El fiscal Ramiro González imputó al vicejefe de Gabinete y busca esclarecer si delinquió
Quintana en el mostrador de Farmacity
El fiscal buscará determinar si Quintana cometió delito al mantener sus acciones mientras ocupa un alto cargo oficial.
El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en problemas.El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en problemas.El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en problemas.El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en problemas.El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en problemas.
El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en problemas. 

A pesar de la defensa pública que le dedicó una semana atrás la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, será investigado en Comodoro Py por impulso del fiscal federal Ramiro González, para esclarecer si cometió algún delito al mantener acciones en Farmacity que le dan control sobre la empresa mientras ocupa un alto cargo en el Gobierno. Uno de los puntos a establecer, según el dictamen del fiscal, es si la empresa fue beneficiada con convenios con el PAMI desde la llegada del gobierno de Cambiemos. Pero además señaló presuntas maniobras, incluso adulteración, con miras a lograr la instalación de locales de Farmacity en la provincia de Buenos Aires, donde la ley impide la venta de medicamentos por parte de sociedades anónimas. La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo, que deberá decidir cuáles de las medidas de prueba pedidas por el fiscal ordena.

Quintana es uno de los CEOs emblemáticos en la mesa chica del Gobierno de Mauricio Macri que, al igual que Gustavo Lopetegui, se supone que llegaron a fines de 2015 al equipo presidencial para intervenir en asuntos de política económica. Tenían cargos de vice jefes de gabinete.  Con la reciente crisis cambiaria, perdieron algo de influencia en el tablero, pero siguen siendo parte del núcleo más estrecho del Presidente. Este año Quintana prometió que se desprendería de su participación en Farmacity, pero eso no sucedió, al menos todavía. El fiscal González se basó para impulsar la investigación penal en la denuncia del abogado Daniel Igolnikov, quien a su vez había presentado una compilación de informaciones sobre el funcionario difundidas por diferentes medios que –según su interpretación– podrían implicar un “conflicto de capitales públicos y privados” e incumplimiento de las normas de Etica Pública.

Cuando ingresó como parte del gabinete de Marcos Peña, Quintana dejó la presidencia del directorio de Farmacity, pero mantuvo un tres por ciento del paquete accionario y participa en la firma Partners I, que posee acciones “clase A”, que se reflejan en un 53 por ciento de los votos que tendría en la cadena de “farmashoppings”. Esto quiere decir que puede ejercer control. Este dato fue publicado por el diario La Nación en abril de este año y luego reflotado en el programa Periodismo para Todos. El fiscal pide investigar también otros datos complementarios revelados en el programa de Radio 10 de Gustavo Sylvestre. Planteó como hipótesis, primero, el “conflicto de capitales”. Como ejemplo puso los convenios que consiguió Farmacity con el PAMI, producto de reavivar un viejo reclamo –impulsado por el propio Quintana– contra cámaras y colegios farmacéuticos entre otras entidades, ya que la firma se decía discriminada. Buscaba extender PAMI a la mayor cantidad de sucursales y a la vez tener que cubrir un menor porcentaje de esos medicamentos.   

El fiscal González planteó investigar también la “presunta adulteración de documentación en la que habría incurrido Quintana a los fines de la habilitación de farmacias de Farmacity en la provincia de Buenos Aires”; así como “supuestas influencias en la Corte Suprema para controvertir el rechazo a la presunta violación de la ley que rige la profesión farmacéutica”. En el máximo tribunal tramita el reclamo de Farmacity para poder operar e instalar farmacias en territorio bonaerense donde la ley establece que no puede ser una sociedad la proveedora de medicamentos. La denuncia inicial planteaba el posible perjuicio a los “laboratorios medicinales, a los boticarios y a los consumidores de remedios, cuyo mayor comprador es el PAMI, o sea millones de jubilados y pensionados…”. La causa que está en la Corte, tuvo un dictamen -no vinculante- de la Procuración, a favor de Farmacity, que propone declarar la inconstitucionalidad de la ley bonaerense que le impide vender remedios.

Entre las medidas de prueba impulsadas figuran: un pedido a la Oficina Anticorrupción de las declaraciones juradas de Quintana desde 2015 y antecedentes de investigaciones administrativas; otro a la Inspección General de Justicia (IGJ) para que informe la composición del directorio de Farmacity SA, Partner SA y Pegasus SA, además de las actas de constitución, directorio y asamblea y toda la documentación que tengan sobre esas empresas; el Ministerio de Modernización tendrá que decir si esas empresas son proveedoras del Estado, en particular del PAMI, y los legajos correspondientes; el PAMI, deberá entregar los legajos vinculados con la aparente contratación de Farmacity y otras empresas allegada; a la Corte el fiscal le pide el registro de circulación del expediente y si se tomaron medidas; al gobierno bonaerense, la autorización para que opere la empresa en la provincia. A los medios, las copias de los programas donde se habló y se brindó información del tema.

Después que se conoció públicamente la continuidad de su participación e influencia en el control de Farmacity, Quintana dijo que desde que renunció al directorio y asumió como funcionario: “no tuve  influencia, ni participé de ninguna reunión de directorio, no participé en nada que tenga que ver con la compañía”. No está claro aún si la declaración jurada de Quintana se ajusta a la realidad. Alonso, titular de la OA, aseguró que “no se ha detectado ninguna situación que pueda poner bajo sospecha penal” a Quintana ni ninguna “desviación” respecto de la ley de Etica Pública. La OA, como es sabido, sólo denuncia penalmente y es querellante contra funcionarios del gobierno anterior. Para los actuales sólo anticipa absoluciones o a lo sumo impone recomendaciones lavadas.

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