En el marco de un proceso de tercerización de los archivos del Estado que viene realizando Cambiemos, el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley contrató una empresa vinculada a su padre Guillermo “Willy” Stanley para brindar un servicio de resguardo de archivos. Se trata de la firma AdeA Administradora de Archivos SA, que tras un llamado a licitación fue preadjudicada por tener la oferta más baja.

Según publicó ayer El Cronista, el 26 de mayo del año pasado era la fecha limite para que los oferentes se presentaran para brindar “un Servicio de Archivo Externo, Traslado de Documentación y Adquisición de Cajas para Archivo” en la cartera de Desarrollo Social. Se presentaron siete oferentes y quedaron tres tras un filtro que se dio a conocer el 8 de agosto. Entre esas tres empresas quedó AdeA Administradora de Archivos SA. Sin embargo, al otro día de ser preadjudicada, la compañía removió a su cúpula y Guillermo Stanley –ex Citibank durante el menemismo y hoy directivo en el Banco Macro– fue nombrado su director titular. De esa manera, el 31 de octubre del año pasado, AdeA y Desarrollo Social cerraron un acuerdo por $3.241.843,80.

En principio, desde el Ministerio aseguraron que no tenían conocimiento de la vinculación del padre de Stanley con AdeA. Por otra parte, la empresa tampoco fue registrada en la declaración jurada de conflictos de interés que debe firmar todo oferente en las licitaciones del Estado. Pero finalmente, desde la cartera señalaron que el 25 de abril de este año Guillermo Stanley renunció a su cargo, lo que significa que desde el recambio de la cúpula hasta la fecha de renuncia, la cartera de la ministra fue librando órdenes de pago a una empresa que tenía como directivo a su padre. 

Los Ministerios de Desarrollo, Trabajo y Ciencia; la Coneau (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) emplean los servicios de AdeA. La firma ya recaudó $15.487.157 en cinco contratos adjudicados entre mayo de 2017 y marzo de 2018, además de otro contrato, por $20.341.856, con la Superintendencia de Servicios de Salud.