente arbitraria y discriminatoria, pero además porque su política restringe en forma permanente los incentivos dirigidos a los medios comunitarios, alternativos y de pueblos originarios.
Tampoco se puede dejar fuera de la consideración la acelerada reconfiguración que sufren tanto los medios impresos como los audiovisuales como resultado del acelerado desarrollo tecnológico. Un proceso que cambia las ofertas, los hábitos de consumo y los procesos de producción. Que también demanda otros saberes, otras capacidades y habilidades por parte de los profesionales de la comunicación. No siempre resulta fácil re-aprender después de muchos años de ejercicio profesional y la competencia entre generaciones, cuando no se logran transiciones adecuadas, se convierte en una batalla entre colegas que arroja, lamentablemente, víctimas siempre inocentes de un lado y del otro.
Con todo lo señalado se puede decir que en Argentina todavía estamos lejos del umbral latinoamericano de riesgo de vida para los periodistas. Según las estadísticas distribuidas por la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) son 42 los periodistas asesinados en nueve países de la región durante 2017. El ritmo de muertes no ha sido menor en lo que va del presente año y México es, por lejos, el país más afectado por este tipo de crímenes.
La tarea periodística, la de las comunicadoras y comunicadores sociales por extensión, porque es estratégica para el funcionamiento de la sociedad y de sus instituciones democráticas, porque está claramente vinculada con la libertad de las personas y su capacidad de pensamiento, ha sido y será siempre una profesión de riesgo y, por ese motivo, además de saberes y habilidades, requiere para ser ejercida con honestidad de una importante cuota de vocación de servicio.
