“Realista” y “convincente”. Así describen los técnicos del Fondo Monetario Internacional el programa de ajuste fiscal por 500 mil millones de pesos que implementará el gobierno de Mauricio Macri para habilitar el préstamo stand-by por hasta 50.000 millones de dólares en tres años. “Coincidimos plenamente con las autoridades argentinas en la necesidad de acelerar el proceso de reducción del déficit fiscal. Es un programa muy convincente. Los gobiernos tienen que tomar decisiones difíciles pero compartimos el objetivo de reducción de pobreza”, expresó ayer el responsable del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, durante una conferencia de prensa en Washington. 

El recorte sobre el gasto público que deberá ser validado en el proyecto de ley de Presupuesto 2019 y un paquete de reformas que profundizarán la orientación neoliberal del esquema monetario conforman la prenda de cambio que ofrecieron los funcionarios del Palacio de Hacienda para acceder al financiamiento condicionado. “Las medidas son factibles y realistas pero requieren fuerte compromiso de toda la sociedad argentina”, aseguró el jefe de la misión del FMI para Argentina, Roberto Cardarelli, al destacar la incorporación en el acuerdo de una cláusula para amortiguar el ajuste sobre el gasto social. Ambos negociadores del Fondo, Werner y Caldarelli, celebraron que sea el mercado quien determinará el precio del dólar. 

“Como en todos los programas del Fondo la disponibilidad de los recursos está condicionada al cumplimiento de las metas”, graficó Werner. El primer tramo del crédito asciende a 15.000 millones de dólares. Los recursos ingresarán cuando el acuerdo reciba el visto bueno del Directorio del organismo multilateral. La votación fue convocada para el 20 de junio y los fondos se acreditarían en las siguientes 48 horas. No existe un cronograma para acceder al resto de los fondos. Si Argentina cumple con el ajuste y las reformas prometidas, podrá solicitar los restantes 35.000 millones de manera escalonada a lo largo de la vigencia del acuerdo. Por eso, a la supervisión anual de la economía argentina prevista en el Artículo IV, los técnicos del FMI explicaron que la puesta en marcha del stand-by sumará revisiones trimestrales sobre el programa de ajuste. 

Después de su fallida intervención en la crisis de Grecia, el Fondo recalibró los criterios de acceso a los programas stand-by. No solo endureció la supervisión de los países sino que comenzó a demandar que las políticas y reformas propuestas por los países solicitantes “ofrezcan una perspectiva razonablemente elevada de éxito, incluyendo no solo el plan de ajuste sino también una capacidad política e institucional para llevar adelante ese ajuste”. Para los técnicos del FMI la premisa está cubierta: “Aun en un entorno político complicado, en los últimos años se han realizado reformas y leyes muy importantes”, sostuvo Werner al remarcar la viabilidad del programa diseñado por Argentina. 

El estrecho colaborador de la titular del Fondo, Christine Lagarde, consideró que “la economía argentina es distinta a la de 2001 y la situación financiera no presenta las vulnerabilidades de hace veinte años”. Con una visión exclusivamente fiscalista, los economistas del Fondo esperan que el recorte en obra pública, la reducción del empleo estatal, la continuidad en la quita de subsidios y el ajuste de las jubilaciones, arrojen una expansión económica a partir de 2019. “Creemos que el ritmo de reducción del déficit primario es consistente con recuperación económica el año que viene”, acompañó Cardarelli al anticipar que “el efecto sequía va a ser positivo el año que viene, el programa del FMI ayuda a reestablecer confianza en los mercados y la nueva tasa de cambio ayudará a la exportación”.

A pesar del abandono de cualquier objetivo de precios para 2018 y el nuevo cambio en las pautas, Werner consideró que el 17 por ciento el año próximo es “una meta de inflación creíble”. El titular del Departamento para el Hemisferio Occidental ponderó además que la entidad conducida por Sturzenegger “va a permitir que el tipo de cambio sea determinado por el mercado”.