La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal volvió sobre sus pasos y abrió una negociación de último momento con los bloques de diputados que responden a los intendentes peronistas y del massista Frente Renovador para aprobar hoy la quita de impuestos provinciales en las tarifas de servicios públicos sin desfinanciar las alicaídas arcas municipales. Las negociaciones continuaban ayer por la noche sobre la letra chica del proyecto oficialista que comenzaría a tratarse hoy al mediodía en la Legislatura provincial. La bancada kirchnerista de Unidad Ciudadana que no participó de las conversaciones con el oficialismo, reclama además que la provincia grave impositivamente a las empresas de servicios sin que estas trasladen los impuestos a las boletas de los usuarios. 

El proyecto original de Vidal también reducía el 6 por ciento de Ingresos Brutos que reciben las comunas sobre la facturación total de las empresas a un simbólico 0,01 por ciento, que no sólo dejaba a los municipios sin esos ingresos sino que tampoco permitía pudieran aplicar ellos una tasa municipal porque supondría un doble impuesto. La propuesta oficial desató el reclamo de los jefes comunales, que no fueron tomados en cuenta cuando Cambiemos impuso su mayoría para darle media sanción en el Senado provincial.          

Con un margen menor de maniobra, Cambiemos necesita en la Cámara de Diputados apenas de un puñado de aliados circunstanciales para convertirlo en ley en la sesión convocada para hoy al mediodía. Pero la resistencia de las siete bancadas en las que está dividida la oposición puso en riesgo la iniciativa de Vidal, en sintonía con el pedido del Gobierno nacional. 

De viaje por el Vaticano (ver recuadro), la gobernadora dio la venia para abrir negociaciones de último momento. Las negociaciones incluyeron al bloque del PJ Unidad y Renovación (que armaron algunos intendentes peronistas), al Frente Renovador y otros menores como Peronismo Kirchnerista y Convicción Peronista.

Ayer por la tarde viajaron hasta La Plata para encabezar las negociaciones los intendentes Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gabriel Katopodis (San Martín), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Andrés Watson (Florencio Varela), Santiago Maggioti (Navarro), Gustavo Arrieta (Cañuelas) y Hugo Corvatta (Saavedra). 

En principio, los intendentes habrían conseguido el compromiso del oficialismo de eliminar el impuesto provincial simbólico que los inhabilitaba a aprobar los propios, para no peder el 6 por ciento que les correspondía por Ingresos Brutos. Al tiempo que discutían la letra chica de las modificaciones para que no quedaran dudas. Pero los intendentes se enteraron allí, que no eran los únicos interlocutores del oficialismo. Y que, por separado, el massismo conversaba con funcionarios provinciales. Mientras que los bloques menores que encabezan Rocío Giaccone (Peronismo Kirchnerista) y Alejandra Martínez (Convicción Peronista) salían de las negociaciones con la palabra empeñada de acompañar el proyecto oficial si los intendentes avalaban la propuesta que los habilita a crear sus propios impuestos municipales compensadores. 

Quienes no fueron convocados por el oficialismo fueron los diputados del principal bloque opositor en la Cámara baja, Unidad Ciudadana. La bancada kirchnerista no solo reclamaba que los municipios no tuvieran que renunciar a sus ingresos. También sostenía que la quita de los impuestos provinciales es insignificante para los usuarios frente a la magnitud de los tarifazos y que apenas reduciría el 15,7 por ciento en las facturas en electricidad, del 6,3 por ciento sobre el total de las facturas de gas y agua. Además, que la provincia no resignara los ingresos impositivos, y aplicarle los mismos a las empresas de servicios sin que estas pudieran trasladarlos a las tarifas que pagan los usuarios.

Son propuestas que Vidal ya desechó. Si no prosperaran las negociaciones con un sector de la oposición, Cambiemos podría insistir con el proyecto original. En cambio, si los acuerdos se plasman en el texto del proyecto, deberá volver al Senado para convertirse en ley.