Un juez negó el pedido de detención de uno de los dos efectivos de la policía tucumana imputados por el homicidio de Facundo Ferreira, el niño de 12 años que murió en marzo pasado tras recibir un disparo en la nuca, en un hecho que los uniformados intentaron hacer pasar por un enfrentamiento. El magistrado Víctor Manuel Rougés (subrogante en la causa) rechazó el requerimiento de la fiscalía y puso en libertad a Mauro Díaz Cáceres con el argumento de que no hay riesgo procesal. La organización Abogados del Noroeste por los Derechos Humanos (Andhes), que patrocina a la familia Ferreira, apeló ayer la medida y dio una conferencia de prensa en la que denunció la actuación como “un nuevo capítulo de un Poder Judicial selectivo y discriminador que continúa protegiendo a quienes asesinaron a Facundo”, en un caso en el que hay “indicios suficientes para enmarcar el caso como gatillo fácil”.

El lunes, Díaz Cáceres, declaró durante casi nueve horas ante la fiscal que investiga la causa, Adriana Giannoni, quien lo imputó a él y a su colega Nicolás González Montes de Oca por el homicidio de Ferreira. Una hora después de finalizada la indagatoria, Rougés, el juez de Instrucción Penal de la V Nominación que estaba de turno, resolvió rechazar el pedido de la fiscal para detener al policía, y le otorgó la libertad.

Según explicó a este diario Emilio Guagnini, coordinador de la línea de Defensa y litigio estratégico de Andhes, y uno de los abogados que representa a la familia Ferreira, “el fundamento para la liberación es que no hay riesgo procesal”, sin embargo, el letrado remarcó que “esos riesgos sí existen”.

“Por un lado, ya habíamos denunciado amenazas a la familia de Facundo. Y, por otro, no hay que perder de vista que los dos policías son miembros en funciones de la fuerza policial, son funcionarios policiales y parte del aparato de seguridad, y esos es un riesgo procesal porque a través de ese rol pueden entorpecer la investigación”, remarcó el letrado. Y agregó que “la resolución del juez es una señal más de una justicia selectiva y discriminadora, en un caso claro de gatillo fácil”. Unas horas después de conversar con PáginaI12, el abogado dio los últimos retoques a la apelación a la denegatorio de prisión de Cáceres, que presentó a última hora de la tarde, y en la que señaló los riesgos existentes para la causa. 

Para Andhes, la posición tomada por el Juez Rougés “continua el camino del ministro de Seguridad de Tucumán, Claudio Maley, y su par nacional Patricia Bullrich, quienes justificaron y avalaron el fusilamiento del niño en la madrugada del pasado 8 de marzo”.

Por otra parte, ayer fue el turno de indagatoria del otro policía imputado en la causa, Montes de Oca, quien optó por una estrategia defensiva distinta a la de Cáceres y se negó a declarar ante la fiscal. Según había explicado Guagnini diez días atrás, “Montes de Oca también disparó y los estudios toxicológicos le dieron positivo: tenía marihuana y cocaína en sangre”. 

Tras el trámite judicial, Giannoni solicitó, al igual que lo hizo con Cáceres, la detención del uniformado. Al cierre de esta edición, el policía permanecía detenido a la espera de la decisión del juez natural de la causa Facundo Magio, quien podría mantener la detención o dejarlo en libertad. 

En tanto, el secretario de Seguridad de la provincia, Luis Roberto Ibáñez, dijo a un medio periodístico que “tenemos que conocer cuál es el tenor de sus declaraciones y, en base a eso, la jefatura dispondrá alguna medida administrativa”, y recordó que los dos policías están afectados a “funciones administrativas”.

También informó que “como es un hecho cometido en servicio, están siendo acompañados por la institución”, que es la encargada de proveerles la defensa legal. “Si como causantes deciden tener un patrocinio propio, en ese caso cesa lo que la Policía les brinda y siguen con un abogado particular”, señaló el funcionario.

En contraposición, la directora Ejecutiva de Andhes, Ana Laura Lobo Stegmayer, sostuvo que “es el Estado el que debe hacerse cargo de su responsabilidad en todos y cada uno de los casos de violencia institucional, y brindar los mecanismos necesarios para que cada agente de seguridad denunciado sea investigado sin protecciones o beneficios más allá de los previstos por el marco legal vigente”.

El episodio en el que terminó muerto el niño y donde también resultó herido de un balazo el adolescente de 14 años que lo acompañaba ocurrió la madrugada del 8 de marzo en avenida Avellaneda y pasaje Río de Janeiro en la capital tucumana. Desde el minuto uno, la policía local difundió la versión de que los disparos policiales se dieron en medio de un enfrentamiento. De acuerdo a esa versión, los uniformados vieron tres motocicletas que “circulaban de forma sospechosa”, y cuando los policías “iniciaron la persecución”, los jóvenes habrían comenzado a “hacer disparos con armas de fuego”. Sin embargo, los peritajes mostraron que no había rastros de pólvora en la mano de Facundo, ni restos de ADN de los chicos en la 22.