Un equipo de 230 personas está realizando pruebas de ADN a familias de inmigrantes indocumentados que han sido separadas para cumplir con los plazos establecidos por la Justicia que hace ocho días ordenó reunificarlas, informaron ayer las autoridades estadounidenses.

“Tenemos a 230 empleados trabajando en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), de una manera que no tiene precedentes, realizado análisis de ADN”, señaló el secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS), Alex Azar, durante una conferencia de prensa telefónica. Azar explicó que el propósito de destinar semejante cantidad de personal para la elaboración de estas pruebas responde a la necesidad de confirmar “los parentescos de forma rápida y precisa”. 

El funcionario aseguró que la Administración cumplirá con el plazo dado por la Justicia para llevar a cabo la reunificación de los niños con sus padres, aunque para ello el HHS deba “rebajar” sus estándares a la hora de evaluar la idoneidad de los padres o tutores que se harán cargo de los pequeños. “Para poder cumplir con estos plazos, el HHS tendrá que rebajar su tradicional enfoque de elaborar una revisión profunda de la  idoneidad y seguridad de los tutores en detrimento de un proceso más expeditivo”, advirtió Azar. Las declaraciones del secretario se producen antes de que el próximo martes se cumpla el plazo dado por un tribunal de San Diego California, que ordenó al gobierno reunificar a los menores que fueron separados de sus padres en la frontera debido a la política de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal adoptada en mayo. 

La jueza federal que tomó la decisión, Dana Sabraw, dio al gobierno 14 días de plazo para cumplir con la sentencia en el caso de los menores de 5 años y de 30 días para los mayores de esa edad.

De inmediato, la directora de comunicaciones del grupo de apoyo a migrantes Raíces, Jennifer Falcon, señaló en una nota oficial que la decisión de realizar pruebas de ADN era “deplorable”. “Es deplorable que estén usando la obligación de reunir niños para recolectar información sensible sobre cada niño. Esto permitirá al gobierno estadounidense conducir vigilancia sobre estos niños por el resto de sus vidas”, dijo Falcon. Los niños, “algunos con edad de apenas meses, no pudieron haber autorizado esto”, señaló. La nota de Raíces también se hizo eco de las denuncias sobre un caos generalizado en el control de las autoridades sobre dónde mantiene retenido a cada niño con relación a su familia correspondiente. “Ellos nunca registraron padres y niños de forma apropiada”, apuntó Falcon.

Ante la avalancha de denuncias sobre los problemas para identificar los locales de detención de cada adulto y sus hijos correspondientes, Azar aseguró que las autoridades tienen informaciones concretas.

“El Departamento de Salud sabe la identidad y la localización de cada menor de edad bajo nuestra custodia” y actúa para proceder a la reunificación familiar “de la forma más rápida que sea posible”, dijo. “Es necesario ser muy claro sobre esto, porque sabemos dónde está cada niño y sabemos que está siendo bien atendido”, aseguró.

Sin embargo, añadió, la realización de exámenes de ADN obedece a la necesidad de asegurar que los niños y menores de edad sean reunidos con familiares confirmados. Azar, sin embargo, evitó ofrecer números concretos e insistió en que el número de niños que aún están bajo custodia de las autoridades migratorias es “menos de 3000”. Añadió, en cambio, que “alrededor de 100 tienen menos de cinco años de edad”.

El alto funcionario confirmó que en general las autoridades estadounidenses tienen bajo su custodia a “unos 11.800” menores de edad. De ellos, dijo Azar, “aproximadamente el 80 por ciento son adolescentes, en su mayoría varones”, que ingresaron al territorio estadounidense sin compañía de adultos. Desde junio el gobierno ha reunido a 538 niños con sus parientes, aunque más de 2000 menores siguen recluidos y apartados de sus familiares, según datos de Seguridad Nacional.

En tanto, el Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) informó este jueves que a raíz de la controvertida política de “tolerancia cero” a la inmigración ilegal, en junio se redujo el número de inmigrantes interceptados en la frontera con México con relación a mayo.

Mientras Azar hablaba con la prensa, sin embargo, el presidente Donald Trump arrojó más combustible a las llamas, con una serie de mensajes de Twitter donde opinó que a los migrantes simplemente es necesario decirles “que se vayan”. Según el mandatario estadounidense a los inmigrantes “hay que decirles ‘¡Fuera!’ y se tienen que ir, de la misma forma que si estuviesen parados en nuestro jardín”.

“Cuando las personas, con niños o sin niños, entran a nuestro país, hay que decirles que se vayan”, expresó el mandatario, quien volvió a presionar al Congreso para que arregle las “demenciales” leyes migratorias.

La guardia fronteriza, afirmó el presidente, “está haciendo un buen trabajo, pero las leyes con las que tienen que trabajar son demenciales”.

Trump volvió a presionar al Congreso para que apruebe una ley de reforma del sistema migratorio, a pesar del fracaso de un proyecto de ley en junio que tenía el apoyo explícito de la Casa Blanca.