“La flecha está en el aire y el debate tiene fecha” se repiten las mujeres luchadoras que conforman la Campaña Nacional por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito cuando se refieren al 8 de agosto próximo y a este ascenso imparable de la marea verde feminista que ya desborda el Senado pese a la resistencia obstaculizadora de su presidenta, Gabriela Michetti, y con el viento a favor de senadoras y senadores que manifiestan la voluntad de convertir en ley el proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con un esquema de articulación similar, grupos de whatsapp y en contacto permanente para poder avanzar hacia el 1º de agosto, cuando se firme el dictamen. Imposible hacer un seguimiento racional de los números, que oscilan todo el tiempo en diferencias más o menos parejas, con un listado de indecisxs que posiblemente definan su voto a último momento y con la balanza más bien inclinada a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), lo que confirma un reconocimiento legislativo profundo del carácter desastroso que significa seguir arrastrando a las mujeres a la clandestinidad del aborto, y sobre todo a las más pobres, que desde la media sanción lograda el 14 de junio soportan una amplificación de los discursos moralizantes y disciplinadores desde las instituciones religiosas de sus barrios. El frente político color amarillo Vaticano que tiñe sobre todo a las provincias del NOA y NEA, donde ni siquiera se aplican los protocolos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y los índices de morbi-mortalidad materna son elevados, cuenta en la Ciudad con una planta permanente de emisarixs para expandir la propaladora antiderechos durante las próximas semanas. El pataleo de clínicas que aducen objeción institucional, la entrega de documentos en rechazo firmados por profesionales ultracatólicos multirubro y la persistente amenaza de la modificación del texto son parte de la lógica desesperada del embate. Ya no alcanzan Viviana Canosa, ni el feto ambulante de cartapesta ni los chupetazos celestes y blancos derretidos bajo el clamor de miles de jóvenxs que reclaman por la soberanía de sus cuerpos. Saben además que la Campaña Nacional es una poderosa construcción federal integrada por más de 500 organizaciones de todo el país. Los pañuelazos del martes en cada región de la Argentina son prueba rotunda de la despenalización social del aborto que sólo espera el capítulo de su aprobación definitiva el 8A. 

“Llegamos hasta acá por la fuerza de esa marea verde organizada que hace años viene trabajando”, sostiene la senadora pampeana Norma Durango, del interbloque Argentina Federal, que se manifestó a favor de la interrupción voluntaria del embarazo este martes, en la conferencia de prensa organizada por la Campaña en el Salón Illia del Senado, donde se exigió un debate respetuoso pero rápido de la iniciativa, y a la que asistieron legisladorxs de Cambiemos, del justicialismo, del kirchnerismo, organizaciones sociales y de derechos humanos. “Creo que vamos a salir adelante. Este no es un problema constitucional ni religioso, es un tema de salud pública que excede el marco de creencias personales, y tampoco podemos negar el aborto clandestino, porque si no aprobamos la ley va a seguir existiendo. Hay un derecho que debemos legitimar.” La Pampa es una de las provincias donde a fines de mayo el Foro por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una de las agrupaciones que integran la Campaña, visibilizó el agravamiento de la restricción de ILE en el servicio de Tocoginecología del Hospital Lucio Molas. El incumplimiento de la práctica ya había sido denunciada en el Hospital Gobernador Centeno de General Pico, donde todo su servicio se declaró objetor de conciencia. En un comunicado se advirtió, en sintonía con la senadora Durango, que el resultado de estas políticas “conllevan a la expulsión de las mujeres del sistema público de salud, las deja en extrema vulnerabilidad y expuestas a una maternidad forzada o a prácticas abortivas inseguras”. 

Mentiras y bloqueos

Las fake news se están inflando desde antes de la sesión del 13 de junio en Diputados, cuando el berretismo arengador de Alfredo Olmedo quiso imponer que “al aborto lo pagamos todos con nuestros impuestos”, y la suspicacia tramposa de la senadora Miriam Boyadjian, del Movimiento Popular Fueguino, “en defensa de las dos vidas”, se preguntaba cuánto le costaría al Estado el aborto libre y gratuito. “En estos momentos en los que ha cobrado tanta importancia la reducción de gastos por parte del Estado, es sorprendente que no se haya tenido en cuenta”, deslizó en una columna de opinión de neoliberalismo explícito.

Son manotazos de ahogado, argumentos mentirosos que la senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun (FPV-PJ) descarta para subrayar que “cuando se habla de un proceso de ampliación de derechos no podemos hablar de gastos, sino de inversión”. Y por las dudas agrega que en lo que respecta a la cuestión constitucional también relativizada, “ha quedado completamente zanjada luego del fallo F.A.L.”, cuando la Corte Suprema ya había interpretado esos parámetros.

Fue otra de las senadoras kirchneristas a favor de la legalización del aborto, Nancy González, autora de un informe sobre la cuestión presupuestaria, quien el martes remarcó que el presupuesto destinado  sería de un 50 por ciento menos de gasto en la salud pública si se aprobara la ley. “Y si el Estado fabricara misoprostol, el gasto sería de un 68 por ciento menos.”

“Calcular el costo social del aborto inseguro es contrario a nuestros principios porque implicaría ponerle precio a una vida. ¿Cuánto valen las más de 43 muertes evitables por año por aborto clandestino? El Estado dispone de los recursos necesarios para evitar esas muertes y hoy sin embargo es cómplice porque obliga a  que las personas gestantes aborten en condiciones de clandestinidad”, señala. “A pesar de no contar con estadísticas oficiales que permitan conocer con precisión la cantidad de abortos que se realizan en el país, quiénes lo demandan y dónde se practican, los datos disponibles arrojan información suficiente para explicar por qué no sólo es falaz que el proyecto de IVE puede generar problemas de solvencia para el sistema público de salud sino que, por el contrario, representaría un uso más eficiente de los recursos.”

En la conferencia de prensa que encabezó esta semana, Marta Alanis, de Católicas Por el Derecho a Decidir y una de las pilares de la Campaña Nacional, expuso el anhelo de replicar en Senado la articulación lograda en Diputados y de trabajar coordinadas y transversales. En su diálogo con Las12 destaca una revisión urgente de la coyuntura sin ficciones antiderechos ni bloqueos como los que viene ensayando Gabriela Michetti desde que fue girado el dictamen. 

“Espero que los senadores hagan una lectura acorde a las circunstancias, que sepan leer cómo la sociedad en su conjunto se ha expresado a favor de la despenalización y legalización del aborto”, precisa ¿Estamos asistiendo a una mayor movilización de grupos antiderechos? Asegura que sí, “con figuras patéticas, con imágenes del pasado. No quiero centrarme en ellos, pero no se puede estar escuchando a un sector que no representa la realidad y que tiene sus derechos garantizados en este momento. Este Senado no puede ignorar la movilización de las jóvenes, la adhesión de las secundarias; no puede ignorar todo lo que está pasando en el país, los pañuelazos, la conferencia de prensa del martes, cuando se planteó claramente que queremos que se debata en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Salud, que son las que corresponden, y no en cuatro.”

La ratificación obcecada del michettismo de las cuatro comisiones incluidas las de Asuntos Constitucionales -innecesaria al no existir cuestión constitucional- y Presupuesto y Hacienda que preside Esteban Bullrich, una de las espadas de Cambiemos en contra de la legalización, más allá de la deriva de esa polémica y de planteos de trabajo en plenario, sirve para dejar claro el objetivo de empantanar derechos y pulverizar el futuro de la ley, si acaso eso fuera posible, modificando además el texto para devolverlo a la Cámara Baja.

“Es un bloqueo al debate, por lo tanto queremos que eso no suceda”, insiste Alanis. “El miércoles hubo un mayor nivel de cordura y después apareció una ratificación de la presidenta del Senado con el giro del proyecto a las cuatro comisiones. Es meter palos en la rueda, queremos debate sincero. No se ponen cuatro comisiones para el tratamiento de una ley que tiene que ver con la salud de un sector de la población, nada más y nada menos que de la mitad de la población: las mujeres y las personas gestantes.”

El FPV-PJ y el interbloque Argentina Federal, que presiden Marcelo Fuentes y Miguel Angel Pichetto respectivamente, habían presentado la impugnación de los giros cuestionando la inclusión en el debate de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, pero parece que la estrategia global de la Vicepresidenta se basa en la  inamovibilidad de las decisiones que va consensuando con el cónclave antiabortista de Cambiemos en el Senado, con Federico Pinedo, Silvia Elías de Pérez y Esteban Bullrich en la primera formación.   

“Habrá que seguir dando muchas discusiones, construyendo transversalidad para tratar la iniciativa y remarcar que si el propio Mauricio Macri enfatizó la total libertad de opinión sobre el tema, Michetti como representante del Poder Ejecutivo en el Senado debería mantener una posición más neutral”, asume la diputada de Unidad Ciudadana Mónica Macha, una de las impulsoras y firmantes del proyecto de la Campaña. 

Secretaria de Género de la CTA y una de las militantes históricas por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Estela Díaz concluye que ese viento verde-revolución de hijas y nietas, como le gusta pronunciar, es el que va a sumar los votos para la aprobación de la ley desde las escuelas, las plazas y las calles. Sin eufemismos, con aborto legal en el hospital y en cualquier lugar. “La despenalización social del aborto viene para interpelar a lxs senadorxs. En estos trece años de Campaña cómo no vamos a estar confiadas en poder construir mayoría junto a esa fuerza popular organizada que volvió a tomar las calles el martes. Y sobre todo contra esa debilidad insostenible de los argumentos que defienden la continuidad del aborto clandestino.”