El kirchnerismo presentó un proyecto de ley para que las propinas en locales gastronómicos y hoteles sea obligatoria. La iniciativa surge después de la polémica generada por la diputada macrista Elisa Carrió, quien planteó como un paliativo de la crisis que la clase media “no deje de dar propinas”. Además prevé como mínimo el diez por ciento de propina obligatoria, el proyecto también propone que el laudo “recomendado adicional será del cinco por ciento” y deberá estar asentado en la factura.

“Mi inspiración es Evita: presenté un proyecto para devolverles a los trabajadores gastronómicos el derecho al ‘laudo’ que les había otorgado Perón y eliminó la dictadura. Limosna, no. Más derechos y mejores salarios”, destacó en su cuenta de Twitter la diputada de Unidad Ciudadana, Fernanda Vallejos, impulsora del proyecto de ley. La legisladora del Frente para la Victoria rescata la idea del peronismo primario que había establecido el laudo cuando Juan Domingo Perón era secretario de Trabajo.

Además del mínimo del diez por ciento de propina obligatoria, el proyecto también dice que el laudo “recomendado adicional será del cinco por ciento” y “en la factura deberá constar de manera explícita la recomendación”. Finalmente el texto del documento señala que el cliente podrá pagar “a voluntad” ese adicional recomendado o incluso un porcentaje mayor.

“El proyecto busca ampliar derechos y dinamizar la rueda de la economía que, al contrario de lo que se necesita, está yendo marcha atrás”, destacó la diputada haciendo foco en la crisis económica. Uno de los puntos que Vallejos le dio mayor importancia a la iniciativa presentada es que el  reparto de las propinas no será de forma individual de acuerdo a la atención que cada trabajador, sino que los ingresos adicionales “serán repartidos de forma semanal, equitativa y proporcional a las horas trabajadas, entre el conjunto de los trabajadores del establecimiento”. Y para compensar el nuevo aporte obligatorio establece que en caso de sancionarse la ley la prohibición para el negocio de incorporar un adicional en concepto de “cubiertos, uso de mesa, o cualquier servicio equivalente”.

El laudo fue suprimido en 1955 los militares que derrocaron a Perón y prohibieron casi todo lo que legisló y construyó el peronismo, y repuesto en 1973. Después, en 1976, la dictadura militar anuló nuevamente el derecho que habían adquirido los trabajadores gastronómicos.