La vicepresidenta Gabriela Michetti viene sosteniendo, en respuesta a Cristina Kirchner, que “hoy la tarifa social alcanza, nada más ni nada menos, que a cuatro millones de hogares, o sea entre 12 y 15 millones de habitantes” y que de esta forma corrigieron “la distorsión” que había en el gobierno anterior donde todos pagaban lo mismo.

Esta afirmación tuvo alto impacto por el debate entre Cristina y Michetti pero poco se discutió sobre el tema de fondo que tiene que ver con la asignación de subsidios a las tarifas y el mecanismo implementado por el Gobierno de Cambiemos. 

  • La tarifa social: ¿alcanza a todos los que tiene que alcanzar y deja afuera a quienes no está dirigida? 

Pensemos algunas situaciones:

“Laura” vive con sus tres hijos. Con su salario de 23.000 pesos sumados a los 5000 pesos que su ex marido abona (con cierta irregularidad) de cuota alimentaria, mantiene su casa. Paga 9000 pesos de alquiler, 3000 pesos de luz y 1500 pesos de gas. Luego de pagar las cuentas, las expensas y hacer una compra grande a principio de mes apenas le queda para vivir más allá del día 10, por eso utiliza la tarjeta de crédito que suma un gasto cada vez mayor para el mes siguiente. Ya suprimió toda salida de la familia y también de su hija adolescente y difícilmente llega a cubrir los materiales escolares.

“Laura” y las miles de mujeres jefas de hogar que sostienen a sus hijos menores con ingresos medios bajos no es beneficiaria de subsidio alguno para afrontar las tarifas y las mismas les insumen entre el 10 y el 20% de los ingresos del hogar.

Por otro lado, está “Marta”, beneficiaria de la tarifa social. Cumple con el requisito de acreditar un ingreso menor a dos salarios mínimos. Como no es requisito informar quiénes son los integrantes del hogar, obtuvo la tarifa social pese a que su pareja, Orlando, percibe un salario de 80.000 pesos. Ellos no tienen hijos y el hogar se sostiene con ingresos  cercanos a los 100.000 pesos. 

Es difícil determinar si existen casos como el de “Marta”, pero claramente serían posibles. En cambio no hay duda de que existen miles de casos como el de “Laura”, absolutamente desatendidos.

  • La tarifa social está mal diseñada y es ineficiente. Es producto de la falta de voluntad y de empeño de los funcionarios para elaborar políticas que cumplan sus objetivos y que sean justas.

Las políticas públicas requieren una población objetivo clara y un diseño que permita llegar a dicha población, lo cual –en general– presenta dificultades. 

En este caso, según surge del documento “Tarifa Social Federal para servicios de Electricidad y Gas por  Redes en Argentina”, del Ministerio de Energía y Minería, existe un problema fundamental en la definición de la población objetivo. Si bien la identifica como “Población bajo la línea de pobreza. Que requiere de manera indispensable la prestación regulada y subsidiaria de los servicios”, en el proceso de asignación, focaliza en los ingresos de los individuos titulares del servicio, independientemente de los ingresos del hogar y de la integración del mismo.

La “población bajo la línea de pobreza” definida únicamente por los ingresos de uno de los integrantes del hogar, es deficiente. La forma de definir la misma debe hacerse a partir de los ingresos por hogares, al establecer si éstos tienen la capacidad de satisfacer un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. Los ingresos del titular de un servicio, aleatorio en función de cuándo y cómo se definió esa titularidad y que muchas veces ni siquiera está actualizado, poco dice de la necesidad del hogar de recibir un subsidio para afrontar el pago de tarifas.

En este sentido, del mismo documento citado surge la necesidad de modificar los criterios de focalización expuestos y recomienda ir “en el mediano plazo” a “esquema de transferencias directas”. Sin embargo, tampoco quedan claros los “criterios de elegibilidad” que se podrían definir (asociados al hogar, umbral de ingresos, comprobación previa de medios de vida, asignación cuasicatastral y escalonamiento/variación por estructura/zona/ nivel de vulnerabilidad). 

El Poder Ejecutivo reconoce claramente, en sus documentos, las fallas del esquema adoptado pero está lejos de ir a un sistema más eficiente en el corto plazo. Sin embargo, en su relato oficial sigue sosteniendo los desorbitantes aumentos de tarifa con el planteo de que, quienes no pueden pagar, están atendidos por la “tarifa social”.

Otra falencia del actual sistema está dada por los hogares que no reciben ningún tipo de subsidio más allá de que sus integrantes cumplen los requisitos para percibirlo. Del documento citado surge gran porcentaje de personas que, pese a tener ingresos hasta el cuarto decil (hasta 8500 pesos) quedan excluidas; casi tres millones de personas. Una hipótesis por la que puede suceder esto es por el alto nivel de usuarios sin identificación que tiene el Estado y por el desconocimiento de estas personas acerca de cómo solicitar el subsidio.

Por otra parte, la tan mentada política de “sinceramiento tarifario” de este Gobierno, con tarifas inalcanzables fue parte de un relato en el que se sostiene que “a diferencia del gobierno anterior que subsidiaba por igual a ricos y pobres”, ahora se subsidia a quienes no pueden pagar.

Como hemos ido analizando, sin embargo, las fallas en el esquema adoptado refutan ese discurso. En este contexto, nos parece insoslayable este tema para la oposición, que ha intentado poner freno a los aumentos de tarifas extendiendo la cobertura de la tarifa social, en lo relativo a los usuarios individuales, a 3 salarios mínimos, pero sin poner en debate la ineficiencia del sistema adoptado. 

Es cierto que no es fácil encontrar una solución de fondo pero, en el corto plazo, una corrección posible sería solicitar a los beneficiarios de la tarifa social actual, una declaración jurada de que ningún integrante del grupo familiar percibe ingresos superiores a 2 salarios mínimos. Asimismo, se debería incluir dentro del subsidio a los titulares del servicio que perciban entre dos y cuatro salarios mínimos,  cuando éste sea el único ingreso del hogar (hogares monoparentales) y tenga por lo menos un niño a cargo. De esta forma quedarían incluidas las miles de jefas de hogar que hoy no pueden hacer frente a las tarifas y que se encuentran dentro de esa franja de ingresos.

La  oposición viene sosteniendo en el Congreso el freno a los aumentos de tarifas en un esquema que sostiene la tarifa social para los sectores de bajos ingresos. Es indispensable entonces que esta política subsane en el corto plazo los errores más evidentes para luego proponerse, en el mediano plazo, un rediseño del subsidio en función de los ingresos y las necesidades de los hogares y no de los titulares del servicio.

La eficiencia, como hemos visto a lo largo de estos dos años y medio no define a los CEO´s en el gobierno, sino a aquellos políticos con vocación de generar políticas más justas.

* Directora del Banco Ciudad.