Las condiciones del préstamo que el gobierno se ha apresurado a solicitar al FMI muestran la peligrosa reincidencia de un diagnóstico erróneo sobre la coyuntura: para el ejecutivo el origen de la crisis cambiaria se debe al déficit fiscal y la falta de confianza de los inversores en su eventual reducción. El desequilibrio externo sería un síntoma, pero no la causa de los problemas.

Una parte de este déficit se explica por la crónica restricción que la economía enfrenta cuando el aumento de las importaciones genera un saldo comercial deficitario. Otra parte corresponde a los flujos financieros que tienen una relevancia insoslayable, no sólo por su magnitud relativa respecto a los flujos comerciales, sino también por su mayor volatilidad. Las medidas que Cambiemos ha tomado desde 2015 fueron en la dirección contraria a la resolución del problema y no se prevé su corrección. Luego de la apertura comercial y financiera, la necesidad de divisas prácticamente se ha duplicado entre 2015 y 2017, hasta alcanzar unos 30.000 millones de dólares de déficit de cuenta corriente (5,5 por ciento del PBI).

Al comienzo de la etapa de desregulación del sector externo, la premisa oficial de la política económica era que las inversiones extranjeras traerían los dólares suficientes para evitar un ajuste recesivo del balance de pagos (sin mediar explicación acerca de cómo esto generaría oferta de dólares a futuro). Lo cierto es que ese proceso inversor no ocurrió y el financiamiento fue provisto principalmente por el endeudamiento público. Ahora que esa capacidad de endeudamiento luce comprometida y que incluso la demanda de dólares supera las necesidades financieras del Tesoro, la respuesta es similar: más endeudamiento, pero esta vez con una contraparte que exige acelerar el ajuste fiscal.

El Fondo exige añadir casi un punto de recorte del PBI por año a las austeras metas fiscales que Hacienda se había fijado. Esto impactará en el empleo público, en los subsidios, en las transferencias a provincias y universidades y en la ya castigada obra pública. En un plazo mayor, la magnitud del gasto en prestaciones sociales hace de difícil cumplimiento la meta de déficit cero para el año 2020 si no se introducen nuevas reformas al sistema previsional.

Para que el ajuste fiscal logre corregir el desequilibrio externo sin sobresaltos deberá consolidarse el actual proceso de devaluación real, el tipo de cambio real ha subido más un 20 por ciento desde antes de la corrida. Tampoco es evidente que la depreciación haya sido suficiente para aliviar el déficit de cuenta corriente, si los sectores de mayores ingresos no se ven restringidos para invertir, gastar en dólares o dolarizarse. 

En cualquier caso, el fetichismo de la resolución del déficit externo por la vía fiscal será operativo si el gobierno es exitoso en la aplicación de una amplia gama de instrumentos que sostengan el tipo de cambio real alto: alta tasa de interés, mayor ajuste fiscal, mayor apertura comercial, utilización de los salarios como ancla nominal, a partir del amedrentamiento de las dirigencias sindicales y contención del indisimulable clima social de insatisfacción. Es decir, el “éxito” de la estabilización lleva implícito un salto regresivo en las condiciones de trabajo y la producción.

En un escenario diferente, si los salarios logran una compensación parcial de su pérdida (que este año sería de al menos el 5 por ciento del poder de compra) y el ingreso de dólares del préstamo del FMI contiene la presión cambiaria, el gobierno estaría en condiciones, si bien no de ofrecer buenas noticias, al menos de evitar seguir dando malas. Pero ello no resolvería el desequilibrio externo. En ese caso, el gobierno se enfrentaría a un problema mayor que la poca credibilidad del BCRA para alcanzar su meta en 2019: mantendría la amenaza latente de que nuevos shocks disparen episodios de corrida cambiaria, con la dificultad adicional de encontrarse más limitado en su política cambiaria ahora que el Tesoro es el que realiza la oferta pública de dólares, en lugar del BCRA.

El gobierno enfrenta entonces el dilema de optar entre un escenario de desequilibrio externo con menor conflictividad, o un escenario de equilibrio externo y desequilibrio social. En el primero, las autoridades deberán afrontar un año largo de incertidumbre cambiaria. Su alternativa es enfrentar a la ciudadanía con niveles inéditos de conflictividad ante la inminencia del calendario electoral. En filo de la navaja, sobre la que el gobierno decidió que transcurra su política económica, tiene a ensancharse cada vez más.

* Economista-Instituto de Trabajo y Economía -FGA.