Los puntos oscuros detrás del traslado del penal de Devoto

Una cárcel que se cierra, una polémica que se abre

Aunque los vecinos del barrio acuerdan con sacar de allí la prisión, el convenio que acaban de firmar Nación y Ciudad deja muchas dudas. La principal es el destino del predio, que según todo indica será para el negocio inmobiliario y no para espacios verdes.
La cárcel de Devoto fue habilitada en 1957 y pertenece al Servicio Penitenciario Federal.La cárcel de Devoto fue habilitada en 1957 y pertenece al Servicio Penitenciario Federal.La cárcel de Devoto fue habilitada en 1957 y pertenece al Servicio Penitenciario Federal.La cárcel de Devoto fue habilitada en 1957 y pertenece al Servicio Penitenciario Federal.La cárcel de Devoto fue habilitada en 1957 y pertenece al Servicio Penitenciario Federal.
La cárcel de Devoto fue habilitada en 1957 y pertenece al Servicio Penitenciario Federal. 
Imagen: Bernardino Avila

El traslado de la cárcel de Devoto es una excelente noticia para los vecinos del barrio, sin embargo, el proyecto tiene varios puntos polémicos, entre ellos, el costo que tendrá para la ciudad de Buenos Aires la construcción de la nueva sede carcelaria –que estiman superará los 160 mil millones de pesos– y el destino del espacio que quedará disponible en la zona, porque todo indica que esos terrenos serán para emprendimientos inmobiliarios y no espacios verdes, escuelas y hospitales, como reclama la mayoría de los vecinos.

El tercer punto cuestionado del proyecto es que si bien desde el gobierno porteño aseguran que el traslado será a Marcos Paz, ese dato no figura en el convenio que la Legislatura aprobó en los últimas semanas, con lo cual el destino de los detenidos aún es incierto.

El 35 por ciento de los vecinos de Villa Devoto considera que los terrenos que quedarán disponibles a partir del traslado deberían ser destinados a espacios verdes, el 25,3 por ciento a hospitales, el 22,4 a escuelas y sólo el 15 por ciento ve positivo que se construyan viviendas. 

Estos datos se desprenden del estudio de opinión realizado por la encuestadora Social Now, en el que además se ratificó que la mayoría está de acuerdo con el traslado de la cárcel.

La Legislatura de la ciudad ya ratificó el convenio que firmaron el pasado 7 de junio la Nación, la Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para el traslado de la cárcel.

En ese sentido, el legislador del Frente de Izquierda del Partido Obrero, Gabriel Solano, aseguró que la aprobación de este acuerdo por parte de la Legislatura es “un cheque en blanco” para el gobierno de la Ciudad.

Fuentes de la Legislatura consultadas por PáginaI12 explicaron que “todo lo que dice el convenio no tiene nada que ver con lo que dicen los funcionarios del Poder Ejecutivo”.  

“Cuando vienen los funcionarios acá dicen que va a ser un 35 por ciento de negocio inmobiliario y que el 65 por ciento restante va a ser espacio público, pero eso no está en el convenio. También dicen que para la ciudad va a ser inocuo, que la ciudad va a adelantar el dinero y que cuando Nación venda el terreno va a devolverlo, pero todo eso no se especifica en ningún lado”, precisaron las fuentes consultadas. 

Además, subrayaron que lo cierto es que “la ciudad va hacerse cargo de la construcción de la cárcel que va a salir 160 mil millones y los terrenos los va a vender la Nación”. “Todo lo demás son dichos de los funcionarios que no están plasmados en ningún papel hasta ahora. Todo lo que está firmado se contradice al 100 por 100 con lo que dicen desde el gobierno porteño”, agregaron.

El convenio sólo especifica que tiene por objeto establecer las acciones en conjunto y coordinadas entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y AABE; y establece que en el marco de sus respectivas competencias implementarán actividades destinadas a llevar a cabo la construcción de un nuevo complejo penitenciario, la desocupación de todos los servicios del Servicio Penitenciario Federal del “Complejo Devoto” mediante su traslado al nuevo complejo construido, la rezonificación urbanística del inmueble y la venta del penal. En el convenio además se especifica que “hay un interés público del gobierno de la ciudad en trasladar el complejo a fin de favorecer el desarrollo urbano”.

Sin embargo, quienes son críticos de este proyecto señalan que el gobierno porteño solamente le interesa el negocio inmobiliario en la zona de Devoto. 

“Este es un gobierno que se encarga estrictamente de negocios inmobiliarios, pero en este caso a expensas de las personas detenidas, entonces es doblemente grave porque es un negocio inmobiliario pero no cualquiera porque es a expensas de los derechos de las personas que están detenidas”, enfatizó Solano.

En ese sentido, agregó que “cuando se habla del 35 por ciento de edificaciones y el 65 por ciento de espacios públicos hay una mentira que ya fue advertida por los ambientalistas porque el gobierno contabiliza todo dentro del 65 por ciento de espacios verdes”.

“Ellos consideran que todas las zonas que no están exactamente construidas son espacios verdes, es decir que hay una torre y abajo de la torre hay un poquito de pasto entonces forma parte del 65 por ciento. Es la forma que encontró (Rodríguez) Larreta para tratar de ocultar la entrega de 200 hectáreas que ha realizado en su mandato en capital inmobiliario. No hay ninguna parte que diga espacios verdes ni mucho menos”, remarcó.

La cárcel de Devoto, que fue habilitada en 1957 y pertenece al Servicio Penitenciario Federal, es el último establecimiento carcelario ubicado en la ciudad de Buenos Aires y es uno de los complejos más grandes del país. Se trata de un edificio con capacidad para 1700 internos pero hoy alberga a casi 2000.

Desde el Ministerio de Justicia de la Nación aseguraron que la idea es trasladar la cárcel a un nuevo edificio que se construirá dentro de Marcos Paz y subrayaron que este proyecto “sólo trae beneficios”.

“Va a ser un Complejo con mayor tecnología, con mayores espacios para desarrollar un montón de actividades en todo lo que es el Sistema Federal, las celdas van a ser para uno, dos, tres o cuatro personas máximo y no pabellones de 60 personas como es hasta ahora. No están buenas las celdas individuales porque está muy aislada la persona, pero más de cuatro deja de ser un grupo y empiezan roces más complejos. Este nuevo edificio va a tener todos los espacios necesarios para los talleres productivos, para la capacitación de trabajo y el personal penitenciario va a trabajar también en mejores condiciones”, precisó la fuente consultada por este diario.

En cuanto a las críticas que se le hacen al proyecto, desde el Ministerio reconocen que para los familiares de los presos puede ser más complicado ir a Marcos Paz que visitarlos en Devoto. 

Sobre este punto, el legislador del Frente de Izquierda aseguró que como no está especificado en el convenio a dónde será trasladado el penal, “lesiona varios derechos de los detenidos”. El legislador precisó que uno de esos derechos que pueden verse afectados es “el derecho a la defensa” y explicó que “si mañana la cárcel es llevada a Marcos Paz, también puede llevarse a otro lugar, porque no sabemos, tranquilamente puede ser a una distancia aún mayor, y esto va a terminar lesionando porque los abogados defensores de las cárceles que están lejos de la capital se trasladan con menor asiduidad, se aleja también del juez que lleva la causa”.

“Tengamos en cuenta que la mayoría de los detenidos son detenidos con muy pocos recursos económicos por lo que no tienen la posibilidad de costearse estudios de abogados caros. En segundo lugar, es la cuestión de la resocialización de los detenidos. Por ejemplo, en Marcos Paz, que es la cárcel más cercana que tiene la Capital Federal, ya por su distancia de 50 kilómetros está demostrado por un informe del Servicio Penitenciario que las visitas se reducen a un 60 por ciento”, agregó.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Justicia aseguran que la obra se realizará en Marcos Paz, que se basará en la construcción de 2400 plazas distribuidas en ocho módulos autónomos. Pequeñas unidades carcelarias para albergar a 300 internos cada una.  

“Son tres obras distintas, porque de las ocho unidades son cuatro en una etapa, cuatro en otra y está todo el resto del complejo que tiene que ver con el sector de visitas, el sector administrativo, el hospital. Cuando se construye una cárcel se construye una ciudad. Porque tiene que tener todos los servicios que tiene un municipio, en definitiva es como un pequeño municipio. Con espacios para la salud, la educación, los talleres para el trabajo, los espacios de esparcimiento y los lugares destinados para el  alojamiento. Entonces se hace en tres etapas distintas, la idea es hacerlo con tres contratistas distintos para que nadie absorba todo”, detalló el funcionario del ministerio de Justicia.

El próximo 10 de julio se hará el primer llamado a licitación para la primera parte de la obra, que se dividirá en tres etapas. 

En octubre se convocará a la segunda y en diciembre la tercera y, según estiman, para principio del año que viene empezará la construcción de la obra y para fines del 2020 se hará el traslado definitivo. 

Sobre cómo será el traslado de los más de 2 mil internos, explicaron que es un proceso complejo que involucra al Poder Judicial exclusivamente y reconocieron que ese procedimiento nunca se hizo “en tal magnitud” pero se hace cotidianamente con 100 o 200 personas. 

“Eso se hace con los móviles de traslado y con la custodia correspondiente,  y se va haciendo en etapas, siempre de madrugada y tranquilamente se pueden trasladar 200 personas por día”, detalló el funcionario que dialogó con PáginaI12. 

Dentro de las instalaciones de la cárcel se encuentra el Centro Universitario Devoto, un programa de estudios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que cuenta con las carreras de Derecho, Letras, Contador Público, Administración de Empresas, Psicología, entre otras. Parte de lo que no precisa el convenio que firmó el gobierno porteño, el Ministerio de Justicia y AABE, es que será del destino de esta institución que fomenta la educación universitaria, además de la primaria y la secundaria con la que cuenta Devoto para los internos como herramienta para la reinserción en la sociedad de los detenidos luego de cumplir su pena. 

Andrea es vecina del barrio de Devoto desde 1970 y vive a media cuadra de la cárcel sobre la calle Nazarre. Conoce bien la problemática del lugar y sabe que tanto ella como parte de sus vecinos, desde hace años se quejan porque la cercanía al penal los perjudica.

“Abarata el valor de las propiedades y nadie quiere comprarlas. Además está latente el problema de los amotinamientos y la fuga, como también el de los operativos policiales”, detalló. 

Sobre lo que podría hacer el gobierno de la Ciudad con el edificio y sobre el terreno en el que hoy está funcionando la cárcel de Devoto, Andrea manifestó que le gustaría que “se edifiquen escuelas, que se construyan viviendas y que generen más espacios verdes”.  

Si bien desde hace años gran parte de los vecinos del barrio de Devoto vienen reclamando por el traslado de la cárcel, esta vez lo que parece un proyecto puede ser convertido en realidad aunque no quede muy claro oficialmente cuáles son las reales intenciones y qué hay detrás de esta millonaria y pretenciosa mudanza.

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